Opinión

sábado 23 oct 2021 | Actualizado a 16:48

Violencia racista

En todos los casos registrados a lo largo de los ocho meses que duró la investigación el componente racial aparece como un agravante.

Por La Razón

/ 30 de agosto de 2021 / 00:43

En rigor, los datos no deberían sorprender: el racismo fue uno de los ejes sobre los cuales circuló el odio político durante las violentas jornadas que sucedieron a la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019. Lo afirma con abundancia de pruebas y testimonios el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y lo vemos en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Es evidente que durante años, incluyendo la década transcurrida desde la promulgación de la Ley 045, Contra toda forma de racismo y discriminación, en 2010, el Estado no fue capaz de contener las crecientes manifestaciones de racismo asociado con los discursos y comportamientos políticos y gran parte de la sociedad civil se mostró no solo incapaz de aportar a la tarea, sino en muchos casos francamente opuesta.

Es que a pesar de las mejores intenciones puestas en la Ley por sus proyectistas, siempre fue más rentable políticamente mantener viva la tensión étnicoracial (como lo señalan varios estudios publicados en los últimos años), que sancionar sus excesos hasta obligar a las personas racistas a cambiar de actitud, o al menos esconder sus bajos instintos. Sin olvidar que, por muy escasas que sean, también hay manifestaciones de racismo de quienes históricamente lo han sufrido y quisieran desquitarse.

Escuelas y medios de comunicación estatales también fracasaron ostensiblemente: las primeras porque grandes segmentos del magisterio se mostraron incapaces de asumir el reto de formar nuevas generaciones libres del prejuicio racial, étnico y clasista que caracteriza a la sociedad boliviana; los segundos porque pese a tener mandato y todos los recursos necesarios para la tarea se vieron obligados a priorizar otros asuntos en su agenda. De los medios privados no cabía esperar gran cosa, pues la mayoría de ellos siempre se manifestó opuesta a la citada Ley y los deberes que impuso.

El resultado fue que en 2019 las condiciones estaban dadas para el ascenso de una Presidenta interina que durante años había mostrado su odio racista a través de publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas; un gabinete de ministros insensibles y discriminadores; segmentos de la sociedad que creyeron llegada su hora de reivindicar una supuesta superioridad sobre la mayoría indígena del país y una larga lista de abusos y excesos claramente asociados con el prejuicio racial que fueron cometidos a partir del 12 de noviembre de 2019.

El Informe del GIEI es una muy extensa y detallada relación de los excesos y aberraciones cometidos por un grupo de personas que tomaron el poder sin fuerza democrática que le diera sustento. En todos los casos registrados a lo largo de los ocho meses que duró la investigación el componente racial aparece como un agravante. En parte destacada de las recomendaciones del informe se insta a hacer algo al respecto, pero hasta ahora ninguna autoridad ha manifestado interés en tomar cartas en el asunto y la sociedad parece no haberse dado por enterada.

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Confianza en los bancos

La respuesta de las autoridades y de los propios bancos debe ser rápida y contundente.

Por La Razón

/ 23 de octubre de 2021 / 01:23

La confianza en el sistema financiero es uno de los pilares de la estabilidad económica. Preocupa que personas inescrupulosas se estén dedicando a erosionarla manipulando eventos dolosos que habrían afectado a algunas entidades bancarias. La respuesta de las autoridades y de los propios bancos debe ser rápida y contundente, despejando las dudas y asegurando que los afectados serán atendidos.

En estas semanas han aparecido denuncias y rumores que se refieren a supuestos desfalcos de cuentas de clientes de algunos bancos del sistema. Obviamente eso ha generado preocupación y alarma en muchos ciudadanos. Las autoridades del sector han informado que se habrían producido ciertos eventos producto de “hackeos” de dispositivos móviles que los usuarios utilizan para acceder a sus cuentas, pero también han descartado que se trate de una vulneración grave de los sistemas informáticos de las entidades afectadas. La investigación estaría en curso.

Como muchos rumores dañinos, su origen es un hecho que se ha producido, pero que luego es magnificado y manipulado para afectar negativamente la reputación de bancos o de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).

Este tipo de acciones son reprochables y muy peligrosas porque la solidez del sistema financiero se basa en la confianza de los depositantes de que sus recursos están bien resguardados. Cuando se generan sentimientos de inseguridad o de duda sobre este aspecto, se pueden inducir comportamientos apresurados que si se masifican podrían impactar gravemente en todo el sistema. En pocas palabras, se está jugando con fuego.

