Opinión

viernes 1 jul 2022 | Actualizado a 12:42

Un año después

Las y los bolivianos debemos reafirmar que las urnas son la fuente de legitimidad de las autoridades y representantes en todos los niveles.

Por La Razón

/ 20 de octubre de 2021 / 02:11

Hace un año, contra todo pronóstico, el binomio presidencial del MAS-IPSP ganó las elecciones generales con mayoría absoluta de votos. El contundente resultado (55%, 26 puntos más que el segundo) impidió que prosperara nuevamente la narrativa del “fraude”. Luego de un oscuro régimen provisorio, se retomó así la conformación del gobierno con la legitimidad de las urnas.

Los comicios de octubre de 2020 fueron la salida pacífica y democrática a la crisis políticoinstitucional de fines de 2019, producida tras las fallidas elecciones de ese año y el posterior derrocamiento del expresidente Morales. Convocados originalmente para mayo y postergados tres veces, se realizaron en un contexto de crisis múltiple, polarización y pandemia. Una vez más, la alta participación ciudadana en una jornada electoral sin incidentes demostró la fortaleza de los votos para elegir y decidir.

Para el MAS-IPSP, la victoria de Luis Arce y David Choquehuanca (que por primera vez desde 2005 sustituyó al binomio ganador Morales/ García Linera) tiene un sentido no solo electoral, sino en especial de recuperación de la democracia. La premisa es que, en noviembre de 2019, con la autoproclamación de la senadora Áñez como presidenta, se produjo una ruptura del orden constitucional y democrático. Por supuesto la oposición asegura más bien que en 2019 cayó el régimen autoritario y prorrogativo de Evo.

Más allá de la persistente disputa de narrativas sobre la crisis de octubre y noviembre de 2019, lo cierto es que la democracia boliviana y su renovada institucionalidad electoral permitieron concurrir libremente a las urnas hace un año y decidir mediante el voto (no las botas, no el quiebre, no las masacres) la conformación de los órganos Ejecutivo y Legislativo. Claro que no faltaron grupos antidemocráticos que pretendieron desconocer la voluntad ciudadana con el pedido de “junta militar”.

Hace poco, Bolivia celebró 39 años desde que, en octubre de 1982, con el gobierno de la Unidad Democrática y Popular, transitamos a la democracia. Durante este período hubo coyunturas críticas, que derivaron en salidas políticas como el acortamiento de mandato del presidente Siles Zuazo (1985), las sucesiones constitucionales tras las renuncias de Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005), y la mencionada autoproclamación, declarada inconstitucional por el TCP, de Jeanine Áñez (2019).

Un año después de los comicios generales de 2020, las y los bolivianos debemos reafirmar sin condiciones que las urnas son la fuente de legitimidad de las autoridades y representantes en todos los niveles territoriales del Estado. Esa legitimidad de origen no necesariamente garantiza la legitimidad de ejercicio. Es importante asumir que la elección democrática es una condición necesaria, pero no suficiente: también hay que gobernar democráticamente, con deliberación pública y amplia participación ciudadana.

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Contraloría en suspenso

No queda claro, sin embargo, cómo se evita la acefalía o cómo se designa a una autoridad interina.

Por La Razón

/ 1 de julio de 2022 / 01:14

Ayer ha terminado oficialmente el mandato del Contralor General del Estado, posesionado el 1 de julio de 2006. Hasta ayer era poco claro el procedimiento necesario para evitar la acefalía en la institución encargada de la función de control en el Estado y es poco probable que se logren acuerdos rápidos para resolver este vacío jurídico, así como para reemplazar al Contralor saliente.

No hay aquí ninguna novedad: oficialismo y oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) han tomado posiciones desde el inicio de la gestión y no muestran intención alguna de moverlas. El resultado: un permanente empantanamiento en casi todas las tareas propias de este órgano del Estado y un creciente descrédito de las organizaciones políticas y sus representantes en las cámaras de Diputados y Senadores.

Luego del ostensible fracaso en la designación de la persona que debe dirigir la Defensoría del Pueblo (en parte por falta de capacidad de negociación, en parte por deliberada intención de restar legitimidad a esa institución), la bancada oficialista, y mayoritaria, aprobó hace más de una semana, sin mayor debate, el reglamento para la elección de titular para la Contraloría. Previsiblemente, la oposición ha condenado el procedimiento.

