Según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), la rentabilidad de los fondos de pensiones muestra una mejoría constante desde febrero de 2019, cuando alcanzó su punto más bajo desde 1997. Es difícil, sin embargo, crear confianza en el ahorro a largo plazo, sobre todo en un país donde solo uno de cada cuatro trabajadores puede aportar a su AFP.
Fue en enero de 2019 cuando los fondos de pensiones administrados por las empresas BBVA Previsión y Futuro de Bolivia, mejor conocidas por la sigla AFP, reportaron una rentabilidad promedio de apenas 1,48%; la misma fuente indica que, en abril de este año, esa rentabilidad había subido hasta 5,06%, muy lejos, sin embargo, de la obtenida en el momento cumbre: 18,6% en diciembre de 2002; desde entonces. hubo un repunte similar.
La importancia de la rentabilidad de los fondos de pensiones estriba no solo en que de ella depende la expectativa de una renta de vejez digna para quienes hoy son parte de la población económicamente activa, sino también, en parte, el funcionamiento del sistema financiero, pues apenas el 4% de los casi $us 21.000 millones que son administrados por las AFP son invertidos en el extranjero.
Irónicamente, la crisis derivada de la pandemia por el COVID- 19 ha provocado que las tasas de interés suban en el mercado financiero, lo cual explica el incremento de la rentabilidad y, al mismo tiempo, que gran parte de las personas que han aportado al fondo estén movilizadas desde hace al menos un año demandando la devolución de sus aportes, o al menos un porcentaje de éstos.
Fue cuando estaba recién posesionado en el cargo que el Presidente del Estado remitió a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley disponiendo la posibilidad de que quienes tuviesen Bs 100.000 o menos en sus cuentas individuales de las AFP retiren hasta el 15% de sus ahorros; la pugna política logró que el porcentaje que se puede retirar subiese a 20, pero también significó que desde entonces hasta ahora el trámite no haya avanzado nada.
Aunque en Chile y Perú ya se ha puesto a prueba idénticas medidas, un experto consultado por este diario afirma que no es buena idea retirar los aportes, pues quienes lo hagan perderían, por un lado, la fracción solidaria, que mejora las rentas más bajas, y por el otro no podrían gozar del seguro médico asociado con la condición de rentista; quienes exigen la devolución del dinero aportado sostienen que actualmente solo pueden aspirar a una renta de Bs 300.
Es evidente que la administración de ahorros de largo plazo tiene muchos matices que escapan a la comprensión de una persona común, lo cual no significa que sea aceptable dejar el debate únicamente en manos de “expertos”, pues incluso si éstos tienen razón, serán las mayorías movilizadas quienes provoquen la decisión final. Asegurar que más bolivianas y bolivianos accedan a una renta de vejez es el otro problema a resolver.