Opinión

lunes 26 jul 2021 | Actualizado a 01:11

Mujeres invisibles

Según el informe para Bolivia, solo el 18%de las noticias tiene a una mujer como protagonista.

Por La Razón

/ 21 de julio de 2021 / 00:47

Los mecanismos de monitoreo del avance de las mujeres en el mundo se han multiplicado en las últimas dos décadas y gracias a ello la precisión de investigaciones e informes al respecto no hizo más que aumentar; lo malo es que los datos muestran algunos, a veces tímidos, avances, pero mucho estancamiento en las cuestiones que determinan la situación de sometimiento al patriarcado.

Uno de ellos, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP, por su nombre en inglés), es la investigación más extensa y de mayor duración del mundo sobre género en los medios de comunicación; comenzó en 1995 y cada cinco años monitorea, el mismo día en todo el mundo, las noticias para dar cuenta de cuántas mujeres aparecen en las noticias y cómo, además del número de mujeres que trabajan en los medios produciendo esas noticias.

Bolivia ha participado en todos los estudios, excepto en 2005, y el monitoreo de 2020, realizado el 29 de septiembre, no fue la excepción. Días atrás se ha presentado el informe completo de la investigación y sendos informes locales para los 116 países que participaron del esfuerzo. Los datos que arroja el trabajo en Bolivia, realizado por un equipo de voluntarias y voluntarios del Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo (SECRAD) de la Universidad Católica Boliviana, no son para alegrarse.

Según el informe para Bolivia, el monitoreo muestra que “se mantiene la invisibilización y discriminación de la mujer en los medios de difusión (periódicos, radios, televisión, plataformas digitales y Twitter)”: solo el 18% de las noticias tiene a una mujer como protagonista; también se ha descubierto que la presencia de mujeres en las noticias “disminuyó en temas políticos e incrementó visiblemente en cuanto a información social, económica, sobre ciencia, salud, deporte y farándula”; finalmente, se observó que persiste en los contenidos “el carácter estereotipado y doméstico de la mujer como ama de casa, madre de familia y bajo un modelo occidental de belleza femenina (mujer alta y esbelta)”.

Considerando que en las facultades de comunicación de las universidades bolivianas casi dos de cada tres estudiantes son mujeres, llama la atención, también, que la proporción se invierte en las salas de redacción: solo una de cada tres periodistas es mujer. El dato, que no es menor, puede ayudar a dar cuenta de por qué es tan difícil cambiar el modo en que se procesa la información excluyendo a las mujeres que pueden ser protagonistas o fuentes.

La importancia de estudios como el que se comenta radica menos en confirmar una y otra vez la existencia de techos de cristal o la dificultad de moverlos y más en la llamada de atención que eso significa para quienes hacemos periodismo e interpretamos la realidad. Mientras no eliminemos la sistemática invisibilización de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, pocos avances habrá para reportar. Es un gran desafío y lo asumimos en esta redacción.

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Censo 2022

En varios gobiernos subnacionales ya sacaron la calculadora para saber cuánto dinero extra recibirán.

Por La Razón

/ 26 de julio de 2021 / 00:44

Días atrás, el Gobierno aprobó un decreto supremo que declara prioridad la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, estableciendo que el megaoperativo de conteo de población será el 16 de noviembre. En varios gobiernos municipales y departamentales ya sacaron la calculadora para saber cuánto dinero extra recibirán o cuántos nuevos diputados les representarán.

Fue meses atrás, cuando el director del Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció que los trabajos preparatorios para el censo estaban retrasados y que el operativo no podría realizarse antes de 2024, que se encendieron las alarmas en algunos departamentos; el principal fue Santa Cruz, donde el Comité Cívico, convertido en una suerte de poder paralelo a la Asamblea Legislativa Departamental, realizó sus habituales amenazas contra el Gobierno y, de ser necesario, contra la democracia.

Pero no fueron los únicos, en La Paz, El Alto y Santa Cruz de la Sierra también hacen sumas y restas para saber qué pueden ganar esas ciudades. Tras conocerse la determinación del Gobierno, la Alcaldesa alteña anunció que el nuevo censo permitirá saber cuántas personas viven en su ciudad y mejorar, junto con los ingresos, la oferta se servicios públicos; el Alcalde cruceño hizo declaraciones idénticas y el de La Paz no se quedó atrás.

