Opinión

Saturday 10 Dec 2022 | Actualizado a 01:07 AM

Tiempos políticos

Haría bien la comisión en considerar la temporalidad política que permita un gran acuerdo contra la impunidad.

Por La Razón

/ 8 de septiembre de 2021 / 01:08

La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa postergó sin fecha el análisis de las proposiciones acusatorias contra la expresidenta del régimen transitorio Jeanine Áñez. Parece una buena señal, pues además de cuidar el procedimiento, implicaría considerar tiempos políticos en búsqueda de acuerdos que viabilicen al menos un juicio de responsabilidades.

Luego de haber resuelto varios procesos que estaban engavetados, la comisión debía tratar hoy las cuatro proposiciones acusatorias contra Áñez derivadas por el Tribunal Supremo de Justicia, a requerimiento de la Fiscalía General del Estado, para la decisión correspondiente sobre la autorización o no de juicios de responsabilidades. La celeridad de la comisión en estos casos, que son objeto de debate político, contrasta con el rezago de procesos que datan incluso de hace tres lustros.

Con relación a la expresidenta del régimen provisorio, a la fecha hay cuatro procesos orientados a juzgar delitos que habrían sido cometidos en el ejercicio de sus funciones: el crédito contraído con el FMI sin autorización de la Asamblea, el Decreto Supremo 4200 que penalizaba la libertad de expresión, la ampliación de registro de comercio en favor de Fundempresa y las masacres de Sacaba y Senkata. En este último caso, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es inequívoco.

Entre otras razones no declaradas, es probable que la decisión de la Comisión Mixta de Justicia Plural de postergar el tratamiento de estos casos responda a la necesidad de asegurar su autorización en el pleno de la Asamblea por al menos dos tercios de votos de los presentes. Dicha mayoría especial está en duda toda vez que las dirigencias de Comunidad Ciudadana y de Creemos condicionan sus votos. Habrá que ver cómo deciden en conciencia las y los asambleístas ante un hecho tan grave como las masacres.

Respecto a los juicios de responsabilidades contra Áñez, algunas voces, incluso del oficialismo, sostienen que este camino supone reconocer que hubo sucesión constitucional (como si el juicio contra el exdictador García Meza hubiese significado avalar su régimen de facto). Plantean por tanto la vía ordinaria, como ocurre ahora mismo con el caso Golpe. Pareciera más bien que la vía ordinaria es una suerte de “plan B” en caso de que no prospere el juicio de responsabilidades autorizado por la Asamblea.

Como sea, más allá de los intereses políticos en disputa, así como de las condiciones planteadas por las fuerzas opositoras para viabilizar un juicio de responsabilidades contra Áñez y los suyos, es indiscutible que en el caso de las masacres de Sacaba y Senkata debe primar la exigencia de justicia centrada en las víctimas (21 personas asesinadas, cientos de heridos). En ese horizonte, haría bien la comisión en considerar la temporalidad política que permita un gran acuerdo contra la impunidad.

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Democracia asediada

Igualmente, lo sucedido ayer en Perú es una alerta sobre la fragilidad de la democracia y sus instituciones.

Por La Razón

/ 8 de diciembre de 2022 / 02:24

Varias encuestas realizadas en Bolivia así como en otros países revelan desde hace años un menguante aprecio por la democracia, al mismo tiempo que el reconocimiento de que es el mejor de los modos de gobierno posibles. Eso significa que las democracias no están aseguradas en la región y que, más bien, hoy más que nunca están bajo asedio, incluso desde adentro del gobierno.

Lo sucedido el martes en Argentina, donde la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández fue sentenciada a seis años de prisión y, sobre todo, a no volver a presentarse a cargo electivo alguno de por vida, es la más reciente muestra del ejercicio del ahora llamado lawfare y que dicho en sencillo es usar de manera dolosa los mecanismos que la ley habilita para dañar a un adversario político. Sucedió hace años con el ahora presidente electo de Brasil, Lula da Silva.

El verdadero problema con este mecanismo es que implica, en primer lugar, la supresión del debido proceso, en una, varias o todas las etapas del trámite; así lo demostró a lo largo del juicio la ahora sentenciada (que todavía tiene al menos dos instancias de apelación), quien sin embargo anunció en emotivo discurso que no tiene más interés en postular nuevamente. La ausencia del debido proceso, además de ser una flagrante vulneración de un derecho humano, merma la calidad y la confiabilidad del sistema de justicia, y con él, su aporte al sistema democrático.