El reglamento establece que las y los postulantes pueden presentar sus documentos desde el pasado viernes hasta el 8 de julio y que la última fase del proceso de selección culminará el 20 de agosto; luego, días después, la Comisión Mixta de Planificación, Política Económica y Finanzas, responsable de la calificación de las y los postulantes, entregará un informe señalando a las tres personas mejor calificadas, y el pleno de la Asamblea deberá elegir a la autoridad por dos tercios de votos.

En entrevista con LA RAZÓN, el Contralor saliente remarcó, por una parte, que en aplicación de lo dispuesto por la Constitución, no le corresponde quedarse ni un día más luego de terminado su mandato, a diferencia de lo establecido para el Defensor del Pueblo u otras autoridades, que deben permanecer hasta la designación del sucesor. Por otra, garantizó la independencia de la Contraloría afirmando que la estructura de la institución impide la injerencia externa e interna en los casos que se investigan.

No queda claro, sin embargo, cómo se evita la acefalía o cómo se designa a una autoridad interina y mucho menos qué pasará con los casos que están siendo auditados: si no hay quién ponga la firma en los informes, ¿qué pasará con las conclusiones y recomendaciones?

Es posible imaginar que la oposición aprovechará este estado de cosas para reafirmar su crítica a la gestión gubernamental a tiempo de hacerla inviable, mientras que el oficialismo ensayará sus habituales estrategias retóricas, que inflaman ánimos, pero no resuelven conflictos. Mientras tanto, la institucionalidad del Estado seguirá viéndose afectada por la incapacidad de unos y otros para hacer política constructiva, imprescindible para mejorar y transformar el Estado y el país entero.

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Jair y Jeanine II

Al igual que en enero, Bolsonaro reiteró su afirmación de que estuvo con Áñez ‘apenas una vez’

Por La Razón

/ 29 de junio de 2022 / 02:47

La declaración del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ofreciendo asilo a la expresidenta Jeanine Áñez, sentenciada a 10 años de prisión, generó previsible polémica en el país. La Cancillería boliviana lo acusó de “injerencia en asuntos internos”. Ya en enero de este año el derechista Bolsonaro hizo ruido cuando reveló que se había reunido con Áñez, quien negó dicho encuentro.

Refiriéndose “al tema de las relaciones internacionales”, Bolsonaro comentó en una entrevista televisiva que está dispuesto a hacer lo posible para que Áñez, a quien definió como “una mujer presa injustamente”, vaya a Brasil. “Estamos listos para recibir el asilo de ella”, afirmó. Su oferta se hizo extensiva a los excomandantes de las Fuerzas Armadas (Kaliman) y de la Policía (Calderón), también condenados en rebeldía a 10 años de cárcel. Bolsonaro mencionó que uno de ellos podría estar en su país.

Al igual que en enero de este año, Bolsonaro reiteró su afirmación de que estuvo con Áñez “apenas una vez”. De haberse producido dicha reunión, implicó un viaje no autorizado de la expresidenta a Brasil. No se sabe cuándo, dónde ni en qué condiciones y con qué agenda se habría producido el supuesto encuentro, enfáticamente negado por Áñez. Lo cierto es que ni la Cancillería brasileña ni su legación diplomática en Bolivia negaron o aclararon nada respecto a la reunión revelada por Bolsonaro.

Como sea, la oferta de asilo del mandatario brasileño generó veloces y duras respuestas en el país. La posición oficial del Estado boliviano fue expresada por el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, quien además de lamentar las “desafortunadas declaraciones” de Bolsonaro, las calificó como “injerencia en asuntos internos”. Otras voces del oficialismo recordaron la participación de Brasil en las reuniones para la autoproclamación de Áñez y el inmediato reconocimiento de su gobierno.

La intervención de Bolsonaro respecto a una decisión que atañe al sistema de administración de justicia en Bolivia alimenta la polémica sobre el juicio ordinario contra la exsenadora opositora, que sigue su curso en las instancias previstas de apelación. En todo caso, la sentencia contra Áñez y los posibles juicios de responsabilidades en agenda, cuya autorización está en manos de la Asamblea Legislativa, son procesos y penas que deben realizarse en el país. No corresponde, pues, ningún “asilo”.

Las afirmaciones del Presidente brasileño se producen en el contexto de su campaña electoral por la reelección. No es casual que haya concluido reclamando que el expresidente y también candidato Lula da Silva no haya dicho nada respecto al asunto (de Áñez). Es una gran paradoja toda vez que Bolsonaro fue electo presidente en 2018 tras la inhabilitación de Lula ( favorito para ganar los comicios) debido al montaje de varios procesos penales que se fueron cayendo como el peor ejemplo de lawfare.