Justamente porque no es una cuestión menor y por sus riesgos para la economía, se precisa de una acción enérgica y oportuna de los responsables de las entidades afectadas y de las autoridades gubernamentales. En primer lugar, esclareciendo las situaciones y aportando información clara y certera sobre el número de eventos, su dimensión y las razones de su ocurrencia. La transparencia es un instrumento central en estos casos.

Por otra parte, se esperaría una actitud eficaz y rápida de las entidades involucradas para tranquilizar a sus clientes, prestarles toda la información que requieren y apoyar a los que podrían haber sido afectados. En un mundo en el que las percepciones son vitales para incidir en las actitudes y comportamientos, no se puede dejar las cosas al azar, hay que reforzar la sensación de escucha, protección y atención de los usuarios del sistema financiero.

Finalmente, estos eventos deberían servir también para que los medios de comunicación y todos los ciudadanos reflexionemos sobre la prudencia que se debe guardar al compartir ciertos datos en redes y otros canales de información. Sería deplorable que las inquinas políticas irracionales produzcan daños que toda la sociedad va a lamentar.

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Legitimación de ganancias

Para el Gobierno se trata de una movilización con intenciones sediciosas, los movilizados afirman lo contrario.

Por La Razón

/ 22 de octubre de 2021 / 01:36

Notablemente disminuida en comparación con el paro cívico de la semana pasada, ayer comenzó la segunda ronda de movilizaciones contra la normativa que establece el marco legal para combatir la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento de actividades terroristas. Para el Gobierno se trata de una movilización con intenciones sediciosas, los movilizados afirman lo contrario.

El balance del primer día de paro se resume en que Potosí cumple con la medida de presión y los gremiales, divididos y mermados en número, marcharon en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, El Alto y Tarija; en casi todas las ciudades la Policía evitó bloqueos, y no se tienen noticias de mayores enfrentamientos. También destaca el firme apoyo del Comité pro Santa Cruz a los movilizados, pero claramente sin disponer sus recursos en público, como cuando convoca a la población a movilizarse.

Por su parte, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) ofreció una interpretación extrema del contenido de la Ley 1368 y de su anexo, afirmando que la norma, promulgada el 28 de julio último, daría poco menos que poderes absolutos a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para perseguir penalmente a cualquier ciudadano. Irónicamente, ese extremo se produjo en la gestión del ministro de Gobierno transitorio en 2020, y no hizo falta la existencia de la ley que hoy se rechaza para perpetrar el abuso.

El presidente de los cívicos cruceños salió nuevamente por sus fueros afirmando que no se trata de una actividad “política”, denotando su falta de capacidad para comprender el concepto; al frente, autoridades de gobierno afirmaron nuevamente que se trata de actividades “golpistas”. En la Asamblea Legislativa Plurinacional varios asambleístas llamaron al diálogo entre las partes, incluso uno de ellos mediante carta remitida al Presidente. Cabe preguntarse, sin embargo, si aún realizándose una negociación con los hoy movilizados, las autoridades estarán con su verdadero interlocutor.

Es evidente que la ley y su anexo nombran al sector gremialista, pero es necesario distinguir al comerciante que se gana la vida mediante su trabajo, asalariado o no, como vendedor de bienes de aquel que importa, en ocasiones de contrabando, esos bienes, y que a diferencia del primero, que subsiste como buenamente puede, goza de gran fortuna y la ostenta, por ejemplo en fiestas o en palacetes de sofisticada arquitectura.

El Gobierno falla ostensiblemente en su necesidad de instalar no solo una idea o un conjunto de ideas en el debate público que faciliten la gobernabilidad, sino también un espacio de diálogo donde proponer iniciativas y buscar consensos con los actores relevantes de la oposición, que han logrado apropiarse de una parte del debate público obteniendo apenas respuestas reactivas por parte del oficialismo, que o todavía cree tener la hegemonía en los sectores populares o no sabe cómo remediar la paulatina pérdida de ésta.

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Un año después

Las y los bolivianos debemos reafirmar que las urnas son la fuente de legitimidad de las autoridades y representantes en todos los niveles.

