Un reciente reportaje de este diario ha revelado que Guayaramerín, ciudad fronteriza con Brasil al norte del departamento del Beni, se ha convertido en paso privilegiado de mercadería de contrabando desde el vecino país. Según recuento del equipo periodístico, la actividad de los contrabandistas ha superado con creces la capacidad de respuesta de las autoridades nacionales.
“Tenemos la luz más cara del país, entonces no hay posibilidades para la gente que quiere venir a invertir a esta región, por ello lo único que hay en Guayaramerín es comercio”, afirma la presidenta del Concejo Municipal a modo de explicar por qué la mayoría de la población, a falta de otras opciones laborales, se dedica a la importación y al comercio de mercadería de contrabando.
Súmese a ello la crisis en el vecino país, que hizo caer los precios de todos los bienes, y se tiene condiciones perfectas para el florecimiento de una actividad que no por ilícita es vista como menos aceptable para quienes están dispuestos y dispuestas a cargar mercadería, a menudo en sus brazos y hombros, durante varias horas al día para ganar un poco de dinero para llevar a casa.
Según el dirigente de los estibadores en Guayaramerín, más de 500 jóvenes se dedican a estibar los productos que llegan en las canoas desde el lado brasileño del río Mamoré, hito fronterizo que separa la población boliviana de la microrregión de Guajará-Merim, donde se cargan decenas de chalanas que recorren la distancia entre ambas poblaciones varias veces al día, siempre llenas de productos de industria brasileña.
Según el testimonio del equipo periodístico de este diario, tanto la Policía Boliviana como la Guardia Municipal y la Fuerza Naval han decidido reducir sus actividades de control e interdicción, no solo por el enorme volumen de mercadería, sino sobre todo por la activa oposición de los comerciantes de la región, que fácilmente supera la capacidad de respuesta de los uniformados.
En la ciudad también se ha visto que cerca de nueve de cada 10 automóviles son indocumentados, y sus conductores tienen “tratos” con las estaciones de servicio para obtener combustible a pesar de no tener el registro B-Sisa; una nueva nacionalización sería “la salida más saludable”, según un dirigente del transporte, pero solo para los sindicalizados. La carne de pollo que ingresa desde el Brasil no tiene registro sanitario ni controles de inocuidad, pero consumir pollo boliviano es casi imposible, por la distancia y el costo de llevar la mercadería hasta ese rincón fronterizo.
Guayaramerín es, pues, el mejor retrato de las condiciones en que el país combate al contrabando desde los países vecinos: no solo está la debilidad estructural de las instituciones llamadas a desarrollar esa lucha, sino también la evidente necesidad de quienes se dedican a este ilícito comercio y la falta de alternativas para ellas y ellos. El Estado tiene por delante un reto de enormes y múltiples dimensiones.