Estos tres alcaldes, y seguramente muchos otros en todo el país, han decidido apostar su estabilidad y sus promesas de desarrollo urbano y humano a la realización de un evento dentro de un año y cuatro meses, cuyos resultados todavía tardarán en conocerse luego del operativo y que apenas si proporcionarán bases para comenzar a discutir la reasignación de diputaciones y, sobre todo, la coparticipación tributaria, suerte de santo grial para los gobiernos municipales aquejados por la crisis.

Olvidan sin embargo quienes están realizando cálculos para adivinar el ingreso extra que les correspondería, que el censo y los resultados que arroje sirven para mucho más que plantear ajustes excluyentes en la representación parlamentaria o llenar las arcas públicas: sirve para diseñar, ajustar e implementar toda clase de políticas públicas ya no sobre la base de buenas intenciones o promesas demagógicas, sino sobre un conocimiento más apropiado del número de habitantes del país y, sobre todo, de las condiciones en que viven.

Hay, pues, un reto enorme detrás del anuncio de la realización del Censo 2022; no se trata tanto de organizar el trabajo de levantamiento de datos, la tarea más difícil de la fase preparatoria, sino sobre todo de crear las condiciones para que el necesario debate nacional sobre la distribución de recursos no caiga en posiciones maximalistas, mutuamente excluyentes y basadas en cálculos de suma cero. La clase política boliviana ha dado numerosas muestras de su incapacidad para imaginar un país más incluyente, por lo que tocará a la sociedad civil aportar en esa dirección; ojalá sea posible.  

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Escaños ‘traidores’

El reto principal de la adecuación estatutaria es la adopción de mecanismos democráticos y paritarios en la estructura interna.

Por La Razón

/ 24 de julio de 2021 / 23:25

A pocos días del Congreso del MAS-IPSP, convocado para el 4 de agosto luego de haberse postergado por la pandemia, el jefe del partido político oficialista, Evo Morales, anunció que se implementarán medidas “contra los traidores”. No es la primera vez que lo dice. Si bien la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) regula el transfugio político, no menciona la figura de “traición”.

Más allá de las evaluaciones y ajustes de cuentas que seguramente serán objeto del encuentro masista en su máxima instancia decisoria, lo sustantivo tiene que ver con la reforma de sus documentos constitutivos, en especial el estatuto orgánico, a fin de adecuarse a las disposiciones de la Ley de Organizaciones Políticas. Todas las organizaciones políticas deben hacerlo, por mandato legal, hasta el 31 de diciembre. Y en ello el MAS-IPSP lleva la delantera a los otros nueve partidos reconocidos en el país.

El reto principal de la adecuación estatutaria es la adopción de mecanismos democráticos y paritarios en la estructura interna. Ello alcanza a la elección de sus dirigencias; la nominación de candidaturas, representaciones y delegaciones; la toma de decisiones orgánicas. Incluye asimismo la definición de derechos y deberes de los militantes. Y también el establecimiento de faltas y sanciones, que deben guardar proporcionalidad y ser tratadas en una instancia específica, como un Tribunal de Ética.

¿La adecuación a las disposiciones de la LOP incluye la sanción del transfugio político, que en el caso de los representantes electos puede significar quedarse sin curul? Al respecto, la ley establece con claridad que todos los puestos de representación obtenidos en una elección “corresponden a la organización política”. No es algo extraño en la legislación comparada. El problema son los criterios e instancias para determinar el transfugio de un representante y, en consecuencia, la pérdida de su escaño.

Hay tres causas legales para incurrir en transfugio político. La primera es cuando un representante electo asume una militancia distinta. La segunda es cuando declara públicamente su independencia respecto a la organización que lo postuló. Y la tercera es cuando asume una posición política contraria a la declaración de principios, la plataforma programática y/o el programa de gobierno de la organización con la cual fue electo. Es verificable en los dos primeros casos y más bien subjetivo en el tercero.

En su estatuto orgánico, el MAS-IPSP establece que cualquier transfugio debe ser denunciado para recuperar el curul a favor del partido. Al parecer por ahí van las medidas disciplinarias anunciadas por Morales “para los traidores”. Si bien todos los partidos adoptan acciones orgánicas para cuidar la disciplina interna, es fundamental que no se confunda la normal y a veces necesaria diversidad de visiones dentro de una organización política, lo cual hace a su democracia interna, con disidencia o “traición”.

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Nueva política de tierra

El porcentaje de tierra que falta sanear es posiblemente la que presenta mayores conflictos.

