Opinión

lunes 27 sep 2021 | Actualizado a 21:02

Porvenir en la memoria

El gobierno transitorio instruyó a la Justicia otorgar libertad pura y simple al exprefecto.

Por La Razón

/ 13 de septiembre de 2021 / 01:32

El 11 de septiembre es una fecha cargada de recuerdos, y los medios de comunicación del mundo la asocian con los ataques perpetrados en 2001 en Estados Unido; otros, con mejor memoria, con el ataque al Palacio de la Moneda y el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile en 1973. Los menos recuerdan que ese día en 2008 hubo una balacera fatal en Pando.

El 11 de septiembre de 2008 fue un día de tragedia motivada por un odio desatado a propósito de la resistencia de las élites al gobierno instalado en 2006, el que por primera vez en la historia había obtenido más del 50% de los votos, que había resultado fortalecido en un referéndum revocatorio meses antes y que impulsaba contra viento y marea una nueva Constitución Política del Estado.

Entonces, identificados con el nombre de “media luna”, los prefectos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, apoyados por sus respectivos comités cívicos, articulaban medidas de resistencia contra las decisiones gubernamentales empleando como acicate de la movilización ciudadana el regionalismo y el racismo. En Pando, particularmente, se había creado las condiciones para rechazar en la capital a los campesinos, asociados con una supuesta ola migratoria de colonizadores “de occidente”.

Ese día trágico, los campesinos de varias regiones del departamento tenían planeado llegar hasta la capital, Cobija, para tomar las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria, supuestamente amenazadas; los ánimos se habían ido caldeando durante los días previos a la movilización y el entonces prefecto, Leopoldo Lopez dispuso el uso de maquinaria del gobierno departamental para cavar zanjas que impidiesen el paso de los movilizados; a uno de los puntos llegó un grupo armado, que fue el que luego disparó contra la columna de campesinos y terminó causando 13 muertes.

Días después, el Prefecto fue arrestado en la puerta de su oficina y trasladado hasta La Paz para ser sometido a juicio, acusado de haber sido el autor intelectual de lo que desde entonces se conoce como Masacre de Provenir. El proceso duró casi nueve años, al cabo de los cuales el imputado ya había logrado el beneficio de la prisión domiciliaria; la sentencia lo condenó a 15 años de prisión. En diciembre de 2019, a pocos meses de cumplirse la sentencia, el gobierno transitorio instruyó a la Justicia otorgar libertad pura y simple al exprefecto.

La abogada de las víctimas sostiene que el caso no solo ha terminado sin brindar verdadera justicia, sino que, lo que es peor, cada vez menos gente lo recuerda, y es posible que para las nuevas generaciones nunca haya existido. El problema no es solo que las víctimas terminarán en el olvido, lo cual ya es inaceptable, sino que en el futuro serán pocos quienes recuerden esta tragedia y puedan alertar de su posible repetición. Las causas que produjeron la matanza están todavía presentes entre la población.

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Emprendimiento boliviano

El Estado bien puede aportar a las ‘startups’ con políticas, planes y programas de apoyo y estímulo.

Por La Razón

/ 27 de septiembre de 2021 / 01:25

Años atrás, Bolivia se convirtió en referente mundial por el negocio de los microcréditos, pequeños préstamos para iniciar igualmente pequeños negocios en los que se aceptaba la garantía solidaria en lugar de bienes. Hoy muchas y muchos jóvenes continúan abonando a la cultura emprendedora creando constantemente pequeños emprendimientos empresariales, que merecen apoyo y estímulo.

Un reciente estudio, titulado Mapeo del ecosistema de tecnología digital en Bolivia 2021, impulsado por la Fundación para la Producción (Funda-Pró), Solydes, Emprender Futuro, BIM Asset Management e ICCO Cooperación descubrió que actualmente están activos 155 emprendimientos, también llamados startups, palabra inglesa que nombra este tipo de negocios emergentes; de ellos, 54% está en Santa Cruz; 30%, en La Paz, 8% en Cochabamba, y Sucre, Tarija y El Alto tienen el 2,7% en cada ciudad.

El mismo estudio demuestra que en 2019 había 152 emprendimientos activos, cifra que subió a 160 en 2020; en 2021 se ha identificado que 155 siguen activas, y que de ellas 50 fueron creadas entre enero y agosto de este año, lo cual también habla de la alta tasa de fracaso que puede tener un emprendimiento de pequeña o mediana inversión. Consultados al respecto, 62% de los y las emprendedoras reconocieron que en 2020 no pudieron generar flujo de efectivo, lo cual no les detuvo. Por el contrario, 46% de ellas encontró en la pandemia un impacto positivo y hasta una “gran oportunidad” para generar negocios.

