Opinión

viernes 21 ene 2022 | Actualizado a 15:51

Noviembre

Noviembre de 2020 nos encontró todavía en crisis y polarizados, pero con mandato mayoritario.

Por La Razón

/ 14 de noviembre de 2021 / 00:30

Hace dos años, en noviembre, al amparo de un fallido proceso electoral, se produjo el derrocamiento del expresidente Morales, seguido del inconstitucional régimen de Áñez. Un año después, también en noviembre, se inició un nuevo gobierno del MAS-IPSP con la legitimidad del 55% de votos. Este noviembre nos encuentra en conflicto y la consigna opositora de “tumbar a Arce”.

Esta semana se cumplen dos años de los hechos que derivaron en la forzada renuncia de un presidente electo y la planificada “sucesión” de una presidenta autoproclamada. El gobierno de Áñez, de carácter provisorio, se estrenó con dos masacres (Sacaba y Senkata). Era noviembre. La coyuntura crítica tuvo luego su momento de acuerdo político in extremis para encaminar nuevos comicios con renovadas autoridades electorales. Y se agravó pronto con la pandemia del COVID-19 y una cuarentena prematura.

La disputa de relatos sobre aquel oscuro periodo, además de ser irresoluble (cada quien defiende su “verdad”), se prolonga y aviva con algunas variaciones. El relato opositor del “fraude”, que no puede probar, fue central desde antes de las elecciones 2019, pero ahora ya no le sirve. La reciclada bandera es “libertad y democracia”. El relato oficialista del “golpe de Estado”, en tanto, con polémica deriva judicial, se exhibe otra vez ante el actual paro indefinido “multisectorial” del todo o nada.

Justo un año después del régimen autoritario de Áñez, se retomó la senda de un presidente con la legitimidad de las urnas. Noviembre de 2020 nos encontró todavía en crisis y polarizados, pero con mandato mayoritario para un nuevo gobierno y menos incertidumbre. Había la esperanza de mejores días, de políticas eficaces para reactivar la economía, de justicia, de puentes de encuentro no solo para enfrentar la crisis, sino también para recuperar la convivencia social. El balance depende del bando.

¿Qué nos trae, que podría dejarnos, este noviembre? Tras un año de gestión del presidente Arce, con medidas todavía insuficientes para la reactivación económica y lenta vacunación contra el coronavirus, estamos nuevamente en un contexto de enfrentamiento con actores radicales, de uno y otro lado, que promueven activamente su afán de llevarnos como país hacia otra coyuntura crítica. Claro que la correlación de fuerzas, las condiciones y el factor externo son diferentes a 2019. Que no se equivoquen.

Mañana se cumple una semana del paro político que, con bandera antilegislativa, apuesta por la escalada de demandas y de conflictividad para “tumbar al Presidente… según la receta” (sic), como advirtió el señor Calvo para luego desdecirse. Lo deseable sería que el oficialismo, superando la retórica del golpismo, logre explicar más y concertar mejor sus reformas. Y que las oposiciones, en lugar de apostar otra vez por el derrocamiento inconstitucional y antidemocrático, se preparen para ganar elecciones. Noviembre.

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Decisión polémica

La decisión de suspender la obligatoriedad de estar vacunado se percibe como un contrasentido.

Por La Razón

/ 21 de enero de 2022 / 03:07

Luego de al menos dos jornadas en las que grupos de bloqueadores antivacuna desplegaron violencia en Cochabamba y El Alto, el Gobierno decidió suspender la obligatoriedad de portar carnet de vacunación a partir de la próxima semana. Previsiblemente, la medida no causó euforia entre los movilizados, pero sí desató una ola de críticas desde diferentes sectores opositores.

Cuando en diciembre último el Gobierno nacional determinó, en acuerdo con los gobiernos subnacionales, imponer mediante decreto supremo la obligación de presentar carnet de vacunación para acceder a oficinas públicas y realizar toda clase de trámites públicos y privados, algunos grupos cuya representatividad es imposible de determinar se lanzaron a la protesta y anunciaron que resistirían la norma.

Paralelamente, el verdadero efecto del solo anuncio de la medida fue un incremento notable en el número de personas vacunadas en todo el país. En ese momento importó menos el temor de algunas personas a la vacuna y sus efectos, y más la posibilidad de verse impedidas de realizar sus actividades cotidianas con normalidad.