Por La Razón

/ 24 de julio de 2021 / 01:35

La cuestión de la tierra está generando nuevamente conflictos políticos, particularmente en el departamento de Santa Cruz. Sería un error enfrentar estos problemas sin considerar los importantes cambios en la estructura de la tenencia y la seguridad jurídica de la tierra que ya se han producido en el país en los últimos años. Hay un nuevo escenario al cual se debe responder con ideas renovadas.

A veces hay conflictos recurrentes que dan la impresión de que nada habría cambiado en el país. Los conflictos por la tierra podrían caer en esa categoría. En las últimas semanas, se ha desatado una aguda controversia entre el oficialismo y las fuerzas que apoyan al gobernador de Santa Cruz en torno a esa cuestión. Se habla de avasallamientos o de ausencia de seguridad jurídica, por un lado, mientras en el otro se llama a una férrea defensa de la política de redistribución de la tierra. Discursos que se parecen a los que se escuchaban allá por 2000 o en los años del conflicto autonómico de 2007-2008.

Sin embargo, este zafarrancho se produce en un contexto profundamente transformado por más de 10 años de aplicación de una política de saneamiento de tierras que ha logrado avances innegables: en 2008 faltaba sanear casi el 70% de la tierra en Santa Cruz, hoy en día solo falta titular el 10% en esa región. A nivel nacional, la superficie saneada y titulada sería del 87%.

Por otra parte, los datos contradicen la idea de que ese proceso habría sido injusto: el 28% de las tierras fueron atribuidas a campesinos e interculturales, el 27% a comunidades indígenas, el 15% a empresarios medianos y el 30% serían tierras fiscales. No únicamente se ha beneficiado a sectores tradicionalmente olvidados por el Estado, sino que también se ha dado seguridad jurídica al sector agroempresarial que obtuvo títulos por cerca de 13,6 millones de hectáreas. Es decir, las razones objetivas de los conflictos en ese sector se han reducido gracias a una acción institucional y pacífica que ha favorecido, dentro de lo que cabe, a todos los sectores.

Por supuesto, eso no quiere decir que no hay problemas. El porcentaje de tierra que falta sanear es posiblemente la que presenta mayores conflictos. Pero, dado su reducido número y su focalización en ciertas zonas, la respuesta parece tener que ver más con reforzar la capacidad institucional del INRA y de las instituciones locales para resolver las controversias caso por caso, en terreno, que con grandes gesticulaciones y discursos políticos.

Los verdaderos desafíos de largo plazo en este ámbito están por otro lado: en mecanismos para garantizar un uso sostenible de esas tierras por productores y comunidades, en el establecimiento de modernos sistemas de catastro o en la ineludible tarea de repensar a partir de esa nueva realidad el ordenamiento territorial de grandes zonas del país.   

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Bolivia (no) Verifica

Preocupa que Bolivia Verifica se haya apresurado a declarar que la carta del general Terceros es ‘falsa’.

Por La Razón

/ 23 de julio de 2021 / 01:28

A reserva de cómo evolucionen las investigaciones acerca del material antidisturbios que llegó al país desde Argentina un día después de la autoproclamación presidencial de Áñez, hay la necesidad de un debate sustantivo sobre la veracidad (o falsedad) de los hechos y sus evidencias. En ello, la plataforma Bolivia Verifica cometió un error lamentable que lastima su credibilidad.

En conferencia de prensa, el canciller Rogelio Mayta difundió una carta, de fecha 13 de noviembre, en la que el comandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros agradece al embajador argentino en Bolivia por el envío de “material bélico de agentes químicos” (sic). Y acusa recibo. Para entonces, junto con el Alto Mando, Terceros había puesto su cargo a disposición de Áñez. La carta tiene sello de recepción del 15 de noviembre. Con esa carta, Mayta acusó al gobierno de Macri de haber apoyado la represión.

Mayta hizo pública una carta sin haber contrastado previamente información para verificar su autenticidad. Es un acto de ligereza estatal. Ahora sabemos, ex post, que la carta de marras consta en los archivos de la Fuerza Aérea Boliviana, hay confirmación del diplomático argentino que la recibió y que las armas en efecto llegaron al país. Al respecto, hay una denuncia formal en Argentina contra Macri y los suyos. Del otro lado está el abogado defensor de Terceros, asegurando que la carta es apócrifa.

