Legitimación de ganancias
Para el Gobierno se trata de una movilización con intenciones sediciosas, los movilizados afirman lo contrario.
Notablemente disminuida en comparación con el paro cívico de la semana pasada, ayer comenzó la segunda ronda de movilizaciones contra la normativa que establece el marco legal para combatir la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento de actividades terroristas. Para el Gobierno se trata de una movilización con intenciones sediciosas, los movilizados afirman lo contrario.
El balance del primer día de paro se resume en que Potosí cumple con la medida de presión y los gremiales, divididos y mermados en número, marcharon en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, El Alto y Tarija; en casi todas las ciudades la Policía evitó bloqueos, y no se tienen noticias de mayores enfrentamientos. También destaca el firme apoyo del Comité pro Santa Cruz a los movilizados, pero claramente sin disponer sus recursos en público, como cuando convoca a la población a movilizarse.
Por su parte, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) ofreció una interpretación extrema del contenido de la Ley 1368 y de su anexo, afirmando que la norma, promulgada el 28 de julio último, daría poco menos que poderes absolutos a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para perseguir penalmente a cualquier ciudadano. Irónicamente, ese extremo se produjo en la gestión del ministro de Gobierno transitorio en 2020, y no hizo falta la existencia de la ley que hoy se rechaza para perpetrar el abuso.
El presidente de los cívicos cruceños salió nuevamente por sus fueros afirmando que no se trata de una actividad “política”, denotando su falta de capacidad para comprender el concepto; al frente, autoridades de gobierno afirmaron nuevamente que se trata de actividades “golpistas”. En la Asamblea Legislativa Plurinacional varios asambleístas llamaron al diálogo entre las partes, incluso uno de ellos mediante carta remitida al Presidente. Cabe preguntarse, sin embargo, si aún realizándose una negociación con los hoy movilizados, las autoridades estarán con su verdadero interlocutor.
Es evidente que la ley y su anexo nombran al sector gremialista, pero es necesario distinguir al comerciante que se gana la vida mediante su trabajo, asalariado o no, como vendedor de bienes de aquel que importa, en ocasiones de contrabando, esos bienes, y que a diferencia del primero, que subsiste como buenamente puede, goza de gran fortuna y la ostenta, por ejemplo en fiestas o en palacetes de sofisticada arquitectura.
El Gobierno falla ostensiblemente en su necesidad de instalar no solo una idea o un conjunto de ideas en el debate público que faciliten la gobernabilidad, sino también un espacio de diálogo donde proponer iniciativas y buscar consensos con los actores relevantes de la oposición, que han logrado apropiarse de una parte del debate público obteniendo apenas respuestas reactivas por parte del oficialismo, que o todavía cree tener la hegemonía en los sectores populares o no sabe cómo remediar la paulatina pérdida de ésta.