Opinión

jueves 28 oct 2021 | Actualizado a 17:16

El descargo de Guerrero

La narrativa del ‘fraude’ tiene al polémico Almagro como su principal vocero. Y la polarización continúa.

Por La Razón

/ 11 de agosto de 2021 / 01:22

Como era de esperarse, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, emitió un informe para defender su informe sobre las elecciones de 2019 en Bolivia. Lo hizo a través de su secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Francisco Guerrero. El Gobierno deploró la “nueva injerencia golpista” de Almagro. La oposición la celebró, reafirmando su narrativa de “fraude”.

El origen del nuevo informe es revelador, pues Guerrero constituye una pieza clave en esta historia. En los comicios de 2019 fue el funcionario de mayor rango en la Misión de Observación Electoral de la OEA (el jefe de la misión, Manuel González, excanciller de Costa Rica, resultó a la postre una figura más bien decorativa). Guerrero fue responsable de que, al día siguiente de la votación, sin esperar ningún resultado del cómputo oficial, la misión anunciara “recomendaciones de cara a una segunda vuelta” (sic).

El precoz posicionamiento político de la Misión de Observación de la OEA es no solo curioso e inédito, sino deplorable. Con el respaldo de un conteo rápido y un “ejercicio estadístico” de la propia misión, el operador de Almagro impuso la hipótesis, luego insostenible, del “cambio inexplicable de tendencia” supuestamente producido en el último 5% del conteo: no del sistema de cómputo, que es el único resultado válido, sino del TREP, cuyo carácter preliminar es meramente informativo.

Así, en lugar de acompañar el proceso de cómputo oficial (como se espera que haga una misión de observación electoral), Almagro y Guerrero emitieron una suerte de sentencia previa: no importa el resultado del cómputo definitivo, debe haber segunda vuelta, como exigía el candidato opositor derrotado en las urnas, Carlos Mesa. Esta sentencia se ratificó tres días después en el informe preliminar de la misión, cuando todavía no concluía el cómputo: “continúa siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”.

Luego vino el informe preliminar del “Análisis de integridad electoral” solicitado por el gobierno de Morales, con carácter vinculante. Ese informe concluyó que no era posible “validar una victoria en primera vuelta”. Claro que el equipo de Almagro, operado por el mexicano Guerrero y su compatriota de observación electoral, ya no recomendaron segunda vuelta, sino otro proceso electoral (a tono con la nueva demanda opositora). Con ese informe, difundido de madrugada, la Fiscalía inició el juicio por “fraude”.

El obrar de Guerrero, entonces, en lógica de autodefensa, es coherente consigo mismo y su papel, y el de la Secretaría General de la OEA, en la crisis boliviana de 2019. El informe difundido esta semana por el departamento a su cargo ratifica las conclusiones de la “auditoría”, que a su vez validó la prematura declaración política de la Misión de Observación. Es una ingenuidad esperar otra cosa. La narrativa del “fraude” tiene al polémico Almagro como su principal vocero. Y la polarización continúa.

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‘Niñas no madres’

En un Estado laico como el boliviano, tales expresiones religiosas que vulneran derechos debieran ser objeto de sanción.

Por La Razón

/ 27 de octubre de 2021 / 01:53

Una reciente investigación del diario español El País en cinco países de la región revela “las nuevas tácticas antiaborto de la ultraderecha en América”. Entre ellas están el ofrecimiento de albergues para embarazadas y promesas falsas de adopción. Es bastante parecido a lo que se está haciendo con la niña de 11 años a la que, luego de una violación, se quiere obligar a ser madre.

Pese a que una sentencia constitucional vigente determina que no es punible la interrupción del embarazo en casos de delito de violación y a fin de evitar un peligro para la vida de la mujer embarazada, las iglesias y algunos funcionarios públicos en Santa Cruz están operando para obligar a una menor de 11 años (sí, 11 años) a proseguir con un embarazo y ser “niña madre”. Después de haber sido víctima de violación por su abuelastro, la quieren condenar a ser víctima de sus fundamentalismos.

Para empezar, es deplorable que el caso esté siendo ventilado públicamente y en los medios de comunicación cuando desde el principio debió protegerse la privacidad y la integridad de la víctima. Los responsables de proteger los derechos de la niña y el personal médico a cargo debieron garantizar la interrupción de ese embarazo, producto de una violación, sin convertirlo en tema de presión o “debate”. La víctima manifestó su voluntad en ese sentido. Y nadie más debiera entrometerse en su decisión.

