Según información oficial, en Bolivia se han denunciado 3.541 casos de trata de personas, tráfico de personas y delitos conexos entre enero de 2019 y mediados de 2021, el 85% de ellos se produjo en alguna de las ciudades del “eje central” y de ellos, la mitad solo en La Paz. Lo más preocupante es que las cifras indican que este año se superarán todos los récords de la última década.
En entrevista con este diario, la Directora Nacional de Trata y Tráfico de Personas, del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, explicó que hasta ahora 2019 fue el año cuando más denuncias se conocieron y que en 2020 el número se redujo drásticamente, seguramente debido a que la pandemia, las cuarentenas a las que obligó y el cierre de fronteras, que hicieron más difícil el tránsito de personas.
Aunque la Ley 263, Integral contra la Trata y Traìfico de Personas no hace una distinción explícita entre trata y tráfico en el momento de actuar contra estos delitos, es necesario tener presente que el primero de ambos conceptos se refiere a la captación de personas con fines de explotación y el segundo, a la entrada ilegal de una persona en un país con el fin de obtener alguna forma de beneficio. Un tercer delito, a menudo confundido con los otros dos, es el tráfico de migrantes.
Según la autoridad, la crisis producida a causa del COVID-19 y sus efectos en la economía y la sociedad ha dejado a muchas personas sin trabajo, lo cual las deja en estado de vulnerabilidad, sea por explotación en el propio país, sea por tráfico hacia otros Estados, donde se les ofrece condiciones de vida que casi nunca existen. Solo en lo que va del año, informó la directora, se realizó tres repatriaciones de mujeres bolivianas desde Brasil y Argentina y se descubrió un caso de ciudadanas brasileñas víctimas de trata y explotación sexual en La Paz.
Respecto del tratamiento legal de los casos conocidos, la Fiscalía General del Estado reporta que entre 2019 y 2020 se han investigado 3.534 casos, de los cuales la gran mayoría (2.635) han sido cerrados, 169 están en juicio, 531 en etapa preliminar y 199 en etapa preparatoria. Un análisis más meticuloso, no ofrecido por las autoridades, debería revelar no solo por qué hay discrepancia entre las estadísticas de denuncias y las de investigación, sino también qué significa que los casos hayan sido cerrados.
Finalmente, la autoridad citada señaló que días atrás, al conmemorarse el Día Internacional contra la Trata de Personas, se propuso a la Asamblea Legislativa introducir cambios en la Ley 263; habrá que ver si el tema es siquiera considerado para ser incluido en la agenda legislativa. Mientras tanto, es deber de toda la sociedad (en particular los medios de comunicación, que en su momento se rehusaron a acatar la obligatoriedad de publicar información al respecto) seguir informando y alertando a las personas respecto de los riesgos de caer en manos de tratantes y traficantes.