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El presente del litio

Urge desarrollar las estrategias necesarias para echar a andar el negocio en las mejores condiciones.

Por La Razón

/ 27 de junio de 2022 / 01:18

La industria mundial del litio avanza a pasos agigantados y Bolivia, que tiene, según algunos reportes, cuarta parte de las reservas del mineral conocidas en todo el orbe, desea ser parte del negocio en condiciones poco comunes: con soberanía sobre el recurso y en condiciones de desarrollar toda la cadena productiva, desde la extracción hasta la fabricación de baterías para diversos usos.

El esfuerzo de convertir las ingentes reservas de litio que yacen en el salar de Uyuni tiene ya muchos años de haberse iniciado, y sin embargo el país dista todavía mucho de convertirse en un jugador de peso en el mercado internacional, probablemente en parte por la histórica distribución internacional del trabajo, que deja a unos países la tarea de producir y exportar materias primas y a otros, la de industrializarlos y producir riqueza.

Pero también es posible que la todavía inexistente gravitación del país en el escenario internacional tenga que ver con la dificultad inherente a desarrollar una oferta de valor que pueda ser tenida en cuenta, en parte por el nivel de especialización requerido para administrar todos los pasos y aspectos del proceso, y en parte por el modo en que se gestionan proyectos estratégicos en un ambiente altamente politizado.

A mediados de 2021, el Estado Plurinacional de Bolivia invitó a un puñado de empresas dedicadas a la extracción e industrialización del litio a competir para identificar a la que mejores opciones le otorga al país para el proceso de convertir la salmuera en baterías para automóviles y toda clase de equipos e instrumentos tecnológicos. El resultado debía conocerse a mediados de mayo, pero el anuncio se postergó por un mes.

Finalmente, el presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) informó que seis de las empresas invitadas a hacer pruebas habían arrojado resultados positivos en la tarea de extraer litio, en una medida de entre 80% y 90% y que el siguiente paso será reunirse con esas empresas “para plantearles nuestras condiciones soberanas respecto al litio”, según la autoridad. Cuáles son esas condiciones se puede intuir, mas la información oficial es menos que escasa.

Un experto en la materia, exservidor en YLB, consultado por nuestro suplemento Energías & Negocios, explicó, además de la urgencia de gravitar en el escenario internacional dada la creciente demanda de energías limpias para reemplazar la matriz energética global, que el país ha dado los pasos correctos para extraer el litio, pero que lo verdaderamente difícil estará en ingresar a la fase industrial y mucho más hacerlo dentro del estrecho margen que dejan las normas del país.

Urge desarrollar las estrategias necesarias para echar a andar el negocio (que ha dejado de ser futuro y es claramente el presente) en las mejores condiciones posibles para el país y no solo en términos ideológicos. La empresa estatal de litio debe hacer mejores esfuerzos no solo para prosperar, sino también para asegurar que el trabajo se desarrolla de modo correcto y, sobre todo, transparente.

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¿Nuevo interinato?

Tales señales devalúan a la Asamblea Legislativa y a las fuerzas políticas allí representadas.

Por La Razón

/ 26 de junio de 2022 / 02:57

La aprobación del reglamento y la convocatoria pública para la designación del próximo Contralor General del Estado podría terminar en un nuevo interinato por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Está fresca la fallida experiencia de la designación del Defensor del Pueblo. Tales señales devalúan a la Asamblea Legislativa y a las fuerzas políticas allí representadas.

Hace unos días, la bancada mayoritaria del MAS-IPSP aprobó la normativa requerida para encaminar la designación de la persona que sustituirá al actual Contralor, cuyo mandato concluye el 1 de julio. Esta vez ni siquiera se logró concertar el reglamento. Así, el proceso arrancó con cuestionamientos de uno y otro lado. El oficialismo acusa a la oposición de “posturas falsas para trabar el proceso”; ésta, a su vez, acusa a aquél de imponer un reglamento para “elegir una autoridad afín al Gobierno”.

La tenaz incapacidad de construir acuerdos mínimos de procedimiento anticipa un proceso de designación con disputa política en todas sus etapas. Y es probable, al final del camino, que se repita el espectáculo que vimos en el caso del Defensor del Pueblo: ningún postulante seleccionado por la comisión legislativa, más allá de sus antecedentes y méritos, obtendrá dos tercios de votos de los asambleístas presentes. La mayoría no podrá imponerse y habrá bloqueo de la minoría, con parálisis como resultado.

