En las siguientes semanas, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe autorizar o no un juicio de responsabilidades contra la expresidenta provisoria, Jeanine Áñez, por las masacres de Sacaba y Senkata. Luego del impecable Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se trata de un juicio inevitable. Es una línea roja que ningún demócrata debiera cruzar.
De los varios casos de violaciones masivas de derechos humanos producidas en el período crítico de septiembre a diciembre de 2019, y documentadas por el GIEI en su valioso Informe, es evidente que los hechos de Sacaba y Senkata son los más graves. El Informe no duda en calificarlos como masacres. Y demuestra que las fuerzas militares y policiales actuaron con la intencionalidad de matar, incluidas ejecuciones sumarias de ciudadanos bolivianos. El saldo son 21 personas asesinadas y decenas de heridos.
Las masacres de noviembre de 2019, con las cuales se bautizó el régimen de Áñez, constituyen entonces hechos incontrastables, no son “narrativas” (por mucho que algunos actores políticos y mediáticos de oposición, que hablaron de “fuego cruzado”, se empeñen desesperadamente por ocultarlos, matizarlos, ponerles comillas). El Informe del GIEI señala también que los operativos se hicieron al amparo del Decreto Supremo 4078 (una suerte de garantía de impunidad), que a decir de la CIDH “estimula la represión violenta”.
A nadie debiera sorprender entonces que, tras conocerse el Informe del GIEI, se haya activado este juicio de responsabilidades. A diferencia del forzado caso Golpe, que discurre por vía ordinaria, en este caso se está siguiendo el procedimiento constitucional y legal correspondiente: el Fiscal General requirió el enjuiciamiento de Áñez ante el Tribunal Supremo de Justicia, el cual lo derivó a la ALP para su autorización, que debe ser aprobada por dos tercios de los miembros presentes en sesión de Asamblea.
En tal escenario, parece falaz el debate sobre si habrá o no esa mayoría especial para autorizar el juicio. La cuestión más bien es si algunos asambleístas (habrá que ver cuáles) serán capaces de inviabilizar una exigencia de justicia centrada en las víctimas, convirtiéndose así en cómplices de las masacres al liberar de responsabilidad a sus posibles autores. Ningún cálculo político, ninguna condición, debiera suponer el mensaje de que se puede masacrar impunemente en democracia. Sería terrible.
Si de verdad la sociedad boliviana, empezando por sus actores políticos, quiere que la dolorosa fisura producida en la crisis político- institucional del 2019 se cierre y podamos construir un nuevo escenario de convivencia en paz, es un imperativo que todos los casos de violaciones de derechos humanos, sin excepciones, sean investigados y sancionados. En ese camino de verdad, reparación y justicia, las masacres de Sacaba y Senkata son una línea roja que ningún boliviano, ningún asambleísta, debiera cruzar.