Igualmente, lo sucedido ayer en Perú es una alerta sobre la fragilidad de la democracia y sus instituciones. Al anuncio de una sesión congresal en la que se votaría la vacancia o no de la presidencia de la República por “incapacidad” de su titular, el presidente Pedro Castillo, éste pretendió darse un golpe de Estado disolviendo el Congreso y anunciando medidas de excepción.

Junto con Castillo, al menos cinco presidentes ocuparon el cargo en los últimos seis años, prueba de la fragilidad de esa presidencia a causa de mecanismos constitucionales espuriamente empleados por los opositores a cada uno de los mandatarios. El intento de golpe del ahora expresidente fue neutralizado por sendas declaraciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas, sin cuya participación era imposible el plan anunciado; prueba, además, de que la democracia sigue siendo “tutelada” por las instituciones armadas de los países.

Finalmente, en Bolivia, las aguas del Gobierno están más agitadas que nunca debido a una evidente fractura en el partido oficialista, cuyos bandos están llegando a extremos antidemocráticos en la querella. Al asedio constante de una oposición fragmentada ideológicamente pero unida en el propósito de dañar al Gobierno, y ampliamente apoyada por sus operadores mediáticos, se suma la falta de claridad en los líderes y dirigentes, dispuestos a romper las instituciones con tal de que prevalezcan sus intereses, de clase, grupo o personales. Son tiempos de gran peligro para el Estado de Derecho.

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La ley y el pacto

El paro indefinido cruceño se pudo evitar: con más diálogo y menos consignas.

Por La Razón

/ 4 de diciembre de 2022 / 00:36

La Ley de Aplicación de Resultados del Censo, finalmente promulgada por el presidente Arce, ha generado amplia polémica sobre su contenido y necesidad. Su aprobación pactada expresa también la división interna en el MASIPSP, incluidas listas de “traidores”. Y es una norma que dio respiro a la élite cruceña, extraviada tras su derrota por la fallida consigna de Censo 2023.

Durante la radicalizada disputa en torno al Censo, la discusión se concentró en la fecha y menos en el instrumento legal. La demanda cruceña giraba en torno a un nuevo decreto supremo que adoptara su consigna de realizar el Censo en octubre de 2023. Luego de varias reuniones y de una mesa técnica, hubo nuevo decreto, fijando el 23 de marzo de 2024 como fecha del Censo. Entonces, como recurso desesperado, surgió la idea de “ley mata decreto” (sic). Querían bajar el decreto presidencial con una ley.

Un masivo pero extraño cabildo departamental, sin ninguna deliberación, aprobó la exigencia de que el decreto de Arce (Censo en marzo 2024) se convierta en ley. Ofuscados asambleístas de Creemos y de Comunidad Ciudadana presentaron cinco proyectos de ley, nada menos, insistiendo en la consigna política de Censo en 2023. Hasta que el propio Comité Interinstitucional cruceño reconoció que era algo técnicamente imposible. La nueva exigencia apuntó a una ley que garantice la aplicación de resultados del Censo.

¿Era necesaria una ley que estableciera lo que ya había sido definido en un decreto supremo? Una facción del MAS-IPSP, afín al presidente Arce, en sintonía con la oposición, aceptó aprobar dicha ley como concesión para que se levantara el paro indefinido. Otra facción de la bancada masista, afín al expresidente Morales, desahució la necesidad de la ley, denunciando un “pacto con la derecha golpista”. La ley se aprobó en la Asamblea Legislativa con la mayoría formada por el grupo arcista y la oposición.

Hay quienes ven en este hecho una suerte de resurgimiento de la malograda “democracia pactada”. No parece comparable. Si bien la ley del Censo implicó un acuerdo no declarado entre una parte del oficialismo y las fuerzas opositoras, ello está lejos de implicar un pacto político y, menos aún, una coalición multipartidista. Fue más bien una convergencia circunstancial con arreglo al conflicto y su desenlace. Cierto que con el decreto bastaba, pero la ley brindó una salida menos deshonrosa a la élite cruceña.

La ley entonces logró el propósito de superar el conflicto, al menos por ahora. Pero el acuerdo que la hizo posible no niega la evidencia de que durante esta inútil disputa hubo un fracaso de la política y de todos sus actores relevantes. El paro indefinido cruceño se pudo evitar: con más diálogo y menos consignas. Igual quedan las secuelas de una medida radical, hoy desgastada, que luego de 36 días no logró su propósito y dejó en cambio heridas y varias violaciones de derechos humanos que deben ser sancionadas.

