El escándalo desatado con la quiebra e intervención del Banco Fassil, agravado con la macabra noticia del suicidio del interventor el sábado último, se ha convertido en un vórtice donde coinciden todos los discursos políticos descalificadores del adversario y sus prácticas, pero sobre todo en la evidencia de que en la próspera Santa Cruz de la Sierra pasan cosas que merecen preocupación.

El más preocupante de los síntomas del descalabro producido por la caída del banco que en menos de una década creció hasta convertirse en uno de los cinco más grandes del país fue el suicidio del interventor designado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y que, entre el momento del suceso y el martes por la noche, cuando el Ministro de Gobierno reveló los resultados y conclusiones de las pruebas periciales, dio paso a toda clase de conjeturas.

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En extensa conferencia de prensa, el ministro Del Castillo brindó detalles técnicos y hasta mostró perturbadoras imágenes que confirman la hipótesis del suicidio, que hasta ese momento era rechazada y hábilmente empleada por portavoces opositores al Gobierno, comenzando por el autodeclarado “abogado de la familia” del fallecido, el mismo que meses atrás insultó en entrevista transmitida en vivo y directo a dos periodistas de este diario por hacerle preguntas incómodas, que fue aprehendido en 2022 por participar en un consorcio de jueces y fiscales, que fue sancionado por inconducta cuando representaba a Jeanine Áñez y que en 2020 fue detenido por legitimación de ganancias ilícitas.

Lo que no se resuelve con la investigación por el suicidio es, por una parte, aquello que sugiere la carta póstuma del fallecido (“me dejaron solo”, escribió, además de otras expresiones de angustia), así como las verdaderas razones para tomar la trágica decisión. Por otra, las dudas que producen los vínculos detectados entre el banco, la empresa propietaria de un tercio de las acciones de la institución y varias decenas de empresarios que se beneficiaron con miles de millones de bolivianos en créditos otorgados en condiciones sospechosas.

En el camino, al menos desde el 26 de abril, cuando inició la intervención, han menudeado las acusaciones de politización del caso, de uno y otro lado del espectro ideológico, incluyendo al comité cívico, que defiende el “modelo de desarrollo cruceño”, supuestamente atacado por el “masismo”, y algunos líderes de opinión que de modo delirante sospechan que se trama un “caso Terrorismo 3”, lo cual solo abona a la confusión y desconfianza generalizadas.

De todo esto queda la certeza de que la actuación pronta y oportuna de la Policía y el Ministerio Público ayuda a desvirtuar intentos de desinformación; que la Asfi y su Unidad de Investigaciones Financieras tienen mucho qué explicar sobre la catástrofe financiera; y que ya no hay forma de ocultar el hecho que gran parte de la riqueza que se ostenta en la capital cruceña proviene de fuentes inconfesables.

El expresidente Evo Morales planteó, como agenda de futuro, la necesidad de mejorar la Constitución Política del Estado. El propósito es “blindar y fortalecer los grandes logros del Estado Plurinacional”. Dice que hay varias propuestas, pero no precisa ninguna. Desde la oposición también quisieran reformar la Constitución, pero en clave de retroceso: “volver a la República”.

La nueva Constitución entró en vigencia en febrero de 2009, luego de una difícil Asamblea Constituyente y su aprobación en un referéndum. Fue el resultado de un largo proceso de demanda y construcción desde las organizaciones sociales e indígenas. Estableció un nuevo modelo de Estado Plurinacional con autonomías y un amplio catálogo de derechos individuales y colectivos. Entre otros avances sustantivos, reconoció diferentes formas de democracia, el pluralismo jurídico, la economía plural y el vivir bien.

Transcurridos más de 14 años, el balance de su implementación muestra un importante desarrollo legislativo, heterogeneidad institucional, innegables avances de inclusión (en especial de las mujeres y de las naciones y pueblos indígenas), nuevas prácticas, esbozos de interculturalidad. Muestra también lentitud, diferentes obstáculos, normas congeladas (como la Ley de Consulta Previa), abandonos desde el propio Estado e incluso distorsiones y retrocesos. Es un proceso de refundación en ritmo incremental.