Lamentablemente, ahora el futuro de la niña violada por un delincuente 50 años mayor que ella, que debía velar por su cuidado, está siendo discutido en el espacio público-mediático, como si la garantía de derechos fuera objeto de “posicionamientos”. Y encima el director de la Defensoría de la Niñez de Santa Cruz, Rashid Guardia, dice con desparpajo que “asume la decisión (de forzar la continuación de un embarazo de alto riesgo) con toda responsabilidad”. Así es mejor no tener defensor.

Es especialmente condenable la intervención de la Arquidiócesis cruceña, y de las iglesias en general, que con arreglo a sus prejuicios y creencias ejercen presión sobre el entorno de la niña para evitar la interrupción del embarazo. En el extremo de la manipulación, la Iglesia Católica ofreció acogida y atención a la “niña mamá y a la criaturita (sic) que tiene en su vientre”. En un Estado laico como el boliviano, tales expresiones religiosas que vulneran derechos debieran ser objeto de sanción.

Más allá de valiosos pronunciamientos en resguardo de la menor por parte de la Defensoría del Pueblo, organizaciones de mujeres e incluso el ministro de Gobierno, destaca la claridad del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), que califica como tortura el embarazo infantil forzado. Lo que corresponde en este caso, sin más publicidad ni amedrentamientos, es garantizar el acceso inmediato a un aborto seguro, y cuidar la integridad de la víctima.

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Cibercrimen

Es evidente que urge mayor educación en el uso de las nuevas tecnologías.

Por La Razón

/ 25 de octubre de 2021 / 02:04

Software malicioso, secuestro de datos a cambio de un rescate y toda clase de piratería, incluyendo métodos fraudulentos para robar datos financieros, así como la explotación y el abuso sexual infantil, entre muchos otros, son todos delitos que ocurren en el ámbito cibernético. El desarrollo de políticas públicas para lidiar con ellos es un tema pendiente para el Estado boliviano.

El escándalo desatado la semana pasada cuando se conoció que varios clientes de un banco nacional habían perdido cientos de miles de bolivianos en operaciones fraudulentas se ha convertido en la mejor evidencia de que urge dar pasos acelerados para mejorar la ciberseguridad en Bolivia, incluyendo las medidas para contener la multiplicación de casos y asegurar el debido castigo a quienes emplean la tecnología de telecomunicaciones para cometer delitos y crímenes.

Según un abogado especialista en la materia consultado por este diario, en Bolivia solo existen dos tipos penales relacionados con los delitos cibernéticos: la manipulación informática, con penas de hasta cinco años de cárcel y la alteración, acceso y uso indebido de datos, cuya sanción es la prestación de servicios sociales por hasta un año; las múltiples formas de estafa a través de medios digitales no existen para el sistema penal.

Desde el punto de vista de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es importante fortalecer las capacidades de los países para luchar contra los ciberdelitos, desarrollando la cooperación internacional, el diálogo entre gobiernos y con Naciones Unidas, además de involucrar a otras organizaciones internacionales y regionales, además de Interpol y otras organizaciones, incluyendo a las empresas y la sociedad civil.

Desde el punto de vista de las y los usuarios de servicios comerciales y financieros a través de las redes cibernéticas, es evidente que urge mayor educación en el uso de las nuevas tecnologías, que sin duda han ampliado exponencialmente la cantidad de operaciones posibles incluso desde el teléfono móvil, pero también se vuelven vulnerables en manos de quienes no conocen lo suficiente acerca de las medidas de seguridad necesarias, es decir la mayor parte de la población.

Un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado ‘Ciberseguridad 2020’ ha evidenciado que en el país ni el Gobierno ni los usuarios han demostrado tener conciencia de la necesidad de más y mejor seguridad; el rezago detectado en 2016 se repitió en 2020; coincidentemente, son apenas cuatro de cada 10 las personas que confían en el Internet, el gobierno electrónico y el comercio en-línea.

Urge, pues, prestar más atención al desarrollo tecnológico y actualizar los instrumentos necesarios para controlar que la vida digital no se convierta en un infierno para quienes, carentes de información suficiente, o no se atreven a disfrutar de las ventajas tecnológicas o se arriesgan a ser víctimas de avezados criminales escondidos en algún punto de la red de redes.