Sin embargo, de manera difícil de comprender, la presión de los sectores antivacunas logró hacer mella en la voluntad del Gobierno, que finalmente decidió dar un paso atrás satisfaciendo los intereses de grupos minoritarios (pero violentos, como le consta a algunos periodistas víctimas de ataques cuando hacían su cobertura), como ya sucedió meses atrás con la intención de investigar fortunas ilícitas.

Desde el oficialismo se hizo algunos tibios esfuerzos por justificar el paso atrás, entre ellos el del presidente de la Cámara de Diputados, quien opinó que el pueblo ha tomado conciencia de la importancia de vacunarse y por tanto “no hay mayor necesidad de la exigencia del carnet de vacunación”. Las reacciones opositoras fueron muchas más, y prácticamente todas coincidieron en señalar debilidad de parte de las autoridades y hasta se sugirió que se trata de puro cálculo para evitar costos políticos. Los operadores mediáticos de la oposición no ahorraron adjetivos.

Por su parte, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) publicó un comunicado donde recuerda que en el marco de sus competencias autonómicas los gobiernos subnacionales pueden adoptar las medidas y acciones necesarias para contener la propagación del virus. Los gobiernos departamentales de La Paz y Chuquisaca, y varios gobiernos municipales anunciaron que sí exigirán el carnet.

En momentos cuando los nuevos casos diarios suman casi 11.000, y oficinas e industrias públicas y privadas ven su productividad mermada a causa del alto número de contagios, la decisión de suspender la obligatoriedad de estar vacunado se percibe como un contrasentido y una concesión no solo injusta sino sobre todo peligrosa para la salud pública, además de afectar la imagen de autoridad del Gobierno.

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Cuatro ‘bloques’

La oposición política y sus operadores mediáticos están empeñados en hablar de división.

Por La Razón

/ 19 de enero de 2022 / 02:38

A medida que se acerca la simbólica fecha del 22 de enero (Día del Estado Plurinacional) y con ella el anunciado cambio de ministros, crecen las voces divergentes en el MAS-IPSP y afines. Se incrementan también las especulaciones sobre el gabinete. Y por supuesto la oposición lanza sus renovadas profecías de “división” en el oficialismo, hoy con supuestos cuatro “bloques”.

La elección del binomio presidencial Luis Arce y David Choquehuanca en los comicios de noviembre de 2020 trajo consigo la interrogante acerca del lugar que ocuparía Evo Morales, expresidente y líder histórico del partido de gobierno. Desde el MAS se habló de una suerte de división de funciones, toda vez que Morales se ocuparía de rearticular internamente su organización política. La oposición, en cambio, declaró —y lo sigue haciendo como bandera política— que Evo sería “el verdadero poder” (sic).

Además de la evidente separación funcional entre el MAS en los órganos del poder público (Ejecutivo y Legislativo) y el MAS en tanto instrumento político en interacción con las organizaciones sociales (en especial el Pacto de Unidad), se plantearon preguntas respecto a la relación entre el Presidente y el Vicepresidente. El supuesto es que el segundo representa el ala más concertadora, expresada en su discurso de posesión. Por si fuera poco, está también el “factor Andrónico”, a la cabeza del Senado.

Es natural que en un proyecto político tan grande como el expresado por el MAS-IPSP en las últimas dos décadas de democracia en el país converjan diferentes sectores, tendencias e intereses. Más todavía si a la figura del partido político se suma la presencia de movimientos sociales y organizaciones indígenas, campesinas e interculturales. Es una estructura no solo amplia, sino compleja. Hasta 2019, Evo Morales concentraba y articulaba el núcleo decisorio en el Gobierno- partido-instrumento.

Transcurrido más de un año del actual gobierno del MAS sin Morales en la presidencia, se predica en diferentes tonos acerca de la situación interna en el campo del oficialismo. La oposición política y sus operadores mediáticos están empeñados en hablar de división, de la existencia de facciones enfrentadas (los “bloques” Evo, Arce, Choquehuanca y Andrónico) y de la falaz subordinación del presidente al jefe del partido. Sin proyecto político ni liderazgos propios, la oposición apuesta por la implosión del MAS.

En el campo del MAS, en tanto, con sus diferentes actores dentro y fuera del Ejecutivo, se reconoce que hay pugnas internas (la disputa por el cambio de ministros lo demuestra), pero en general la premisa indiscutible es la unidad. Estar en el gobierno y controlar recursos de poder es un factor de cohesión. Lo es también la idea de que “la derecha está en afanes golpistas”. La supuesta división parece más bien un deseo opositor. Al menos hasta que llegue el momento de definir el próximo binomio presidencial.

