Opinión

domingo 3 jul 2022 | Actualizado a 13:56

Fueron masacres

Hoy se reafirma que en Sacaba y Senkata se masacró con el aval de un Decreto. Procede pues un pronto juicio de responsabilidades.

Por La Razón

/ 18 de agosto de 2021 / 02:21

Tras ocho meses de rigurosa investigación en terreno, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su Informe. Una conclusión central es que los hechos de Sacaba y Senkata, con los cuales se estrenó el régimen provisorio de Jeanine Áñez, fueron masacres. Esta constatación implica verdad, reparación integral a las víctimas y juicio contra los responsables.

Según diferentes informes, ratificados ayer por el GIEI, la crisis poselectoral de octubre-noviembre de 2019 dejó un saldo de al menos 38 muertos y centenares de heridos, la mayoría de ellos por uso desproporcionado de la fuerza pública a cargo de militares y policías. La responsabilidad del Estado es evidente en estas graves violaciones de los derechos humanos. En el caso de las masacres de Sacaba y Senkata, se hicieron al amparo de un Decreto Supremo de impunidad firmado por Áñez y sus ministros.

El antecedente del Informe del GIEI es un informe preliminar realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estuvo en el país en noviembre de 2019 y documentó una situación de violaciones masivas de derechos humanos. Así, en enero de 2020 se firmó el acuerdo para la conformación del GIEI, pero su trabajo recién pudo realizarse a partir de noviembre, ya que durante el régimen de Áñez se pusieron una serie de obstáculos y vetos para su conformación e instalación.

Ahora finalmente el país conoce el robusto informe de 468 páginas del GIEI, el cual demuestra que en el período de septiembre a diciembre de 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia, incluidas masacres, torturas, detenciones ilegales, criminalización y persecución política, discursos de odio, actos de racismo y violencia de género. Se trata de un documento invaluable para la memoria y para “rendir tributo a la verdad y procurar la justicia”, como señala una de las expertas.

Con relación a los hechos de Sacaba (15 de noviembre) y de Senkata (19 de noviembre), el Informe señala que “la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes”. En consecuencia, los califican de manera inequívoca como masacres. Las 20 muertes producidas por armas de fuego de la fuerza pública contemplan hasta ejecuciones sumarias, además de posterior tortura y tratos inhumanos a los detenidos.

Se caen así los vanos intentos por negar, justificar o legitimar estas masacres. No debemos olvidar que el régimen de Áñez, actores de la oposición y sus operadores mediáticos pretendieron imponer versiones de que “se mataron entre ellos”, hubo “fuego cruzado” (sic), “iban a hacer volar la planta de gas”. También hubo condenables silencios, como el de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Hoy se reafirma que en Sacaba y Senkata se masacró con el aval de un Decreto. Procede pues un pronto juicio de responsabilidades.

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Juicios recargados

No deja de ser paradójico toda vez que Mesa exigió dicha renuncia y salió a festejarla.

Por La Razón

/ 3 de julio de 2022 / 01:25

La decisión del Ministerio Público de retomar el caso Golpe de Estado I, por otros delitos penales, ha ampliado las indagaciones más allá de la expresidenta Áñez y los altos mandos militares y policiales. Ahora se plantea investigar la participación de quienes trazaron y operaron el llamado “Plan B” de autoproclamación presidencial. El hecho aviva la tensión política en el país.

Luego de casi un año de proceso en la Justicia Ordinaria en el caso Golpe de Estado II, que concluyó con una sentencia de 10 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez —juzgada en su condición de senadora en noviembre de 2019—, la Fiscalía reactivó el caso Golpe de Estado I, que estaba en suspenso. A diferencia del juicio por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, esta vez la denuncia tiene que ver con delitos más graves como terrorismo y conspiración.

¿Qué implica avanzar en el caso Golpe I? La primera consecuencia es ampliar el rango de personas convocadas a declarar, sea como denunciados, sea como testigos. Así, de forma inmediata se activaron las declaraciones de quienes participaron en las reuniones de la Universidad Católica, entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, cuyo resultado fue la autoproclamación inconstitucional de Áñez. Entre ellos están actores políticos como Mesa, Quiroga y Doria Medina, además de otros operadores de segunda línea.