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‘Caso cerrado’

Diversos estudios posteriores ponen en cuestión la consistencia técnica del polémico reporte.

Por La Razón

/ 24 de octubre de 2021 / 00:52

Por distintos motivos y con diferentes efectos, tanto el Ministerio Público del país como la OEA de Almagro han dado por cerradas las investigaciones sobre las elecciones de octubre de 2019. Casi dos años después, la Fiscalía no encontró indicios de delitos electorales, en tanto que una secretaría de la OEA asegura que el proceso electoral “es imposible de reconstruir”.

Más allá del uso instrumental de la cuestión en el marco de la renovada disputa sobre los hechos del año 2019, el supuesto “fraude” se mantiene con vigor y distorsiones en la agenda pública y mediática. No parece, por tanto, un “caso cerrado”. Lo es formalmente en la Justicia boliviana, que ante la ausencia de elementos de prueba dictó el sobreseimiento de todos los exvocales electorales. Pero está lejos de serlo en el debate político y respecto al cuestionado papel de Almagro y sus operadores.

Pese al tiempo transcurrido desde las elecciones 2019, actores del oficialismo y de la oposición continúan empeñados en atizar la contienda en torno a dicho proceso. Debe recordarse que como efecto de la coyuntura crítica poselectoral, que derivó en el derrocamiento del expresidente Morales y la autoproclamación de un régimen provisorio, un acuerdo político dejó los comicios “sin efecto legal” (la anulación de elecciones no existe en nuestro ordenamiento jurídico). Pero los relatos continúan.

Como sea, la divergencia más profunda tiene que ver con el cada vez más opaco desempeño del secretario de Fortalecimiento Democrático de la OEA, Francisco Guerrero. Este señor fue el operador de Almagro en la Misión de Observación Electoral que un día después de las elecciones, sin esperar resultados oficiales, asentó la falacia del “cambio drástico en la tendencia de los resultados preliminares”, nunca probada en el cómputo, y anunció recomendaciones “de cara a una segunda vuelta” (sic).

Esa suerte de sentencia previa, que de entrada descalificó el proceso electoral y sus resultados, se expresó en el “Análisis de Integridad Electoral” realizado por el equipo de Almagro, que acorde al curso de la crisis política terminó planteando no segunda vuelta, sino nuevas elecciones. Diversos estudios posteriores ponen en cuestión la consistencia técnica del polémico reporte de la OEA, suscrito por dos observadoras de la Unión Europea y exhibido como “prueba del fraude” por la oposición boliviana.

A estas alturas, parece improbable reconstruir de manera terminante e inequívoca el proceso electoral (los recuentos oficiales de actas no valen). Lo incuestionable hoy son los comicios 2020 (con abultada victoria del MAS-IPSP, incluidas las 226 mesas que a los “auditores” de la OEA les parecieron raras en 2019). Igual, por razones democráticas es fundamental esclarecer el papel de Almagro y los suyos en esta historia. Le hará bien a la OEA y su cada vez más residual “dignidad institucional”. 

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Confianza en los bancos

La respuesta de las autoridades y de los propios bancos debe ser rápida y contundente.

Por La Razón

/ 23 de octubre de 2021 / 01:23

La confianza en el sistema financiero es uno de los pilares de la estabilidad económica. Preocupa que personas inescrupulosas se estén dedicando a erosionarla manipulando eventos dolosos que habrían afectado a algunas entidades bancarias. La respuesta de las autoridades y de los propios bancos debe ser rápida y contundente, despejando las dudas y asegurando que los afectados serán atendidos.

En estas semanas han aparecido denuncias y rumores que se refieren a supuestos desfalcos de cuentas de clientes de algunos bancos del sistema. Obviamente eso ha generado preocupación y alarma en muchos ciudadanos. Las autoridades del sector han informado que se habrían producido ciertos eventos producto de “hackeos” de dispositivos móviles que los usuarios utilizan para acceder a sus cuentas, pero también han descartado que se trate de una vulneración grave de los sistemas informáticos de las entidades afectadas. La investigación estaría en curso.

Como muchos rumores dañinos, su origen es un hecho que se ha producido, pero que luego es magnificado y manipulado para afectar negativamente la reputación de bancos o de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).