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Educación en 2022

La pandemia por el COVID-19 no terminará pronto, y sus oleadas son tan imprevisibles como temibles.

Por La Razón

/ 17 de enero de 2022 / 01:54

El Ministerio de Educación ha publicado en los primeros días de enero su Resolución número 1, en la que se establecen los lineamientos para el año escolar que debe comenzar el primer lunes de febrero. Este año la Resolución incluye en su primera parte disposiciones sobre la presencialidad (o no) de las clases en los sistemas de educación regular, pero pueden ser problemáticas.

Es un hecho que la pandemia por el COVID-19 no terminará pronto, y sus oleadas son tan imprevisibles como temibles, según se está evidenciando desde hace unas pocas semanas con cifras diarias de contagios que no han hecho más que crecer hasta romper todos los récords desde marzo de 2020. De ahí que es probable que la principal preocupación de madres y padres de niñas, niños y adolescentes con respecto al retorno a clases tenga que ver con las modalidades que serán puestas en práctica.

La referida Resolución Ministerial dedica apenas tres de 127 artículos (sin contar las disposiciones finales y las transitorias) a las instrucciones sobre cómo proceder en función de la pandemia y las restricciones a las que obliga. Así, el Artículo 4 señala la obligación constitucional que tienen los gobiernos municipales “de adecuar y dotar la infraestructura, mobiliario, equipamiento y material de bioseguridad” a las escuelas y colegios públicos, así como describir las tres modalidades que podrán ejecutarse: presencial, semipresencial y a distancia.

El Artículo 5 señala los criterios para decidir cuándo y cómo adoptar una u otra modalidad educativa delegando a la autoridad educativa departamental y a las y los directores de escuelas tal decisión “en coordinación con la comunidad educativa”. Finalmente el Artículo 6 indica la obligatoriedad de aplicar los protocolos de bioseguridad en las unidades educativas adecuándolos al contexto.

Lo que a simple vista parece una cuestión de sentido común respecto al modo de afrontar las dificultades que impone la pandemia en el ámbito educativo, y la seguridad de las y los educandos y sus maestras y maestros, pronto se demostrará tan complicado como lo ha sido, por ejemplo, la obligatoriedad de portar el carnet de vacunación: gran parte de la población puede no estar preparada para tomar decisiones colectivas que verdaderamente sean beneficiosas para la comunidad, y las autoridades del sector, especialmente en las unidades educativas no tienen por qué estar mejor preparadas para la tarea.

No se trata simplemente de decidir si abrir o no las aulas, pues en gran parte del país, incluyendo las ciudades capitales, las condiciones para la educación a distancia son paupérrimas, así como los resultados logrados, mas el peligro de contagios y dolor en las familias es una posibilidad que no debe ser descartada. Tiene, pues, que poner más atención al derecho a la educación el Estado, y no presumir que una o un director de escuela podrá tomar decisiones junto con la comunidad de padres y madres, habitualmente más preocupadas de sus problemas personales y familiares que del bienestar de la comunidad a la que pertenecen.

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Juicio por el caso Golpe II

Habrá intensa disputa política en torno a este juicio, vinculado a un hecho (golpe de Estado) en sí mismo polémico.

Por La Razón

/ 16 de enero de 2022 / 01:45

Según información oficial, pronto se iniciará el juicio oral en el denominado caso Golpe II. La principal acusada es la exsenadora Jeanine Áñez. Se la acusa por su autoproclamación como presidenta del Estado en noviembre de 2019 por fuera del marco constitucional. La acompañan en el proceso los altos mandos militares y policiales de aquel momento, algunos de ellos hoy prófugos.

El juicio oral contra Áñez, procesada no como expresidenta provisoria sino en su condición de exsenadora, llega diez meses después de su detención preventiva. Los fiscales se tomaron su tiempo para hacer una imputación formal. Llama la atención que el anuncio formal del juicio no haya provenido del Órgano Judicial o del Ministerio Público, sino del Ministerio de Gobierno. Como sea, el hecho ya reavivó el debate entre el oficialismo, que habla de hacer justicia, y la oposición, que alega persecución política.