Una gran interrogante en torno a este proceso, que la oposición califica como persecución política por un “falso golpe”, es hasta dónde está dispuesto a llegar el oficialismo. ¿Los ahora convocados a declarar como testigos serán luego imputados? ¿Qué implicaría ello para la disputa y la polarización en el país? ¿Y para el pluralismo político, toda vez que casi todos los líderes opositores estarían enjuiciados? Es una decisión crítica en un escenario que mantiene abiertas las heridas de 2019.

En este contexto de juicios recargados, otra cuestión relevante tiene que ver con el curso que seguirán los juicios contra Áñez por supuestos delitos en el ejercicio de sus funciones como presidenta. Aquí el camino señalado por la Constitución y la ley es inequívoco y no admite “interpretaciones”: juicio de responsabilidades autorizado por la Asamblea Legislativa. Claro que hay voces oficialistas que quieren un nuevo juicio ordinario, esta vez por las masacres de Sacaba y Senkata. Sería insostenible.

La nota de color en este ambiente sombrío de procesos penales la dio el excandidato de Comunidad Ciudadana, dos veces derrotado en las urnas, al anunciar un juicio contra el expresidente Morales por “incumplimiento de deberes y dejar vacante el cargo” con su renuncia. No deja de ser paradójico toda vez que Mesa exigió dicha renuncia y salió a festejarla. Lo más dramático es que estos juicios de ida y vuelta se producen ante un sistema de administración de justicia en situación de crisis terminal.

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Impulso exportador

Estos buenos resultados tienen mucho que ver con el buen momento de precios que se está viviendo a escala global.

Por La Razón

/ 2 de julio de 2022 / 01:59

El buen momento de las exportaciones bolivianas se está confirmando y posiblemente este año se superará el nivel logrado en 2014. Este es un resultado alentador porque contribuye al crecimiento y a la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, sería deseable que esta coyuntura sea la base para una estrategia renovada de revitalización del comercio exterior en el mediano y largo plazo.

Aunque el Gobierno hace mucho énfasis en la demanda interna como principal motor del crecimiento, el buen desempeño exportador es también un factor muy importante de la dinámica económica del país. Por otra parte, un superávit en la balanza comercial refuerza la disponibilidad de divisas y por tanto el mantenimiento de la estabilidad en la política cambiaria.

En ese sentido, es una buena noticia que las exportaciones nacionales acumuladas hasta mayo lograrán un nuevo récord, llegando a $us 5.715 millones, el valor más alto desde 2014. Ese buen desempeño permitió además tener un superávit comercial positivo de $us 1.082 millones hasta esa fecha. Si no hay cambios bruscos en el escenario internacional en estos meses, es esperable que esta gestión sea una de las más favorables en este ámbito de los últimos años.

Hay novedades en la composición de esas exportaciones: la mayor parte corresponde a la industria manufacturera, la minería y los hidrocarburos. Al parecer, hay una dinámica interesante sobre todo en las industrias y sectores relacionados con la producción agrícola y minera, que están superando la venta de gas que era desde hace varios años el rubro más importante.

Ciertamente, estos buenos resultados tienen mucho que ver con el buen momento de precios que se está viviendo a escala global, pero es además una gran oportunidad para consolidar mercados y fortalecer líneas renovadas de producción destinada a la exportación. Sería, por tanto, deseable que se aproveche la coyuntura para un relanzamiento y renovación de la política y acciones de apoyo a los sectores dedicados a esas actividades.

Junto con el esfuerzo para impulsar el nivel de producción de gas y de reposición de las reservas de ese recurso, se perfila, por ejemplo, en el horizonte la necesidad de trabajar con mayor ímpetu en el desarrollo de nuevas inversiones y operaciones en el sector minero, que parece que tendrá buenas perspectivas de mercados y precios en los próximos años.

De igual modo, los incentivos a las exportaciones no tradicionales de alimentos, productos agropecuarios y manufactureros tendrían que reforzarse. Eso pasa por acciones concretas de simplificación administrativa, acompañamiento en la búsqueda de mercados, generación de información y facilidades para los productores de todos los tamaños y un acompañamiento solidario desde el Estado.

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Contraloría en suspenso

No queda claro, sin embargo, cómo se evita la acefalía o cómo se designa a una autoridad interina.