La observación de las características específicas de este tipo de emprendimientos muestra que se trata de negocios de jóvenes: solo un tercio de las personas dedicadas a las startups tiene más de 30 años de edad, misma proporción se encuentra en la distribución por género: de cada tres emprendedores, dos son varones y una es mujer. Del total de empresas identificadas, 67,6% tiene menos de dos años de antigüedad, 24,3% tiene entre dos y cinco años y solo el 8,1% tiene más de cinco años. Casi ocho de cada 10 empresas tienen a las tecnologías de información y comunicación como columna vertebral del negocio, 14% las necesitan por ser “de mucha ayuda” y 8% las considera “herramienta adicional”.

Sobre el negocio en sí, el informe revela que en 2020 el promedio de personas trabajando para cada emprendimiento era de cuatro, este año el promedio subió a seis y se espera que en 2022 la cosa mejore todavía más. Distribuidas en 18 sectores de negocio, la primera mayoría está dedicada a los servicios de transporte (13,5%); le siguen ventas al menudeo, servicios de comercio electrónico y de software empresarial, con 10,8% cada una.

¿Qué necesitan para prosperar? Apoyo, que puede traducirse en formación y capacitación en gestión empresarial, redes de contactos, tecnología y apoyo legal, entre muchos otros. El Estado bien puede aportar con políticas, planes y programas de apoyo y estímulo, como ha hecho con otros sectores clave de la economía. Tal vez el futuro de los negocios esté en los pequeños emprendimientos.

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Gobernador destemplado

La actitud de Luis Fernando Camacho es más propia de jefe de pandilla que de una autoridad electa.

Por La Razón

/ 26 de septiembre de 2021 / 00:12

Los actos conmemorativos de los 211 años de la gesta libertaria cruceña fueron empañados por un destemplado gobernador que negó el uso de la palabra al presidente en ejercicio del Estado, David Choquehuanca. Prohibió también la iza de la wiphala. La actitud de Camacho es más propia de jefe de pandilla que de una autoridad electa. La hospitalaria Santa Cruz es mucho más que eso.

“Con mi discurso el acto se da por cerrado”, dijo terminante un autoritario Camacho desconociendo que, por protocolo, correspondía el uso de la palabra a la máxima autoridad presente del Estado Plurinacional, el Presidente en ejercicio. Previamente, la Gobernación había prohibido que los ministros se sentasen en primera fila y ahora dice que la iza de la wiphala “en ningún momento estuvo prevista en la agenda”. Se trataba precisamente de un acto de iza de la bandera. ¿Camacho debe autorizar la iza de la wiphala?

En su discurso, Camacho habló de libertades y democracia, dijo lo que quiso en ejercicio de tales libertades, pero resulta que no fue capaz de escuchar a Choquehuanca. Parece que su idea de democracia termina en el monólogo. Su justificativo es tan torpe como su negación de la palabra: “No vamos a permitir que vengan a humillarnos, si allá en otro lugar (Expocruz y sesión del Concejo Municipal) le han dado la palabra, aquí se equivocó, aquí vamos a hacer respetar nuestra tierra” (sic).

La destemplada actitud del gobernador derivó luego en que un grupo de exaltados baje la wiphala izada poco antes por Choquehuanca junto con la tricolor. “Han venido a querer imponer su bandera, el pueblo la ha sacado, a nosotros no nos representa y es una confrontación que ellos hacen”, intentó explicar Camacho. El nuevo ultraje a la wiphala ignora que es un símbolo oficial del Estado reconocido en la Constitución Política, así como un emblema de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

El rudo acto “protocolar” cruceño marca un nuevo capítulo en la persistente disputa de narrativas en torno a los hechos de 2019. En su mensaje en el Concejo, Choquehuanca sostuvo: “La democracia inclusiva se defenderá con todo lo que tiene a su alcance para desterrar todas las formas de fascismo, para desterrar todas las formas de colonialismo interno y externo”. Camacho en tanto habló de “fraude electoral” y de “dictadores”. Y remató con una amenaza: “Vamos a terminar lo que empezamos”.

Más allá del olvidable episodio propiciado por Camacho y los suyos (que incluyó el chicoteo de un indígena de tierras altas), la buena noticia es que el departamento de Santa Cruz constituye un referente ejemplar e ineludible de unidad y de integración nacional; y su gente demuestra cada día, sin exclusiones ni odios, la máxima que dice: “Es ley del cruceño la hospitalidad”. Ninguna autoridad de paso, dirigente cívico o grupo violento y racista podrá impedir que en Santa Cruz habite y conviva toda Bolivia.