Un primer aspecto a considerar es que el anunciado juicio oral tiene que ver con el caso Golpe II, cuyo trámite investigativo es posterior obviamente al caso Golpe I. Es necesario e importante que las instancias responsables expliquen con claridad y transparencia a la ciudadanía por qué hay dos procesos por el mismo hecho (supuesto golpe de Estado tras el derrocamiento del expresidente Morales), en qué se diferencian (seguramente en sus tipos penales) y por qué el II precede al I, y no al revés.

Un segundo aspecto que debe dilucidarse de manera inequívoca, en beneficio del debido proceso, son las razones por las cuales la señora Jeanine Áñez está siendo enjuiciada por la vía ordinaria, como exsenadora, de manera diferente al juicio de responsabilidades que le correspondería como expresidenta del Estado (por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato, como las masacres de Sacaba y Senkata, en especial). Pareciera estar claro que una vía (ordinaria) no excluye a la otra (de privilegio).

En cuanto al proceso oral que se iniciará pronto y que seguramente, más allá del ámbito judicial, concentrará la atención del debate político y de los medios de comunicación, se espera que el trámite se lleve adelante con estricto apego a las normas y procedimientos, más allá de las previsibles presiones políticas, de actores sociales y de operadores mediáticos y en redes sociales digitales. Es deplorable por ello la acción de la propia Áñez, que difundió imágenes de los jueces que la “sentenciarán”.

En el actual contexto de polarización es previsible que habrá intensa disputa política en torno a este juicio, vinculado a un hecho (golpe de Estado) en sí mismo polémico. Peor aún si hay alta desconfianza en los administradores de justicia, tradicionalmente inclinados a favor de los gobiernos de turno. Así, resulta fundamental reiterar las premisas indiscutibles que enseña la experiencia histórica: verdad, reparación, justicia y no repetición. Es la condición para reencontrarnos como sociedad.

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Discusiones inútiles

La población requiere sobre todo información y pedagogía para entender esta fase de la pandemia.

Por La Razón

/ 15 de enero de 2022 / 00:24

La pandemia es un tema que debería motivar la unidad de todos los bolivianos y la voluntad de un esfuerzo generoso para agregar recursos de todas las administraciones públicas sin importar el signo político de sus autoridades. Lamentablemente, ya empiezan a aparecer polémicas inútiles sobre esta cuestión inspiradas más en la polarización y confrontación partidaria que en solucionar problemas.

Mientras el país y sus habitantes enfrentan una cuarta ola de la pandemia con un muy fuerte ritmo de contagios, aunque con una mortalidad bastante atenuada, el debate público acerca de estos problemas está empezando a degradarse.

Aparecieron grupos anti-vacunas que recurren a argumentos falsos y mistificaciones peligrosas para la salud pública, a los que se agregan dirigentes sociales y algunos políticos deseosos de pescar en río revuelto. Interesados más en reforzar sus pequeños espacios de poder e influencia a costa de un gobierno que vacila con demasiada frecuencia.

Vivimos en el país un clima social poco transparente sazonado, además, por deplorables cruces verbales entre autoridades y líderes políticos de un lado y del otro sobre las responsabilidades reales o imaginarias en esta emergencia, magnificadas por algunos medios y redes sociales que siguen, como ya es una costumbre, privilegiando el sensacionalismo y la estigmatización del adversario.

En un momento en que la población requiere sobre todo información y pedagogía para entender las implicaciones de esta nueva fase de la pandemia, sin exageraciones ni falsedades, estos personajes insisten en dar señales de una increíble incapacidad para entender los reclamos de la gente y el fastidio de la mayoría con las confrontaciones improductivas. Al final, el magullado no será el adversario político, sino todo el sistema.

La dificultad del Gobierno para ordenar su comunicación en general es evidente, sobre todo tomando en cuenta que es el mayor interesado en que el ánimo ciudadano sea más bien de concordia y de comprensión de los esfuerzos del Estado para acompañar a la sociedad en este trance. Más aún, cuando hay señales que indican que la opción por la masificación de las vacunas y un mejor equipamiento de los centros de salud no es equivocada y está permitiendo que los rigores de la cuarta ola se atenúen bastante.

Tampoco parece ser tiempo de meter más leña al conflicto considerando que hay grupos que desean generar desorden con la excusa del carnet sanitario, tema que debería motivar el mayor de los consensos entre autoridades de todos los signos ideológicos si éstas son responsables con la salud pública de sus administrados y electores.

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