¿Es necesario reformar la Constitución? ¿Para qué? ¿Se requiere mejorarla? ¿En qué? Como suele decirse, ningún texto constitucional está escrito en piedra y por supuesto debe irse afinando y consolidando. La propia Constitución establece los mecanismos para su reforma. Claro que una cosa es alentar cambios para profundizar, por ejemplo, la plurinacionalidad y las autonomías; y otra distinta es plantear reformas regresivas (“retorno a la República”), desde la nostalgia de quienes no entendieron nada.

En sus años de vigencia, hubo dos intentos fallidos de reforma constitucional parcial, vía referéndum. El primero fue el malogrado empeño del expresidente Morales de cambiar un artículo para viabilizar su reelección. La mayoría rechazó la reforma ( febrero de 2006), que luego fue forzada mediante una sentencia constitucional. El segundo intento de reforma surgió hace poco como iniciativa de juristas opositores para cambiar la Justicia. Se quedaron en el camino por falta de adhesiones.

Diferentes voces han ido planteando la necesidad de evaluar la Constitución y, en su caso, “abrirla” para su reforma. Es importante hacerlo. Pero no desde el interés particular o partidario. No desde la imposición o el voluntarismo. Se requiere un amplio proceso deliberativo, que sea plural y con participación ciudadana y de las organizaciones, a fin de identificar los cambios requeridos, las mejores, aquello que debe fortalecerse. La reforma solo será viable con un gran acuerdo nacional que la haga posible.

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Ayer se ha conmemorado el Día Nacional de Lucha Contra el Racismo, ocasión propicia para reflexionar sobre este grave flagelo que, a pesar de los discursos de optimismo de las autoridades gubernamentales, no ha hecho más que incrementar, particularmente desde 2020, cuando se dio rienda suelta a una mezcla de odio político y racial, abiertamente estimulado desde varios medios de comunicación.

Que Bolivia tiene el racismo, e innumerables formas de discriminación y exclusión asociadas, como elemento constitutivo de su historia no es novedad, sino un dato inocultable desde, literalmente, el día de la creación de la República. Con el ascenso de un indígena a la presidencia en 2006 se creyó, por un lado, que la sociedad estaba preparada para superar esta tara decimonónica y que la prueba era la votación mayoritaria por el personaje.

Por el otro lado, también se pensó que las condiciones estaban dadas para imaginar y construir una nueva relación entre identidades étnicas (hay una extendida confusión entre identidad étnica y etiquetación racial, que dificulta el debate público); de ahí que Bolivia cambió su nombre de República a Estado Plurinacional (que no es lo mismo que cambiar el modo republicano de gobierno), como una forma de reconocer las identidades existentes para integrarlas en un solo proyecto de país.

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Ambas ideas resultaron descartadas por la realidad. Las clases privilegiadas (que deliberadamente confunden identidad con clase, para seguir reforzando estereotipos y estigmas) demostraron no estar dispuestas a cambiar y más bien reclamaron activamente por la pérdida de sus privilegios y el incremento de derechos de aquellas personas a quienes hasta hoy consideran subalternas.

Por su parte, muchas autoridades gubernamentales, comenzando por los viceministros de Descolonización, lejos de luchar contra el racismo utilizaron la Ley 45, de Lucha contra Toda Forma de Racismo y Discriminación, de manera instrumental, racializaron al adversario político, y se mostraron incapaces de implementar todas las medidas educativas y de transformación establecidas en la norma.

La reacción a ese estado de cosas tuvo sus más horribles manifestaciones luego del inconstitucional cambio de gobierno en noviembre de 2019, incluyendo, además de las matanzas en Senkata y Sacaba, indisimuladamente celebradas por los sectores más conservadores de la sociedad, la racialización de todas aquellas personas que comulgaban con el depuesto gobierno o con su partido político. Muchos medios de comunicación fueron parte activa de este proceso, lo cual explica su feroz oposición al proyecto de Ley 305, que endurece las sanciones por promover y difundir discursos racistas.

Hoy tenemos un país enfermo de racismo y una sociedad con muy poca voluntad de resolver el problema. Quienes están en posición de liderazgo, dentro y fuera del Estado, tienen la obligación de ponerle freno a la polarización e implementar las medidas de transformación que dispone la norma. No hacerlo es condenar al país a seguir repitiendo errores que se arrastran desde la colonia.