Ya sabemos lo que implica esta actitud de trinchera en lugar de una lógica de concertación, esperable en democracia. El veto opositor, que impidió alcanzar la mayoría especial requerida, nos regaló otros buenos meses o años de interinato de la actual Defensora interina del Pueblo. Y encima, con candidez, lo exhiben como “victoria política”: el MAS-IPSP no logró elegir al postulante que quería, ergo, Cruz sigue como defensora. Vaya castigo para el oficialismo con victoria pírrica de la oposición.

¿Nos encaminamos al mismo escenario en la designación en curso del Contralor General del Estado? ¿El resultado, otra vez, será la parálisis decisoria por falta de voluntad política para construir un acuerdo razonable que sustituya el deseo maximalista? ¿Podemos prever que tendremos un nuevo interinato de una autoridad que debiera ser designada por la Asamblea Legislativa? En este caso el oficialismo ya tiene la salida: una sentencia constitucional habilita al Presidente del Estado a designar el interinato.

Más allá del costo que implica para la institucionalidad democrática la prolongación de interinatos de autoridades estratégicas en entidades del Estado, la falta de acuerdos políticos debilita a los propios actores políticos hoy representados en la Asamblea. Las disputas sin fin y la persistente polarización tienen límites y generan hartazgo en la ciudadanía. Ojalá el oficialismo y la oposición tengan la capacidad y la disponibilidad mínimas para construir puentes de diálogo y superar su ensimismamiento.

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Narcotráfico y dinero

La creciente infiltración del narcotráfico en la vida institucional y social es un fenómeno altamente inquietante.

Por La Razón

/ 25 de junio de 2022 / 02:45

Siguen sumando los hechos de violencia en la ciudad de Santa Cruz presuntamente vinculados a actividades del narcotráfico en esa región. El problema excede los casos específicos que se han producido y se está instalando un sentimiento de inseguridad, de sospecha y de impunidad que debería preocupar a las autoridades y a la sociedad boliviana en su conjunto.

El asesinato de dos funcionarios de la Policía Nacional y de un voluntario, en circunstancias aún por dilucidar, en los alrededores de la ciudad oriental a manos de los guardias privados de un ciudadano supuestamente ligado al narcotráfico, es un nuevo ejemplo de la preocupante violencia que la implantación de actividades delictivas está provocando en la urbe más grande del país.

Desde hace varios meses se suceden hechos preocupantes, no únicamente ligados al descubrimiento de fábricas de cocaína o el desmantelamiento de infraestructuras para su exportación ilegal en varios territorios del oriente, sino también ajustes de cuenta en la ciudad, asesinatos en vía pública y graves casos de corrupción en las fuerzas policiales antidroga.

Es decir, la creciente infiltración del narcotráfico en la vida institucional y social es un fenómeno altamente inquietante. Cuando ese proceso se acelera, toda la vida económica y cotidiana de grandes porciones del territorio se deteriora y el tratamiento del problema se vuelve extremadamente complejo. Basta ver lo que pasó en décadas pasadas en varias ciudades colombianas o mexicanas en circunstancias similares.

Quizás no estemos aún en el peor escenario, pero hay señales que no deben subestimarse. Es necesario intensificar la acción del Estado para desbaratar factorías de cocaína y atacar directamente a su transporte y comercialización, pero hay urgencia también por investigar y sancionar el uso ilícito de recursos provenientes de esos delitos en actividades económicas, financieras, sociales y hasta políticas.

Es mediante el dinero que el narcotráfico se va normalizando en una sociedad apuntando a abandonar la clandestinidad y los márgenes donde nace. En consecuencia, ahí es donde hay que atacarlo con mayor rigurosidad. Las experiencias de otros países indican que un esfuerzo inteligente y sistemático de combate y regulación en ese ámbito es muy efectivo, a veces incluso más que las demostraciones de fuerza coyunturales. Grandes narcotraficantes y redes criminales cayeron por investigaciones de sus movimientos financieros.

Hace poco tiempo, debido a la polarización política, se paralizó la ley que justamente debía reforzar la acción del Estado en este contexto. Se esperaría que ahora, con los riesgos ampliamente demostrados con este caso que ya se cobró la muerte de tres policías, el conjunto de fuerzas políticas participe y apoye la estructura legal pendiente.

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