Opinión

viernes 24 sep 2021 | Actualizado a 14:44

Censo 2022

En varios gobiernos subnacionales ya sacaron la calculadora para saber cuánto dinero extra recibirán.

Por La Razón

/ 26 de julio de 2021 / 00:44

Días atrás, el Gobierno aprobó un decreto supremo que declara prioridad la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, estableciendo que el megaoperativo de conteo de población será el 16 de noviembre. En varios gobiernos municipales y departamentales ya sacaron la calculadora para saber cuánto dinero extra recibirán o cuántos nuevos diputados les representarán.

Fue meses atrás, cuando el director del Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció que los trabajos preparatorios para el censo estaban retrasados y que el operativo no podría realizarse antes de 2024, que se encendieron las alarmas en algunos departamentos; el principal fue Santa Cruz, donde el Comité Cívico, convertido en una suerte de poder paralelo a la Asamblea Legislativa Departamental, realizó sus habituales amenazas contra el Gobierno y, de ser necesario, contra la democracia.

Pero no fueron los únicos, en La Paz, El Alto y Santa Cruz de la Sierra también hacen sumas y restas para saber qué pueden ganar esas ciudades. Tras conocerse la determinación del Gobierno, la Alcaldesa alteña anunció que el nuevo censo permitirá saber cuántas personas viven en su ciudad y mejorar, junto con los ingresos, la oferta se servicios públicos; el Alcalde cruceño hizo declaraciones idénticas y el de La Paz no se quedó atrás.

Estos tres alcaldes, y seguramente muchos otros en todo el país, han decidido apostar su estabilidad y sus promesas de desarrollo urbano y humano a la realización de un evento dentro de un año y cuatro meses, cuyos resultados todavía tardarán en conocerse luego del operativo y que apenas si proporcionarán bases para comenzar a discutir la reasignación de diputaciones y, sobre todo, la coparticipación tributaria, suerte de santo grial para los gobiernos municipales aquejados por la crisis.

Olvidan sin embargo quienes están realizando cálculos para adivinar el ingreso extra que les correspondería, que el censo y los resultados que arroje sirven para mucho más que plantear ajustes excluyentes en la representación parlamentaria o llenar las arcas públicas: sirve para diseñar, ajustar e implementar toda clase de políticas públicas ya no sobre la base de buenas intenciones o promesas demagógicas, sino sobre un conocimiento más apropiado del número de habitantes del país y, sobre todo, de las condiciones en que viven.

Hay, pues, un reto enorme detrás del anuncio de la realización del Censo 2022; no se trata tanto de organizar el trabajo de levantamiento de datos, la tarea más difícil de la fase preparatoria, sino sobre todo de crear las condiciones para que el necesario debate nacional sobre la distribución de recursos no caiga en posiciones maximalistas, mutuamente excluyentes y basadas en cálculos de suma cero. La clase política boliviana ha dado numerosas muestras de su incapacidad para imaginar un país más incluyente, por lo que tocará a la sociedad civil aportar en esa dirección; ojalá sea posible.  

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Mercado de la coca

Toca hacer los máximos esfuerzos por hallar un punto de encuentro y acuerdo entre los bandos cocaleros.

Por La Razón

/ 24 de septiembre de 2021 / 01:51

El martes último se ha producido una nueva batalla campal por el control del mercado legal de hoja de coca en La Paz. En los últimos años han sido numerosos los enfrentamientos entre bandos que pugnan por controlar la institución cocalera, pero esta vez fue diferente: ya no son dos, sino cuatro los dirigentes que desean controlar el negocio, y un periodista sufrió agresión policial.

Fue a mediados de 2018 que una emboscada cerca de La Asunta terminó con un teniente de policía muerto; inmediatamente las autoridades de gobierno culparon al máximo dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, de ser el autor intelectual del enfrentamiento y responsable del saldo fatal; pocas semanas después fue detenido. Meses antes, el dirigente había anunciado su deseo de ser candidato presidencial en las elecciones de octubre de 2019.

Dado el vacío de poder, otra dirigente yungueña, supuestamente afín al gobierno del MAS, intentó hacerse con la presidencia de Adepcoca, pretensión que fue resistida por cocaleros afines al dirigente encarcelado. Los enfrentamientos se repitieron una y otra vez, a menudo empleando violencia y, casi siempre, dinamita. Finalmente, ante la imposibilidad de establecer su dominio sobre el edificio ubicado en Villa Fátima, sede del mercado donde se comercia legalmente la hoja de coca, pretendió, a mediados de 2019, transformar la clínica del gremio en una suerte de mercado paralelo, con tácita aprobación gubernamental.

