Días atrás, el Gobierno aprobó un decreto supremo que declara prioridad la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, estableciendo que el megaoperativo de conteo de población será el 16 de noviembre. En varios gobiernos municipales y departamentales ya sacaron la calculadora para saber cuánto dinero extra recibirán o cuántos nuevos diputados les representarán.
Fue meses atrás, cuando el director del Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció que los trabajos preparatorios para el censo estaban retrasados y que el operativo no podría realizarse antes de 2024, que se encendieron las alarmas en algunos departamentos; el principal fue Santa Cruz, donde el Comité Cívico, convertido en una suerte de poder paralelo a la Asamblea Legislativa Departamental, realizó sus habituales amenazas contra el Gobierno y, de ser necesario, contra la democracia.
Pero no fueron los únicos, en La Paz, El Alto y Santa Cruz de la Sierra también hacen sumas y restas para saber qué pueden ganar esas ciudades. Tras conocerse la determinación del Gobierno, la Alcaldesa alteña anunció que el nuevo censo permitirá saber cuántas personas viven en su ciudad y mejorar, junto con los ingresos, la oferta se servicios públicos; el Alcalde cruceño hizo declaraciones idénticas y el de La Paz no se quedó atrás.
Estos tres alcaldes, y seguramente muchos otros en todo el país, han decidido apostar su estabilidad y sus promesas de desarrollo urbano y humano a la realización de un evento dentro de un año y cuatro meses, cuyos resultados todavía tardarán en conocerse luego del operativo y que apenas si proporcionarán bases para comenzar a discutir la reasignación de diputaciones y, sobre todo, la coparticipación tributaria, suerte de santo grial para los gobiernos municipales aquejados por la crisis.
Olvidan sin embargo quienes están realizando cálculos para adivinar el ingreso extra que les correspondería, que el censo y los resultados que arroje sirven para mucho más que plantear ajustes excluyentes en la representación parlamentaria o llenar las arcas públicas: sirve para diseñar, ajustar e implementar toda clase de políticas públicas ya no sobre la base de buenas intenciones o promesas demagógicas, sino sobre un conocimiento más apropiado del número de habitantes del país y, sobre todo, de las condiciones en que viven.
Hay, pues, un reto enorme detrás del anuncio de la realización del Censo 2022; no se trata tanto de organizar el trabajo de levantamiento de datos, la tarea más difícil de la fase preparatoria, sino sobre todo de crear las condiciones para que el necesario debate nacional sobre la distribución de recursos no caiga en posiciones maximalistas, mutuamente excluyentes y basadas en cálculos de suma cero. La clase política boliviana ha dado numerosas muestras de su incapacidad para imaginar un país más incluyente, por lo que tocará a la sociedad civil aportar en esa dirección; ojalá sea posible.