Desde muy antiguo el tema de la población es uno de los pilares de la administración de los grupos humanos. Conocer el número de habitantes de un determinado territorio es la base para gestionar un Estado. Sin embargo, no es un mero tema de números y estadísticas, sino de personas, del modo en que viven y de lo que se necesita para que todas y todos vivan bien.
De eso se trata el Día Mundial de la Población, que se conmemoró ayer. Poniendo ante los ojos de gobiernos y sociedad civil el estado de las cuestiones vinculadas a la población, se actualiza año a año un debate interminable sobre el modo de asegurar condiciones de vida dignas y un largo conjunto de derechos humanos a todas y todos los habitantes del mundo, meta cada vez más lejana a pesar de los innegables avances científicos, tecnológicos y normativos en gran parte del orbe, incuyendo Bolivia por supuesto.
Este año la Organización de las Naciones Unidas (ONU), responsable de este día por acuerdo de sus Estados miembros, ha puesto su énfasis, por una parte, en los efectos de la pandemia por el COVID-19 a un año y medio de su inicio, con especial énfasis en el efecto que tiene y tendrá en la vida de millones de mujeres, sometidas, como siempre, a toda clase de restricciones y violencias, agravadas por la crisis y las medidas de confinamiento.
Considérese, por ejemplo, que mientras hay países que se aprestan a declararse a salvo de la pandemia, gracias a que más del 70% de su población ya está vacunada, hay otros que todavía luchan por asegurar dosis a las que accederán recién en los siguientes meses; la OMS ha señalado la existencia de una suerte de apartheid vacunal. Igualmente, la ONU ha alertado que otros servicios médicos esenciales, como el acceso a salud sexual y reproductiva, tiene un gran impacto, especialmente para las mujeres, que acceden menos a los métodos de control de la natalidad y otras prestaciones necesarias para su bienestar.
Súmese a ello que, como se ha demostrado a lo largo de la historia moderna en tiempos de crisis como el que atraviesa el mundo de hoy, la participación de mujeres en la fuerza de trabajo se redujo de manera significativa: se eliminaron sus empleos, a menudo de bajos salarios, o aumentaron las responsabilidades de cuidar de niñas y niños que aprenden a distancia o de personas mayores que viven en casa, “lo cual desestabilizó su situación económica de manera inmediata, pero también a largo plazo”, dice un comunicado de la ONU.
Los tiempos que corren demandan nuevas políticas, pero, advierte la ONU, éstas no deben ser “políticas reaccionarias”, es decir contrarias a los derechos de grupos y poblaciones, lo cual implica un principio indiscutible, pero exigencias adversas para los estados afectados por las crisis. Pensar en la población, pues, es mucho más que contar personas y viviendas: es encontrar las mejores soluciones a sus problemas, lo cual pocas veces es fácil de lograr.