Ayer, luego de 37 días de caminata arribó a Santa Cruz de la Sierra la marcha convocada por exdirigentes indígenas de tierras bajas; como era previsible, la llegada de la columna humana recibió gran cobertura de prensa y numerosas manifestaciones de solidaridad de parte de la ciudadanía y las autoridades locales; ahora toca que comience la negociación entre marchistas y autoridades.
Es irónico, pero los dirigentes de la marcha prefirieron no acudir al diálogo propuesto por ellos mismos en un lugar de su elección y en un horario también decidido por ellos. No solo eso, las autoridades de gobierno, representantes de los ministerios de la Presidencia y de Gobierno, encabezadas por los viceministros de Coordinación con los Movimientos Sociales y de Seguridad Ciudadana, afirmaron que seguían sin conocer el pliego petitorio de los marchistas, mientras algunos medios locales ya tenían una copia del documento y le daban amplia difusión.
Al parecer, la decisión acordada de declarar cuarto intermedio en un diálogo que no había comenzado siquiera tiene que ver con la necesaria socialización entre las bases de la caravana de marchistas del pliego de 15 puntos divulgado por los medios pero no entregado oficialmente a la contraparte, los representantes del Gobierno.
Desde el inicio de su andadura, los dirigentes de la marcha reconocieron no tener un pliego o un documento de demandas, más allá del difuso y sin embargo central reclamo de tierra, territorio y dignidad. A su favor, el reclamo indígena de tierras bajas tiene la legitimidad de ser testimonio de las cortapisas impuestas al ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos a los pueblos indígena originario campesinos; también el reclamo por la instrumentalización de las identidades indígenas a favor de un proyecto hegemónico.
En su contra tienen que los discursos hegemónicos cruceñistas también parecen estar instrumentalizando la importancia y trascendencia de una movilización indígena. Todo ello sazonado con una presión sobre la posesión y uso de la tierra (incluso transformando la vocación productiva del suelo) en la que muchos actores se hacen invisibles detrás de la cortina de humo provocada por las quemas de bosques y pastizales.
Urge, pues, que el diálogo entre marchistas y autoridades se inicie, no solo para evitar un conflicto del que pocos se beneficiarían, en detrimento de las legítimas demandas indígenas, sean de tierras altas o bajas, sino sobre todo como evidencia de la posibilidad de buscar y hallar puntos de encuentro a través del debate de ideas y posiciones.
La urgencia de dialogar aparece al cabo de la marcha indígena, pero también en el resto de los ámbitos y temas dominantes de la agenda. Después de casi un año de exacerbación de las contradicciones, hace falta recuperar el sentido de la política y de los modos democráticos, cosa que posiblemente muchos actores políticos están deseando que ocurra.