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Violencias cotidianas

La poca atención que mereció el tema el 25 de noviembre es un buen motivo para recordar que las violencias son cotidianas.

Por La Razón

/ 1 de diciembre de 2022 / 01:23

Hace una semana, mientras gran parte de la opinión en el país tenía puesta su atención en Santa Cruz de la Sierra y el paro indefinido impuesto por su Comité Cívico, se conmemoró el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta vez menos publicitado que otros años y sin embargo igual o más trascendente que la disputa por la fecha del Censo o la ley al respecto.

La ocasión sirvió para desempolvar estadísticas ya añejas, pero también para señalar alarmantes resultados de estudios recientes. La violencia contra la mujer es, en realidad, un conjunto de violencias: expresiones agresivas, violentas y denigrantes contra quienes no son varones. Se argumenta que violencia sufren todas y todos y que la balanza de la justicia se inclina a un lado; estos argumentos omiten reconocer que la proporción de actos de violencia contra ellas es muy superior a la que padecen ellos. Reconocer esta diferencia es un imprescindible primer paso.

Las violencias contra las mujeres se reproducen cotidianamente, pero también se actualizan adaptándose a los nuevos medios de comunicación. En 2016, 75 de cada 100 mujeres reconocieron que habían sido víctimas de violencia en el curso de su relación de pareja; es difícil que esa proporción haya variado en los últimos años, y el Censo podría servir para actualizar algunos de esos datos. En 2022, el catálogo de violencias contra las mujeres incluye un variado arsenal de formas de agresión a través de las redes sociales.

Un informe de la Organización de Nacionales Unidas (ONU) con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revela que en Bolivia se registran, en promedio, dos intentos de feminicidio cada día; hasta el último día de octubre, se habían registrado 80 asesinatos de mujeres por violencia feminicida. En Sudamérica, Bolivia es el país con más feminicidios, y en el continente ocupa el cuarto lugar en la infame lista.

La violencia sexual es un universo de manifestaciones que van desde miradas lascivas y demandas impropias, hasta violaciones grupales. Durante el mencionado paro cívico en Santa Cruz, solo la Casa de la Mujer recibió un promedio de ocho denuncias de violación cada día, varias de ellas perpetradas por “manadas”; a ello se añade la revictimización a la que se somete quien denuncia, agravada esta vez por los comportamientos autoritarios en los puntos de bloqueo.

El Gobierno lanzó una Campaña Revolución Cultural para la Despatriarcalización, con el lema “Un país no puede estar bien si tan solo una mujer está mal”, pero sin dar muchas muestras de verdadero compromiso con la causa. En todo caso, la poca atención que mereció el tema el 25 de noviembre es un buen motivo para recordar que las violencias son cotidianas y así debería ser la reflexión, pero sobre todo la acción, para cambiar ese estado de cosas. La sociedad entera debe involucrarse en la tarea.  

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Fin de un paro ‘concho’

El cabildo se desvirtuó como mecanismo y el paro degeneró en violencia.

Por La Razón

/ 27 de noviembre de 2022 / 03:10

El Comité pro Santa Cruz anunció finalmente el levantamiento del paro departamental que duró 36 días. Tras asumir que su consigna de Censo en 2023 era técnicamente inviable, la última exigencia fue una ley, aprobada en Diputados. El Censo se hará en marzo de 2024. Fue una derrota de todos, en especial de la élite cruceña, hoy encabezada por el gobernador Camacho.

Los hechos son por demás conocidos. El Censo de Población y Vivienda debía hacerse en noviembre de este año. Así lo aseguraban diferentes autoridades durante varios meses. De pronto, en julio, en el marco del Consejo Nacional de Autonomías, se decidió postergarlo para mayo o junio de 2024. Desde entonces, la dirigencia cruceña expresó su rechazo, asumiendo la consigna de Censo en 2023. El 30 de septiembre, un cabildo dio ultimátum con anuncio de paro indefinido. Tal paro se inició el 22 de octubre. Hasta ayer.

Desde antes del cabildo, la élite cruceña asumió que la única forma de evitar el paro indefinido, primero, y de suspenderlo, después, era que el Censo se hiciera el año 2023, “sí o sí”. Vanas fueron las reuniones, mesas de trabajo y explicaciones técnicas que sostenían la propuesta oficial de 2024, ampliamente aceptada por gobernadores, alcaldes y rectores más allá de Santa Cruz. Como advirtieron reiteradamente Camacho y el cívico Calvo, ceder en el año era un acto de traición con muerte civil.