La banda finlandesa de rock alternativo The Rasmus está a poco de regresar a Bolivia para ofrecer un concierto en La Paz. Luego de cinco años, la agrupación volverá al país como parte del tour Live… And Never Die, en la que presenta su más reciente álbum ‘Rise’ (2022).

El show en la sede de gobierno se realizará este miércoles 24 de mayo en Fábula (Av. Costanera, entre 33 y 34 de Cota Cota), desde las 19.00.

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Organizado por FM Rock Producciones, el concierto fue confirmado en la página web y redes sociales oficiales de la banda.

El pasado lunes 22, The Rasmus actuó en Argentina, donde agotaron entradas; mientras que el sábado 20 se presentó en Chile, donde se vio un “emotivo espectáculo, en que la pasión fue la estrella de la noche, entregada tanto por el público y los músicos”, según rockaxis.com

En 2024, el grupo cumplirá 30 años de trayectoria, en los que marcó a toda una generación con temas como In The Shadows, Guilty y Sail Away. La primera visita de la banda al país fue en noviembre de 2018, cuando ofreció un concierto también en La Paz como parte de una gira mundial.

La Paz es la penúltima parada de The Rasmus en su recorrido por Latinoamérica, donde además del nuevo disco interpretarán sus grandes éxitos.

El grupo está conformado por Lauri Ylönen (vocalista y compositor), Aki Hakala (baterista), Eero Heinonen (bajista) y Emilia Suhonen (guitarrista).

“Estamos muy felices de volver. Sabemos que mucha gente nos ha estado esperando, nos escriben a través de las redes sociales todo el tiempo. Así que estamos muy emocionados de volver”, dijo el líder de The Rasmus a La Razón en abril pasado.

Las entradas están disponibles a través del portal www.todotix.com

El año 2009, la democracia electoral boliviana dio un salto cualitativo con la conformación de un padrón biométrico. Ello implicó la adquisición de equipamiento que, además de los datos biográficos, permitía registrar la información biométrica (facial, dactilar y firma) de las y los ciudadanos con derecho al voto. La plataforma tecnológica adoptada en ese momento correspondió a la solución NEC Corporation. El nuevo padrón electoral redujo el subregistro que había de personas en edad de votar.

Con ese padrón biométrico se votó en el país en las elecciones generales 2009, 2014, las fallidas 2019 y 2020; en las elecciones subnacionales 2010, 2015 y 2021; en las elecciones judiciales 2011 y 2017; en el referéndum constitucional 2016; y en decenas de referéndums autonómicos. El año 2017, una auditoría integral y externa de la OEA certificó la confiabilidad del registro electoral boliviano, recomendando acciones de saneamiento permanente y la actualización de la plataforma biométrica.

Como parte de la disputa política, algunos actores de la oposición –usualmente los que pierden elecciones y gritan “fraude”– procuran descalificar el padrón y sembrar dudas sobre su solidez y confiabilidad. Así se tejen mitos: que tuvo un crecimiento inusual, que los muertos votan, que está contaminado, que registra personas inexistentes, en fin, que hay “un bloque de data alterno, restringido y secreto” (sic). Cada uno de estos mitos ha sido amplia y técnicamente refutado por el organismo electoral.

Ahora, ante la noticia de que finalmente se realizará la necesaria actualización de la plataforma biométrica del registro electoral, surgen voces, más bien marginales, con su renovado ataque. Dicen falsamente que se licitó “la limpieza del padrón y la conformación de un nuevo padrón”; que la empresa adjudicada “ocasionó el fraude electoral de 2019-2020 y de las elecciones venideras”; que “es una estrategia del gobierno para anular el derecho al voto”. Extraña mezcla de maledicencia y de ignorancia.

Los mitos y las mentiras se asientan en la falta de información. En este caso, no basta que el TSE comunique la adjudicación del proceso de contratación. Es fundamental que explique con claridad y transparencia el alcance del servicio, la solución tecnológica adoptada, la experiencia de la empresa contratada, el vínculo con NEC, los plazos y, claro, los resultados esperados. Es fundamental también que la actualización de la plataforma biométrica se haga con acompañamiento de actores políticos y sociales.