Por La Razón

/ 20 de octubre de 2021 / 02:11

Hace un año, contra todo pronóstico, el binomio presidencial del MAS-IPSP ganó las elecciones generales con mayoría absoluta de votos. El contundente resultado (55%, 26 puntos más que el segundo) impidió que prosperara nuevamente la narrativa del “fraude”. Luego de un oscuro régimen provisorio, se retomó así la conformación del gobierno con la legitimidad de las urnas.

Los comicios de octubre de 2020 fueron la salida pacífica y democrática a la crisis políticoinstitucional de fines de 2019, producida tras las fallidas elecciones de ese año y el posterior derrocamiento del expresidente Morales. Convocados originalmente para mayo y postergados tres veces, se realizaron en un contexto de crisis múltiple, polarización y pandemia. Una vez más, la alta participación ciudadana en una jornada electoral sin incidentes demostró la fortaleza de los votos para elegir y decidir.

Para el MAS-IPSP, la victoria de Luis Arce y David Choquehuanca (que por primera vez desde 2005 sustituyó al binomio ganador Morales/ García Linera) tiene un sentido no solo electoral, sino en especial de recuperación de la democracia. La premisa es que, en noviembre de 2019, con la autoproclamación de la senadora Áñez como presidenta, se produjo una ruptura del orden constitucional y democrático. Por supuesto la oposición asegura más bien que en 2019 cayó el régimen autoritario y prorrogativo de Evo.

Más allá de la persistente disputa de narrativas sobre la crisis de octubre y noviembre de 2019, lo cierto es que la democracia boliviana y su renovada institucionalidad electoral permitieron concurrir libremente a las urnas hace un año y decidir mediante el voto (no las botas, no el quiebre, no las masacres) la conformación de los órganos Ejecutivo y Legislativo. Claro que no faltaron grupos antidemocráticos que pretendieron desconocer la voluntad ciudadana con el pedido de “junta militar”.

Hace poco, Bolivia celebró 39 años desde que, en octubre de 1982, con el gobierno de la Unidad Democrática y Popular, transitamos a la democracia. Durante este período hubo coyunturas críticas, que derivaron en salidas políticas como el acortamiento de mandato del presidente Siles Zuazo (1985), las sucesiones constitucionales tras las renuncias de Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005), y la mencionada autoproclamación, declarada inconstitucional por el TCP, de Jeanine Áñez (2019).

Un año después de los comicios generales de 2020, las y los bolivianos debemos reafirmar sin condiciones que las urnas son la fuente de legitimidad de las autoridades y representantes en todos los niveles territoriales del Estado. Esa legitimidad de origen no necesariamente garantiza la legitimidad de ejercicio. Es importante asumir que la elección democrática es una condición necesaria, pero no suficiente: también hay que gobernar democráticamente, con deliberación pública y amplia participación ciudadana.

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18 años de impunidad

Lo que ha quedado pendiente ha sido la posibilidad de juzgar al expresidente en Bolivia.

Por La Razón

/ 18 de octubre de 2021 / 00:19

Ayer se han recordado 18 años del día en que Gonzalo Sánchez de Lozada y los pocos ministros que se mantenían en su gabinete presentaron sus renuncias y huyeron del país. La precipitada huida y renuncia llegaron precedidas de seis semanas de movilizaciones populares que dejaron al menos 58 personas muertas y 400 heridas. El expresidente huido todavía no ha afrontado a la Justicia.

La sucesión de hechos que condujo a la renuncia del entonces presidente y su círculo más cercano puede rastrearse hasta inicios de septiembre de ese año, cuando coincidieron diversas movilizaciones y protestas locales, entre ellas el bloqueo de caminos en el altiplano por los campesinos que portaban un pliego de demandas de 72 puntos; la población alteña que rechazó los nuevos formularios catastrales; y las protestas conducidas por el Movimiento Al Socialismo (MAS), en contra de la venta de gas natural a EEUU y su exportación por un puerto chileno.

Un frustrado operativo para rescatar a un grupo de turistas varados en Sorata a causa de los bloqueos de caminos, que terminó con cinco muertos, fue la primera gota que derramó el vaso, ya lleno desde febrero de ese año, cuando una anterior movilización popular en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno había provocado sangrientos enfrentamientos, primero entre militares y policías y luego contra la población movilizada, que había comenzado a causar estragos en oficinas públicas y comercios del centro de La Paz.

