Ayer se han recordado 39 años del día cuando Hernán Siles Zuazo retornó a la ciudad de La Paz para asumir como Presidente Constitucional de la República, luego de haber ganado las elecciones más de dos años antes. Hasta 2019, esta fecha se dedicaba a celebrar el más largo periodo de estabilidad sin golpes ni asonadas, pero el de ayer en lugar de festejo ha sido una señal de alarma.
En efecto, Bolivia ha llegado a la emblemática efeméride más polarizada que nunca y con su democracia activamente amenazada por grupos de poder e influencia que luego de lo sucedido en 2019 descubrieron que es posible tomar el Estado por asalto y cometer toda clase de crímenes amparados en el poder del dinero de unos cuantos (que luego pueden huir a otros países) y el silencio cómplice de los medios de comunicación, cuyos periodistas han abandonado ostensiblemente sus valores y principios profesionales.
De ahí que hayamos vivido la aberrante situación de una activista por los derechos humanos movilizada en defensa de los policías y militares que asesinaron personas en Sacaba y Senkata; numerosos líderes sociales y dirigentes políticos haciendo la vista gorda ante los excesos de un gobierno plenamente consciente de su total carencia de legitimidad; opinadores y analistas elaborando sobre verdades a medias cuando no falsedades completas, y una sociedad exitosamente confundida y desprovista de certezas.
Así, el país llega al 39 aniversario del retorno a la democracia con un gobernador revelando ante cámaras y micrófonos, con inverosímil candor, que su padre usó su gran fortuna para pagar a oficiales de la Policía y de las FFAA, amén de grupos de mineros oportunistas, para desestabilizar al Gobierno y expulsar del poder a un presidente democráticamente electo, y encima darse el lujo de amenazar con hacerlo nuevamente.
El déficit democrático es muy grave, y se lo ha señalado constantemente en este mismo espacio. Allí donde las y los políticos en ejercicio, las y los representantes legislativos han abandonado su tarea fundamental, que es hacer política, para abocarse a la más pueril forma de lidiar con los problemas del país: los ataques y contraataques verbales, se está creando más desconfianza en la clase política y abriéndose espacios para la solución autoritaria.
Se trata, pues, del más amargo aniversario cuando se recuerda en vísperas de un paro cívico que solo será exitoso por la presión de ciertos grupos dotados de recursos para generar violencia y miedo en una ciudadanía que tiene menos interés en el color de una bandera y más preocupación por hacer alcanzar el dinero hasta fin de mes; que no teme a una ley de ganancias ilícitas porque las suyas son fruto del trabajo esforzado y honesto.
Triste aniversario democrático, con la democracia más amenazada que nunca y con los dirigentes antidemocráticos aupados por medios, periodistas y activistas enceguecidos por el odio político y el racismo.