Por La Razón

/ 1 de julio de 2022 / 01:14

Ayer ha terminado oficialmente el mandato del Contralor General del Estado, posesionado el 1 de julio de 2006. Hasta ayer era poco claro el procedimiento necesario para evitar la acefalía en la institución encargada de la función de control en el Estado y es poco probable que se logren acuerdos rápidos para resolver este vacío jurídico, así como para reemplazar al Contralor saliente.

No hay aquí ninguna novedad: oficialismo y oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) han tomado posiciones desde el inicio de la gestión y no muestran intención alguna de moverlas. El resultado: un permanente empantanamiento en casi todas las tareas propias de este órgano del Estado y un creciente descrédito de las organizaciones políticas y sus representantes en las cámaras de Diputados y Senadores.

Luego del ostensible fracaso en la designación de la persona que debe dirigir la Defensoría del Pueblo (en parte por falta de capacidad de negociación, en parte por deliberada intención de restar legitimidad a esa institución), la bancada oficialista, y mayoritaria, aprobó hace más de una semana, sin mayor debate, el reglamento para la elección de titular para la Contraloría. Previsiblemente, la oposición ha condenado el procedimiento.

El reglamento establece que las y los postulantes pueden presentar sus documentos desde el pasado viernes hasta el 8 de julio y que la última fase del proceso de selección culminará el 20 de agosto; luego, días después, la Comisión Mixta de Planificación, Política Económica y Finanzas, responsable de la calificación de las y los postulantes, entregará un informe señalando a las tres personas mejor calificadas, y el pleno de la Asamblea deberá elegir a la autoridad por dos tercios de votos.

En entrevista con LA RAZÓN, el Contralor saliente remarcó, por una parte, que en aplicación de lo dispuesto por la Constitución, no le corresponde quedarse ni un día más luego de terminado su mandato, a diferencia de lo establecido para el Defensor del Pueblo u otras autoridades, que deben permanecer hasta la designación del sucesor. Por otra, garantizó la independencia de la Contraloría afirmando que la estructura de la institución impide la injerencia externa e interna en los casos que se investigan.

No queda claro, sin embargo, cómo se evita la acefalía o cómo se designa a una autoridad interina y mucho menos qué pasará con los casos que están siendo auditados: si no hay quién ponga la firma en los informes, ¿qué pasará con las conclusiones y recomendaciones?

Es posible imaginar que la oposición aprovechará este estado de cosas para reafirmar su crítica a la gestión gubernamental a tiempo de hacerla inviable, mientras que el oficialismo ensayará sus habituales estrategias retóricas, que inflaman ánimos, pero no resuelven conflictos. Mientras tanto, la institucionalidad del Estado seguirá viéndose afectada por la incapacidad de unos y otros para hacer política constructiva, imprescindible para mejorar y transformar el Estado y el país entero.

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Jair y Jeanine II

Al igual que en enero, Bolsonaro reiteró su afirmación de que estuvo con Áñez ‘apenas una vez’

Por La Razón

/ 29 de junio de 2022 / 02:47

La declaración del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ofreciendo asilo a la expresidenta Jeanine Áñez, sentenciada a 10 años de prisión, generó previsible polémica en el país. La Cancillería boliviana lo acusó de “injerencia en asuntos internos”. Ya en enero de este año el derechista Bolsonaro hizo ruido cuando reveló que se había reunido con Áñez, quien negó dicho encuentro.

Refiriéndose “al tema de las relaciones internacionales”, Bolsonaro comentó en una entrevista televisiva que está dispuesto a hacer lo posible para que Áñez, a quien definió como “una mujer presa injustamente”, vaya a Brasil. “Estamos listos para recibir el asilo de ella”, afirmó. Su oferta se hizo extensiva a los excomandantes de las Fuerzas Armadas (Kaliman) y de la Policía (Calderón), también condenados en rebeldía a 10 años de cárcel. Bolsonaro mencionó que uno de ellos podría estar en su país.

Al igual que en enero de este año, Bolsonaro reiteró su afirmación de que estuvo con Áñez “apenas una vez”. De haberse producido dicha reunión, implicó un viaje no autorizado de la expresidenta a Brasil. No se sabe cuándo, dónde ni en qué condiciones y con qué agenda se habría producido el supuesto encuentro, enfáticamente negado por Áñez. Lo cierto es que ni la Cancillería brasileña ni su legación diplomática en Bolivia negaron o aclararon nada respecto a la reunión revelada por Bolsonaro.