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Culpabilidad o inocencia a la carta

Es una muestra más del empobrecimiento intelectual y moral que nos genera la polarización en su versión más simplona.

Por La Razón

/ 25 de septiembre de 2021 / 01:05

La desconfianza en la Justicia se ha extendido a tal extremo que las percepciones de la opinión pública sobre ciertos casos judiciales dependen de la posición política de las personas involucradas y de los que opinan sobre la misma. Todo se vuelve relativo, según el cristal con que se mire. En esa ruta insana, las instituciones y la democracia se van deshilachando poco a poco.

Las recientes novedades en uno de los varios casos judiciales que afectan a Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba, están generando polémica y se han vuelto un motivo para exacerbar la polarización política. Para los oficialistas, esa autoridad sería culpable de graves delitos y debería ser destituida de sus funciones; mientras que, para el involucrado y muchos opositores, todo sería una tramoya para precipitar su salida del cargo y desacatar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Esas reacciones son casi automáticas. Simplificando, como el señor es un funcionario de signo contrario al Gobierno, necesariamente debe ser culpable para los masistas y obviamente inocente para los opositores. Pocos se preocupan del fondo de los casos ni reflexionan sobre los argumentos que sustentan las decisiones judiciales. Es una muestra más del empobrecimiento intelectual y moral que nos genera la polarización en su versión más simplona.

Similar fenómeno se ha producido en otras situaciones de gravedad, como las relacionadas con las responsabilidades de la expresidenta Áñez y de varios de sus ministros en las vulneraciones de derechos humanos, ya ampliamente conocidas y demostradas, que dañaron dramáticamente a decenas de familias bolivianas.

Esta decadencia tiene que ver con los enormes problemas del sistema judicial, que en muchos episodios sigue mostrando su falta de ecuanimidad, su deseo de complacer al poderoso de turno y su tendencia a interpretar las leyes siempre desde su lado más punitivo y poco escrupuloso con los derechos humanos de los ciudadanos. Los mismos jueces y fiscales que cometieron abusos en el anterior gobierno con aquellos que percibían que no tenían poder o influencia en esa coyuntura, tienden ahora a actuar de similar forma. Eso sin importar si esas personas son auténticamente culpables o inocentes.

Sin embargo, sería muy fácil solo apuntar a las falencias del Poder Judicial. Los funcionarios, políticos, periodistas e incluso muchos de los ciudadanos de a pie contribuyen activa o pasivamente a esta debacle. Lo hacen utilizando a la Justicia para dañar al adversario sin importar el costo, aunque antes ellos también sufrieron esos excesos, proclamando culpabilidades o inocencias anticipadamente cuando no es su tarea sino de las instituciones especializadas, opinando o titulando las noticias según de quien se trate o simplemente sembrando dudas y sospechas sobre cualquier decisión judicial desde el prejuicio y la animadversión al que piensa diferente a uno mismo.

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Mercado de la coca

Toca hacer los máximos esfuerzos por hallar un punto de encuentro y acuerdo entre los bandos cocaleros.

Por La Razón

/ 24 de septiembre de 2021 / 01:51

El martes último se ha producido una nueva batalla campal por el control del mercado legal de hoja de coca en La Paz. En los últimos años han sido numerosos los enfrentamientos entre bandos que pugnan por controlar la institución cocalera, pero esta vez fue diferente: ya no son dos, sino cuatro los dirigentes que desean controlar el negocio, y un periodista sufrió agresión policial.

Fue a mediados de 2018 que una emboscada cerca de La Asunta terminó con un teniente de policía muerto; inmediatamente las autoridades de gobierno culparon al máximo dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, de ser el autor intelectual del enfrentamiento y responsable del saldo fatal; pocas semanas después fue detenido. Meses antes, el dirigente había anunciado su deseo de ser candidato presidencial en las elecciones de octubre de 2019.

Dado el vacío de poder, otra dirigente yungueña, supuestamente afín al gobierno del MAS, intentó hacerse con la presidencia de Adepcoca, pretensión que fue resistida por cocaleros afines al dirigente encarcelado. Los enfrentamientos se repitieron una y otra vez, a menudo empleando violencia y, casi siempre, dinamita. Finalmente, ante la imposibilidad de establecer su dominio sobre el edificio ubicado en Villa Fátima, sede del mercado donde se comercia legalmente la hoja de coca, pretendió, a mediados de 2019, transformar la clínica del gremio en una suerte de mercado paralelo, con tácita aprobación gubernamental.