Gutiérrez recuperó su libertad en noviembre de 2019, al igual que muchos dirigentes y líderes políticos que fueron liberados tras el ascenso de Jeanine Áñez a la presidencia. Entonces comenzó una nueva ola de enfrentamientos por el control de la institución y, sobre todo, del codiciado mercado legal. A inicios de 2020, el dirigente anunció que declinaba su pretensión de ser candidato presidencial, supuestamente con el propósito de permitir una candidatura de consenso capaz de hacer frente al candidato del MAS.

A fines de 2020, un frustrado intento de elecciones para la presidencia de Adepcoca dejó ya no solo a los dos dirigentes enfrentados, sino a otros dos más, uno de los cuales decidió nombrarse a sí mismo en el puesto, ampliando y profundizando el conflicto, lo cual explica que en la refriega del martes hayan participado cuatro bandos, además de la fuerza policial, que sin razón aparente agredió y arrestó por unas horas a un periodista del matutino Página Siete, causando justificada indignación en los gremios periodísticos y las instituciones de Derechos Humanos.

Queda ahora la duda de cómo resolverá el Gobierno el entuerto creado en la única institución legalmente habilitada para comercializar la polémica hoja, así como inquietud sobre lo que significa para las y los periodistas lo ocurrido con el colega. Toca hacer los máximos esfuerzos por hallar un punto de encuentro y acuerdo entre los bandos cocaleros. Pero también toca garantizar, en los hechos y no solo en palabras, la seguridad de quienes deben hacer noticias sobre el tema.

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Rentas vitalicias

Estas rentas son demasiado importantes como para dejarlas libradas a la hipocresía y la maledicencia selectiva.

Por La Razón

/ 22 de septiembre de 2021 / 02:11

Desde mayo de 2013, la Ley 376 establece un reconocimiento pecuniario a los ciudadanos que ejercieron la presidencia y vicepresidencia constitucional del Estado. Con ocho años de retraso, algunos operadores mediáticos de la oposición descubrieron que un expresidente tiene derecho legal al beneficio. En su momento, el asunto fue objeto de debate político y hubo decisión legislativa.

La mencionada Ley 376 otorga un reconocimiento pecuniario equivalente a 10 salarios mínimos mensualmente a favor de los expresidentes y exvicepresidentes del Estado. El beneficio se recibe de manera vitalicia. Para acceder al mismo, es necesario hacer una solicitud formal ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El único requisito es un documento oficial que certifique el periodo correspondiente de ejercicio del mandato constitucional. Parece un trámite sencillo.

Con este aval legal, los expresidentes y exvicepresidentes constitucionales que hayan realizado la solicitud reciben mensualmente el beneficio. Sería el caso de Jaime Paz Zamora, Jorge Quiroga, Carlos Diego Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé, Evo Morales, Víctor Hugo Cárdenas y Álvaro García Linera (los otros expresidentes y exvicepresidentes constitucionales han fallecido y uno fugó del país). Cada uno de ellos puede decidir libremente si accede al reconocimiento pecuniario y cómo lo utiliza.

Así pues, resulta curioso que algunos operadores mediáticos del campo opositor cuestionen el derecho que tiene un expresidente constitucional, como Evo Morales, de acogerse al beneficio. Y hagan “noticia” de ello. Cierto que Morales declaró en 2007 que no iba a “percibir ningún salario” cuando abandone Palacio de Gobierno, pero hay una ley vigente desde 2013 que dispone el beneficio. Y lo que haga el expresidente con su renta, como donarla o no para ollas populares, es decisión propia.

Por otra parte, se cuestiona que la expresidenta del régimen provisorio, Jeanine Áñez, no reciba el reconocimiento pese a haberlo solicitado. Al parecer no tiene forma de acreditar su condición de “expresidenta constitucional” luego de su autoproclamación en noviembre de 2019 ante una Asamblea Legislativa sin quórum. Es evidente también que el actual Ministerio de la Presidencia difícilmente otorgará la certificación requerida al considerar que el derrocamiento de Morales fue resultado de un golpe.

Más allá de la obsesión que provoca Evo Morales en algunos actores opositores, el reconocimiento pecuniario para los expresidentes y exvicepresidentes constitucionales debiera ser objeto de información pública y transparente. Al ser un asunto de interés público e implicar el uso de recursos del Tesoro General, por supuesto también debe ser objeto de deliberación en cualquier momento. Las rentas vitalicias son demasiado importantes como para dejarlas libradas a la hipocresía y la maledicencia selectiva.