Como sea, la oferta de asilo del mandatario brasileño generó veloces y duras respuestas en el país. La posición oficial del Estado boliviano fue expresada por el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, quien además de lamentar las “desafortunadas declaraciones” de Bolsonaro, las calificó como “injerencia en asuntos internos”. Otras voces del oficialismo recordaron la participación de Brasil en las reuniones para la autoproclamación de Áñez y el inmediato reconocimiento de su gobierno.

La intervención de Bolsonaro respecto a una decisión que atañe al sistema de administración de justicia en Bolivia alimenta la polémica sobre el juicio ordinario contra la exsenadora opositora, que sigue su curso en las instancias previstas de apelación. En todo caso, la sentencia contra Áñez y los posibles juicios de responsabilidades en agenda, cuya autorización está en manos de la Asamblea Legislativa, son procesos y penas que deben realizarse en el país. No corresponde, pues, ningún “asilo”.

Las afirmaciones del Presidente brasileño se producen en el contexto de su campaña electoral por la reelección. No es casual que haya concluido reclamando que el expresidente y también candidato Lula da Silva no haya dicho nada respecto al asunto (de Áñez). Es una gran paradoja toda vez que Bolsonaro fue electo presidente en 2018 tras la inhabilitación de Lula ( favorito para ganar los comicios) debido al montaje de varios procesos penales que se fueron cayendo como el peor ejemplo de lawfare.

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El presente del litio

Urge desarrollar las estrategias necesarias para echar a andar el negocio en las mejores condiciones.

Por La Razón

/ 27 de junio de 2022 / 01:18

La industria mundial del litio avanza a pasos agigantados y Bolivia, que tiene, según algunos reportes, cuarta parte de las reservas del mineral conocidas en todo el orbe, desea ser parte del negocio en condiciones poco comunes: con soberanía sobre el recurso y en condiciones de desarrollar toda la cadena productiva, desde la extracción hasta la fabricación de baterías para diversos usos.

El esfuerzo de convertir las ingentes reservas de litio que yacen en el salar de Uyuni tiene ya muchos años de haberse iniciado, y sin embargo el país dista todavía mucho de convertirse en un jugador de peso en el mercado internacional, probablemente en parte por la histórica distribución internacional del trabajo, que deja a unos países la tarea de producir y exportar materias primas y a otros, la de industrializarlos y producir riqueza.

Pero también es posible que la todavía inexistente gravitación del país en el escenario internacional tenga que ver con la dificultad inherente a desarrollar una oferta de valor que pueda ser tenida en cuenta, en parte por el nivel de especialización requerido para administrar todos los pasos y aspectos del proceso, y en parte por el modo en que se gestionan proyectos estratégicos en un ambiente altamente politizado.

A mediados de 2021, el Estado Plurinacional de Bolivia invitó a un puñado de empresas dedicadas a la extracción e industrialización del litio a competir para identificar a la que mejores opciones le otorga al país para el proceso de convertir la salmuera en baterías para automóviles y toda clase de equipos e instrumentos tecnológicos. El resultado debía conocerse a mediados de mayo, pero el anuncio se postergó por un mes.

Finalmente, el presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) informó que seis de las empresas invitadas a hacer pruebas habían arrojado resultados positivos en la tarea de extraer litio, en una medida de entre 80% y 90% y que el siguiente paso será reunirse con esas empresas “para plantearles nuestras condiciones soberanas respecto al litio”, según la autoridad. Cuáles son esas condiciones se puede intuir, mas la información oficial es menos que escasa.

Un experto en la materia, exservidor en YLB, consultado por nuestro suplemento Energías & Negocios, explicó, además de la urgencia de gravitar en el escenario internacional dada la creciente demanda de energías limpias para reemplazar la matriz energética global, que el país ha dado los pasos correctos para extraer el litio, pero que lo verdaderamente difícil estará en ingresar a la fase industrial y mucho más hacerlo dentro del estrecho margen que dejan las normas del país.

Urge desarrollar las estrategias necesarias para echar a andar el negocio (que ha dejado de ser futuro y es claramente el presente) en las mejores condiciones posibles para el país y no solo en términos ideológicos. La empresa estatal de litio debe hacer mejores esfuerzos no solo para prosperar, sino también para asegurar que el trabajo se desarrolla de modo correcto y, sobre todo, transparente.

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