Gutiérrez recuperó su libertad en noviembre de 2019, al igual que muchos dirigentes y líderes políticos que fueron liberados tras el ascenso de Jeanine Áñez a la presidencia. Entonces comenzó una nueva ola de enfrentamientos por el control de la institución y, sobre todo, del codiciado mercado legal. A inicios de 2020, el dirigente anunció que declinaba su pretensión de ser candidato presidencial, supuestamente con el propósito de permitir una candidatura de consenso capaz de hacer frente al candidato del MAS.

A fines de 2020, un frustrado intento de elecciones para la presidencia de Adepcoca dejó ya no solo a los dos dirigentes enfrentados, sino a otros dos más, uno de los cuales decidió nombrarse a sí mismo en el puesto, ampliando y profundizando el conflicto, lo cual explica que en la refriega del martes hayan participado cuatro bandos, además de la fuerza policial, que sin razón aparente agredió y arrestó por unas horas a un periodista del matutino Página Siete, causando justificada indignación en los gremios periodísticos y las instituciones de Derechos Humanos.

Queda ahora la duda de cómo resolverá el Gobierno el entuerto creado en la única institución legalmente habilitada para comercializar la polémica hoja, así como inquietud sobre lo que significa para las y los periodistas lo ocurrido con el colega. Toca hacer los máximos esfuerzos por hallar un punto de encuentro y acuerdo entre los bandos cocaleros. Pero también toca garantizar, en los hechos y no solo en palabras, la seguridad de quienes deben hacer noticias sobre el tema.

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Rentas vitalicias

Estas rentas son demasiado importantes como para dejarlas libradas a la hipocresía y la maledicencia selectiva.

Por La Razón

/ 22 de septiembre de 2021 / 02:11

Desde mayo de 2013, la Ley 376 establece un reconocimiento pecuniario a los ciudadanos que ejercieron la presidencia y vicepresidencia constitucional del Estado. Con ocho años de retraso, algunos operadores mediáticos de la oposición descubrieron que un expresidente tiene derecho legal al beneficio. En su momento, el asunto fue objeto de debate político y hubo decisión legislativa.

La mencionada Ley 376 otorga un reconocimiento pecuniario equivalente a 10 salarios mínimos mensualmente a favor de los expresidentes y exvicepresidentes del Estado. El beneficio se recibe de manera vitalicia. Para acceder al mismo, es necesario hacer una solicitud formal ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El único requisito es un documento oficial que certifique el periodo correspondiente de ejercicio del mandato constitucional. Parece un trámite sencillo.

Con este aval legal, los expresidentes y exvicepresidentes constitucionales que hayan realizado la solicitud reciben mensualmente el beneficio. Sería el caso de Jaime Paz Zamora, Jorge Quiroga, Carlos Diego Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé, Evo Morales, Víctor Hugo Cárdenas y Álvaro García Linera (los otros expresidentes y exvicepresidentes constitucionales han fallecido y uno fugó del país). Cada uno de ellos puede decidir libremente si accede al reconocimiento pecuniario y cómo lo utiliza.

Así pues, resulta curioso que algunos operadores mediáticos del campo opositor cuestionen el derecho que tiene un expresidente constitucional, como Evo Morales, de acogerse al beneficio. Y hagan “noticia” de ello. Cierto que Morales declaró en 2007 que no iba a “percibir ningún salario” cuando abandone Palacio de Gobierno, pero hay una ley vigente desde 2013 que dispone el beneficio. Y lo que haga el expresidente con su renta, como donarla o no para ollas populares, es decisión propia.

Por otra parte, se cuestiona que la expresidenta del régimen provisorio, Jeanine Áñez, no reciba el reconocimiento pese a haberlo solicitado. Al parecer no tiene forma de acreditar su condición de “expresidenta constitucional” luego de su autoproclamación en noviembre de 2019 ante una Asamblea Legislativa sin quórum. Es evidente también que el actual Ministerio de la Presidencia difícilmente otorgará la certificación requerida al considerar que el derrocamiento de Morales fue resultado de un golpe.

Más allá de la obsesión que provoca Evo Morales en algunos actores opositores, el reconocimiento pecuniario para los expresidentes y exvicepresidentes constitucionales debiera ser objeto de información pública y transparente. Al ser un asunto de interés público e implicar el uso de recursos del Tesoro General, por supuesto también debe ser objeto de deliberación en cualquier momento. Las rentas vitalicias son demasiado importantes como para dejarlas libradas a la hipocresía y la maledicencia selectiva.

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