Así transcurrió más de un mes de paro indefinido. La élite cruceña apostó por nacionalizar el conflicto, pero ningún otro departamento se sumó a la radical medida. Asumiendo el resultado de la mesa técnica, el 12 de noviembre el presidente Arce aprobó un decreto fijando para el 23 de marzo de 2024 la fecha del Censo y la distribución de recursos desde septiembre del mismo año. No fue suficiente para levantar el paro. Un nuevo cabildo, no deliberativo, exigió que el decreto “se formalice en una ley”.

La exigencia de ley trasladó el conflicto al ámbito institucional. Aunque el cabildo había aceptado implícitamente la fecha del decreto, los asambleístas de la oposición presentaron cinco proyectos de ley distintos, todos insistiendo en 2023. Hubo división también en el oficialismo sobre la necesidad o no de una ley. Al límite, el Comité cruceño reconoció que el año ya no era lo determinante. “Es un concho” (lo residual), dijo un criticado Camacho. Había que asegurar también la distribución de escaños.

El balance del conflicto en torno al Censo deja un saldo negativo para el país. El cabildo se desvirtuó como mecanismo y el paro degeneró en violencia y violación de derechos humanos. Hubo muertos, heridos, abusos y elevadas pérdidas económicas. Hay costos de legitimidad también para el Gobierno central y el presidente Arce. Y la élite cruceña perdió el rumbo, entre la tozudez y el extravío. Fue una derrota de la política, que deja heridas abiertas y una renovada agenda sobre “la cuestión cruceña”.

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Encauzar la política

Santa Cruz de la Sierra sigue secuestrada por eficaces minorías que no solo siguen bloqueando calles.

Por La Razón

/ 24 de noviembre de 2022 / 01:18

Cuando el 13 de noviembre el cabildo de Santa Cruz de la Sierra “aprobó” el impulso de una ley que “fije” la promesa presidencial de realizar el Censo en 2024 y entregar resultados hasta septiembre de ese año, parecía que la política volvía al cauce republicano al poner en manos de las y los asambleístas la resolución del conflicto. Pero el proceso es más difícil de lo esperado.

Las primeras lecturas de lo decidido en ese cabildo cruceño, luego de un confuso discurso pronunciado por el presidente del Comité pro Santa Cruz a través de un video, apuntaron, por un lado, que el devolver el debate sobre este conflictivo tema a la Asamblea Legislativa significaba recuperar el rol constitucional de este órgano del Estado, hasta ahora secuestrado por poderes fácticos de una y otra orientación político ideológica.

Por otra parte, también podía ser interpretado como el reconocimiento por parte del Comité Interinstitucional cruceño de los límites de la movilización iniciada, con hoy, hace 34 días y, al menos en la interpretación de su portavoz, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, como un logro, porque al margen de la fecha de la realización del Censo se había obtenido el compromiso de redistribuir recursos fiscales y recalcular la asignación de escaños parlamentarios antes del fin de 2024, según lo demandado por Santa Cruz.

Sin embargo, desde que la bancada del partido en función de gobierno presentó el primer proyecto de ley, los obstáculos y tropiezos no han hecho más que multiplicarse. Hasta ahora, la Comisión de Constitución tiene seis proyectos diferentes, varios de ellos que porfían en fijar la fecha del Censo en 2023 a pesar de la tácita aceptación de la dirigencia cívica cruceña; en varias ocasiones no se observaron las formalidades procedimentales; la pugnacidad entre oficialistas y opositores no ha disminuido ni un ápice; y la división en el seno de la bancada del MAS no hace más que acentuarse, haciendo imposible la aplicación del “rodillo parlamentario” que durante años funcionó en la Asamblea.

Así, Santa Cruz de la Sierra sigue secuestrada por eficaces minorías que no solo siguen bloqueando calles y avenidas, sino que muestran signos de creciente autoritarismo y maldad, mientras cada vez más grupos de la sociedad claman por un alto al paro que casi a nadie le parece necesario a estas alturas. El máximo dirigente cívico, sin embargo, hace oídos sordos a este clamor y alimenta la confrontación con discursos cargados de odio y de falacias respecto del Gobierno.

Toca ahora que las y los asambleístas depongan sus actitudes hostiles y hasta antidemocráticas, y se hagan cargo de la responsabilidad que la Constitución les asigna y que el voto popular les ha otorgado. Ya no es aceptable que dirigentes y líderes que no han recibido mandato alguno sigan dictando la agenda y entorpeciendo el debate democrático en función de sus oscuros intereses y no de los del pueblo al que dicen representar.

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