Ya para octubre la situación del gobierno era desesperada y el entonces Presidente, apoyado por organismos multilaterales, comenzando por la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció que no renunciaría. Los intentos militares por poner un alto a las protestas fueron infructuosos y dejaron más personas muertas y heridas; pero el domingo 12 fue el más sangriento de todos, cuando el intento de llevar gasolina hasta la ciudad de La Paz en un convoy militar provocó la masacre de 26 personas.

Cinco días después, el viernes 17, presionado por una opinión pública crecientemente adversa, nuevas movilizaciones de sectores populares y una huelga de hambre protagonizada por la clase media, que en la víspera se había convertido en multitudinaria manifestación en contra del gobierno, Sánchez de Lozada huyó rumbo a EEUU dejando una carta de renuncia que fue transmitida por fax al Congreso Nacional.

En esa ocasión no hubo ruptura del orden constitucional, pues el entonces vicepresidente asumió el mando solo después de que el pleno de Congreso hubo aceptado la renuncia del mandatario huido; no solo hubo quórum reglamentario en el Congreso, tampoco un militar “acomodó” la banda presidencial al sucesor y se contemplaron todas las formalidades para el traspaso de mando. Lo que ha quedado pendiente, a causa de un deficiente manejo del aparato judicial desde entonces, ha sido la posibilidad de juzgar al expresidente en Bolivia, donde se cometieron los crímenes que hasta hoy se le imputan.

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Fin del caso Fraude

Es fundamental que tengamos la voluntad y la madurez para reconstruir nuestros lazos sociales de convivencia.

Por La Razón

/ 17 de octubre de 2021 / 00:10

Con la decisión del Ministerio Público de “ratificar el sobreseimiento” de los exvocales del TSE, concluyó formal y definitivamente el caso Fraude, iniciado en noviembre de 2019 con la detención arbitraria de todas las autoridades electorales del país. Se cierra así este oscuro capítulo, aunque seguirá persistiendo en la narrativa de quienes fueron derrotados en esos comicios.

El 10 de noviembre de 2019, horas después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, difundiera de manera prematura los “hallazgos preliminares” del “análisis de integridad” sobre las elecciones de ese año, la Fiscalía General dispuso la aprehensión de todos los vocales del TSE y de los nueve tribunales electorales departamentales. En algunos casos, violando sus derechos, se los exhibió enmanillados, como trofeo. Así arrancó el caso Fraude, dos días antes de la autoproclamación de Áñez.

Con presunción de culpabilidad, sin debido proceso, las autoridades del organismo electoral, que administraron los comicios generales de octubre de 2019 (luego declarados “sin efecto legal”), fueron acusadas por supuestos delitos electorales. El juicio penal por “fraude” derivó en declaraciones de los aprehendidos, nuevas detenciones, inspecciones de reconstrucción, audiencias y otros actos procesales. Durante un año los fiscales actuaron bajo presión y amenaza del exministro Murillo y la Procuraduría.

Transcurridos casi dos años, el caso Fraude se cierra con la “ratificación del requerimiento conclusivo de sobreseimiento”. Se dispuso así la conclusión del proceso respecto a los imputados, la cesación de medidas cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales. En este tiempo, la parte acusadora (incluyendo al dos veces derrotado candidato presidencial, Carlos Diego Mesa) no pudo aportar suficientes “elementos probatorios para sustentar la acusación”. Gritar “fraude monumental” no basta.

De manera paralela, el actual Procurador, bajo el eslogan “Acta x Acta. Democracia y Verdad”, realizó el anunciado recuento público de actas de las elecciones 2019. La previsible conclusión, para su tribuna, es que “no hubo fraude”. Demás está decir que esta acción, que no tiene ningún efecto legal dado el principio de preclusión, se inscribe en la prolongada disputa política sobre la crisis de 2019. Es claro que difícilmente modificará la percepción de quienes sostienen la narrativa del “fraude”.

A estas alturas, dado el desenlace de los hechos (elecciones 2019 sin efecto legal, régimen provisorio, elecciones 2020 con Gobierno electo), es fundamental como país, más allá de la polarización y sus creencias, que tengamos la voluntad y la madurez para reconstruir nuestros lazos sociales de convivencia. Los procesos políticos pasan, la sociedad queda. Ello no implica, por supuesto, renunciar a la imprescindible exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición. Veamos cómo se cierra el caso Golpe.

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