Riqueza escondida
En los próximos días se sabrá quiénes en Bolivia necesitan recurrir a paraísos fiscales.
La publicación, ayer, de la primera parte de las revelaciones conocidas como ‘Pandora Papers’, ha resonado como una bomba sobre miles de personas que emplean empresas “off shore” para tener sus fortunas lejos del escrutinio público de sus respectivos países. Aunque hay pocos detalles todavía, se sabe que muchos políticos poderosos han sido identificados en la investigación.
Es la más nueva investigación publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su nombre en inglés), basada en la filtración de 11,9 millones de archivos confidenciales, y no solo de una firma de abogados, como en el caso de los tristemente célebres ‘Panama Papers’, sino desde las oficinas de 14 empresas de servicios “off shore” en todo el mundo que establecieron empresas fantasma y otros mecanismos que permiten realizar negocios extraterritoriales en la sombra.
Se trata, según la primera publicación del ICIJ sobre el tema, del trabajo de un equipo de “más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación que pasaron dos años examinándolos, rastreando fuentes difíciles de encontrar y buscando en registros judiciales, y otros documentos públicos de decenas de países”. Decenas de políticos han sido identificados entre los propietarios de esos negocios casi invisibles, entre ellos tres bolivianos, que todavía no han sido identificados en las publicaciones.
Señalan los editores de la nueva revelación, que “en una era de creciente autoritarismo y desigualdad, la investigación de ‘Pandora Papers’ ofrece una perspectiva inigualable sobre cómo operan el dinero y el poder en el siglo XXI”, añadiendo que “el Estado de derecho ha sido doblegado y roto en todo el mundo por un sistema de secreto financiero habilitado por Estados Unidos y otras naciones ricas”.
El consorcio de periodistas reconoce que en muchos países no es ilegal tener activos en el extranjero o utilizar empresas fantasma para hacer negocios más allá de las fronteras nacionales, y, sin embargo, también señala que esta forma de hacer negocios es especialmente controversial para las figuras políticas porque pueden utilizarse para mantener fuera de la vista del público actividades políticamente impopulares o directamente ilícitas.
Asimismo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al menos $us 11,3 billones se mantienen “off shore”, ya que por la complejidad y el secreto del sistema extraterritorial, no es posible saber qué parte de esa riqueza está vinculada a la evasión fiscal y otros delitos y cuánto de ella involucra fondos que provienen de fuentes legítimas.
Es previsible que en los próximos días, a medida que el ICIJ vaya ampliando los detalles de la investigación, se sabrá quiénes en Bolivia necesitan recurrir a paraísos fiscales, además de los tres políticos señalados, y tal vez éstos puedan ayudar a comprender por qué es necesario acudir a sofisticados mecanismos para esconder sus fortunas.