Este tipo de acciones son reprochables y muy peligrosas porque la solidez del sistema financiero se basa en la confianza de los depositantes de que sus recursos están bien resguardados. Cuando se generan sentimientos de inseguridad o de duda sobre este aspecto, se pueden inducir comportamientos apresurados que si se masifican podrían impactar gravemente en todo el sistema. En pocas palabras, se está jugando con fuego.

Justamente porque no es una cuestión menor y por sus riesgos para la economía, se precisa de una acción enérgica y oportuna de los responsables de las entidades afectadas y de las autoridades gubernamentales. En primer lugar, esclareciendo las situaciones y aportando información clara y certera sobre el número de eventos, su dimensión y las razones de su ocurrencia. La transparencia es un instrumento central en estos casos.

Por otra parte, se esperaría una actitud eficaz y rápida de las entidades involucradas para tranquilizar a sus clientes, prestarles toda la información que requieren y apoyar a los que podrían haber sido afectados. En un mundo en el que las percepciones son vitales para incidir en las actitudes y comportamientos, no se puede dejar las cosas al azar, hay que reforzar la sensación de escucha, protección y atención de los usuarios del sistema financiero.

Finalmente, estos eventos deberían servir también para que los medios de comunicación y todos los ciudadanos reflexionemos sobre la prudencia que se debe guardar al compartir ciertos datos en redes y otros canales de información. Sería deplorable que las inquinas políticas irracionales produzcan daños que toda la sociedad va a lamentar.

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Legitimación de ganancias

Para el Gobierno se trata de una movilización con intenciones sediciosas, los movilizados afirman lo contrario.

Por La Razón

/ 22 de octubre de 2021 / 01:36

Notablemente disminuida en comparación con el paro cívico de la semana pasada, ayer comenzó la segunda ronda de movilizaciones contra la normativa que establece el marco legal para combatir la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento de actividades terroristas. Para el Gobierno se trata de una movilización con intenciones sediciosas, los movilizados afirman lo contrario.

El balance del primer día de paro se resume en que Potosí cumple con la medida de presión y los gremiales, divididos y mermados en número, marcharon en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, El Alto y Tarija; en casi todas las ciudades la Policía evitó bloqueos, y no se tienen noticias de mayores enfrentamientos. También destaca el firme apoyo del Comité pro Santa Cruz a los movilizados, pero claramente sin disponer sus recursos en público, como cuando convoca a la población a movilizarse.

Por su parte, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) ofreció una interpretación extrema del contenido de la Ley 1368 y de su anexo, afirmando que la norma, promulgada el 28 de julio último, daría poco menos que poderes absolutos a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para perseguir penalmente a cualquier ciudadano. Irónicamente, ese extremo se produjo en la gestión del ministro de Gobierno transitorio en 2020, y no hizo falta la existencia de la ley que hoy se rechaza para perpetrar el abuso.

El presidente de los cívicos cruceños salió nuevamente por sus fueros afirmando que no se trata de una actividad “política”, denotando su falta de capacidad para comprender el concepto; al frente, autoridades de gobierno afirmaron nuevamente que se trata de actividades “golpistas”. En la Asamblea Legislativa Plurinacional varios asambleístas llamaron al diálogo entre las partes, incluso uno de ellos mediante carta remitida al Presidente. Cabe preguntarse, sin embargo, si aún realizándose una negociación con los hoy movilizados, las autoridades estarán con su verdadero interlocutor.

Es evidente que la ley y su anexo nombran al sector gremialista, pero es necesario distinguir al comerciante que se gana la vida mediante su trabajo, asalariado o no, como vendedor de bienes de aquel que importa, en ocasiones de contrabando, esos bienes, y que a diferencia del primero, que subsiste como buenamente puede, goza de gran fortuna y la ostenta, por ejemplo en fiestas o en palacetes de sofisticada arquitectura.

El Gobierno falla ostensiblemente en su necesidad de instalar no solo una idea o un conjunto de ideas en el debate público que faciliten la gobernabilidad, sino también un espacio de diálogo donde proponer iniciativas y buscar consensos con los actores relevantes de la oposición, que han logrado apropiarse de una parte del debate público obteniendo apenas respuestas reactivas por parte del oficialismo, que o todavía cree tener la hegemonía en los sectores populares o no sabe cómo remediar la paulatina pérdida de ésta.

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