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Celac versus OEA

El tema principal fue la crítica a la OEA y la consideración de la necesidad de reemplazar al organismo hemisférico.

Por La Razón

/ 20 de septiembre de 2021 / 01:06

La semana pasada se ha realizado en México la cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde una vez más el tema principal fue la crítica a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la consideración de la necesidad de reemplazar al organismo hemisférico. La existencia de la Celac es evidencia de la voluntad de hacerlo, pero no será fácil.

Previsiblemente, los más vocales en contra de la OEA y su Secretario General fueron los altos dignatarios de Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, todos ellos cuestionados por el organismo multilateral con sede en Washington, EEUU. El caso de Bolivia y el triste papel que desempeñó la misión de observación electoral en octubre de 2019 ocupó gran parte del debate en la plenaria, precisamente por ser el más reciente caso de injerencia con efectos en la política interna del país.

También se habló del modo en que las resoluciones de la OEA han afectado sistemáticamente a Cuba desde hace décadas; de hecho, la creación de la Celac hace poco más de un lustro estuvo inspirada en permitir una actuación plena del Estado cubano y excluir a EEUU y Canadá por tener tan pocas coincidencias con los países latinoamericanos y caribeños, en materia de desarrollo económico, pero también ideológicas.

En el caso de países como Venezuela, Nicaragua y El Salvador, la resistencia a la OEA tiene que ver con las críticas que la Asamblea General viene haciendo al modo en que se están transformando y recortando las prácticas democráticas. En Venezuela, la situación llegó a tal punto que un político opositor sin mandato popular fue reconocido como “Presidente en funciones”, pese a que nunca desempeñó actividades de mandatario.

En Nicaragua y El Salvador, la cosa es un poco diferente: en ambos países los presidentes están haciendo importantes esfuerzos por asegurar su continuidad en el poder, incluso si ello requiere transformar la Constitución Política, o al menos ignorar sus mandatos, así como recortar derechos civiles y políticos, a menudo de manera violenta, como viene sucediendo en Nicaragua, donde los líderes opositores han sido encarcelados en nombre de una discutible ley contra el terrorismo y la sedición.

Los presidentes de Uruguay y Paraguay fueron los encargados de poner estas cuestiones sobre la mesa de debate, cuestionando severamente la falta de libertades en Cuba y Venezuela, al extremo de que el Presidente venezolano retó a ambos a sostener debates públicos sobre democracia en el continente, aunque evidentemente es poco probable que tal cosa suceda.

La Celac tiene, pues, el enorme reto de convertirse en un organismo multilateral que recoja, como hizo la OEA en 1948, las ambiciones de paz y prosperidad de sus Estados miembros, así como visiones compartidas sobre derechos humanos y democracia. No será fácil, ni mucho menos rápido, pero tal vez sea posible que con voluntad política emerjan condiciones para su consolidación.

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Enjuiciar a Áñez

Los intereses políticos y cauces judiciales deben ceder paso al imperativo de la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Por La Razón

/ 19 de septiembre de 2021 / 00:31

La demora e incertidumbre sobre los juicios contra la expresidenta del régimen provisorio Jeanine Áñez expresan no solo disputas entre el MAS-IPSP y la oposición, sino también divergencias internas en el oficialismo. Así, mientras las fuerzas opositoras ponen condiciones, en el masismo discuten los caminos. La necesaria reconciliación depende del curso que sigan estos procesos.

A estas alturas, parece claro que el caso Golpe, que se tramita por la vía ordinaria, permitió al oficialismo ganar tiempo en tanto se preparaban las condiciones para un juicio de responsabilidades. Áñez y los suyos están acusados por seis delitos penales: terrorismo, sedición, conspiración en el grado de complicidad, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y anticipación y prolongación de funciones. Nada menos. Como sea, el dato inequívoco es la decisión de enjuiciarlos.

Más allá de cómo avance, en la cuestionada justicia, el caso vinculado a la ruptura del orden constitucional de noviembre de 2019, y sus narrativas irreconciliables, la cuestión crítica hoy son los juicios de responsabilidades. ¿El MAS-IPSP mantendrá su decisión inicial de enjuiciar a Áñez conforme al procedimiento establecido para una expresidenta? Si así fuese, ¿logrará un acuerdo político con las alianzas opositoras (CC y Creemos) para conseguir la mayoría especial requerida en la Asamblea Legislativa?