Más allá del debate político, la precocidad del Canciller y el oportunismo del abogado defensor, preocupa que un muy valioso medio digital como Bolivia Verifica, creado hace más de dos años para verificar noticias y “luchar contra la desinformación”, se haya apresurado a declarar que la carta del general Terceros es “falsa”. La evidencia para esa calificación es tan endeble (el abogado como fuente principal) que la propia Bolivia Verifica tuvo el buen tino de rectificar y “retirar la categoría de falso”.

El problema son los efectos, en especial dos de ellos. El primero es que con el aval de Bolivia Verifica, que en general hace un gran y apreciable trabajo, los operadores mediáticos de la oposición asumieron como “verdad” que la carta es “falsa”. Y lo difundieron ampliamente. No ocurrió lo mismo con la rectificación, asumida tímidamente por esos mismos medios. Es decir, se aprovechó el error de verificación para manejar políticamente la agenda informativa en la disputa de relatos que hoy polarizan el país.

El otro efecto tiene que ver con Bolivia Verifica. El precoz veredicto, sin suficiente contrastación de fuentes, en un asunto sensible y altamente politizado como la carta, tiene un costo en credibilidad. De ahí la interrogante, más allá de versiones interesadas sobre filiación política y fuentes de financiamiento de la plataforma, sobre quién verifica el trabajo de los verificadores de noticias falsas. Ojalá este excepcional traspié contribuya a cuidar la calidad del trabajo periodístico y sus verificaciones.

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Montañas de plástico

Los esfuerzos por reusar y reciclar el plástico deben ser acompañados de constantes mensajes educativos.

Por La Razón

/ 19 de julio de 2021 / 00:38

Aun año y cuatro meses de iniciada la pandemia por el virus COVID-19, la vida social se ha transformado en todo el mundo, y Bolivia no es la excepción; lo que a inicios de 2020 era apenas una tendencia hoy es parte de la vida cotidiana, desde los modos de consumo y de circulación del dinero, pasando por los servicios de entrega a domicilio, hasta los mayores volúmenes de desperdicio.

Cierto es que el salto a las formas digitales de la economía llevaba algo de retraso en el mercado boliviano, más a causa de la poca confianza que el sistema inspiraba en personas acostumbradas a manejar el dinero en efectivo que por falta de ofertas de toda clase para hacer transacciones bancarias y toda clase de intercambios comerciales, y por tanto la necesidad de reducir al mínimo el contacto entre personas al momento de la compraventa favoreció a la introducción de nuevos servicios financieros.

Así también ocurrió con la venta de bienes y servicios, que antes obligaba a la clientela a visitar el comercio en persona; luego de la cuarentena rígida el que más y el que menos hace compras a través de las aplicaciones de su teléfono inteligente; no pocos negocios que supieron adecuarse a las nuevas circunstancias remontaron la crisis con más o menos éxito; y muchos más fueron los negocios emergentes que despegaron viajando en las espaldas de repartidores en motocicleta.

Pero todo ese intercambio vino acompañado de un creciente uso de envases de plástico, envoltorios de película plástica y bolsas de todo tamaño y color, también de plástico. Así, si durante la primera ola de la pandemia, cuando el confinamiento forzoso obligó a muchas personas a depender de las entregas de alimentos en envases envueltos y embolsados, solo en la ciudad de La Paz se produjo casi 11 toneladas de plásticos en apenas dos meses, mayo y julio de 2020; en la tercera ola, casualmente durante los mismos meses de 2021, se produjo casi 20 toneladas de desperdicios plásticos.

El incremento de 85% en la cantidad de desechos plásticos que se produce en la ciudad es un peligro para el medio ambiente, pues indica que la conciencia ambiental respecto de los desechos plásticos, si alguna vez la hubo, está en franco retroceso. Más graves que las consecuencias morales en la sociedad, son las que se producirán en el ambiente, dado que todo plástico tiene un proceso de descomposición extremadamente lento.

El Gobierno Municipal tiene en funcionamiento algunas iniciativas para clasificar, separar, aprovechar y reciclar los residuos plásticos, particularmente los livianos como botellas PET y otros envases desechables, lo mismo que algunas fábricas de objetos plásticos y de PVC, pero de seguro son insuficientes para lidiar con las montañas de plásticos que se generan diariamente. Los esfuerzos por reusar y reciclar el plástico deben ser acompañados de constantes mensajes educativos que pongan freno a la cultura del desperdicio.

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