Al respecto, un dato importante es que las proposiciones acusatorias contra Áñez forman parte de un grupo amplio de juicios de responsabilidades, algunos pendientes desde hace casi dos décadas. Así, aparte de los cuatro procesos contra Áñez (crédito FMI, decreto contra la libertad de expresión, Fundempresa y masacres de Sacaba y Senkata), hay otros veinte juicios ya encaminados, incluido el polémico caso Quiborax contra el expresidente Mesa. Se espera un acuerdo sobre todos ellos. Parece difícil.

Claro que la decisión principal está en la cancha del oficialismo, donde hay criterios divergentes. Mientras unos, como el titular del Ministerio de Justicia, impulsan los juicios de responsabilidades contra la expresidenta provisoria; otras personas, como el exministro Romero y la misma denunciante Lidia Patty, aseguran que no corresponde un juicio de privilegio contra Áñez, pues implicaría reconocer su presidencia de facto. La alternativa es enjuiciarla por la vía ordinaria, como ya ocurre con el caso Golpe.

En tal escenario, que requiere prontas decisiones políticas del oficialismo y de la oposición, el camino de reconciliación y reencuentro que espera el país pasa por investigar, enjuiciar con debido proceso y sancionar a todos los responsables de la vulneración masiva de derechos humanos del período septiembre-diciembre 2019, conforme a las recomendaciones del Informe del GIEI. Los intereses políticos y cauces judiciales deben ceder paso al imperativo de verdad, justicia, reparación y no repetición.

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Una cruzada educativa

No basta con impulsar el retorno a la nueva normalidad de los procesos de educación en todo el país.

Por La Razón

/ 18 de septiembre de 2021 / 01:35

Ya se va acabando el año escolar y parece pertinente empezar a pensar en la manera de ir reparando los graves daños que ha producido en la niñez y juventud del país la imposibilidad de realizar clases presenciales debido a la pandemia. No es suficiente con anunciar la normalización de los procesos de aprendizaje, también se trata de plantear algo novedoso y enérgico para recuperar lo que se ha perdido en estos casi dos años.

Aunque durante la gestión 2021 se han hecho esfuerzos loables por mejorar la prestación de servicios educativos pese a que persiste en el país el riesgo de la pandemia, apenas un porcentaje reducido de establecimientos ha retornado a algún esquema con un grado significativo de presencialidad. La mayor parte de estudiantes ha continuado cumpliendo el año escolar en clases virtuales o en un esquema semipresencial limitado.

Por otro lado, si bien la tecnología ha mejorado mucho desde el inicio de la pandemia y las capacidades de padres, docentes y estudiantes se han ido adaptando al nuevo sistema de aprendizaje a distancia, lo cierto es que las barreras y desigualdades ligadas a estos nuevos métodos siguen siendo inmensas.

El problema no es únicamente que muchos ciudadanos no tienen suficientes recursos para adquirir dispositivos adecuados para la educación virtual o poder financiar el costo del acceso a servicios de internet con velocidades razonables. El gran problema es que estas diferencias están sembrando gravísimas desigualdades en la calidad del aprendizaje. Tampoco es una novedad que, sin un apoyo permanente de la familia, que no todos pueden garantizar, la formación a distancia se hace cuesta arriba para un número preocupante de estudiantes.

Así las cosas, lo dramático es que la educación no presencial sin condiciones adecuadas está ampliando para el futuro de manera radical las desigualdades entre el conjunto de los bolivianos. El aprovechamiento y la calidad de aprendizaje no son los mismos cuando se utiliza un celular para conectarse a las clases y el apoyo de los padres es escaso porque éstos deben dedicarse a sus actividades económicas, que cuando se cuenta con varias herramientas para esos propósitos, incluyendo computadoras y pantallas inteligentes, y un constante apoyo de la familia.

En consecuencia, no basta con impulsar el retorno a la nueva normalidad de los procesos de educación en todo el país, el Estado debería preocuparse también por resolver las groseras distancias de oportunidades en un futuro cercano. Hay muchos niños y jóvenes que ya acumulan significativas desventajas frente a otros, solo por sus condiciones socioeconómicas. La prioridad debería ser achicar esas brechas, intentar recuperar el tiempo perdido. Las pistas que saltan a la vista tienen que ver con la innovación en metodologías, la planificación de un programa novedoso de recuperación focalizado en los estudiantes que más se han rezagado, la movilización de todos los recursos y la convocatoria a una gran cruzada nacional para hacerlo realidad. Lo que está en juego es el futuro de nuestras hijas e hijos.

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