Opinión

domingo 26 jun 2022 | Actualizado a 12:53

Noviembre

Noviembre de 2020 nos encontró todavía en crisis y polarizados, pero con mandato mayoritario.

Por La Razón

/ 14 de noviembre de 2021 / 00:30

Hace dos años, en noviembre, al amparo de un fallido proceso electoral, se produjo el derrocamiento del expresidente Morales, seguido del inconstitucional régimen de Áñez. Un año después, también en noviembre, se inició un nuevo gobierno del MAS-IPSP con la legitimidad del 55% de votos. Este noviembre nos encuentra en conflicto y la consigna opositora de “tumbar a Arce”.

Esta semana se cumplen dos años de los hechos que derivaron en la forzada renuncia de un presidente electo y la planificada “sucesión” de una presidenta autoproclamada. El gobierno de Áñez, de carácter provisorio, se estrenó con dos masacres (Sacaba y Senkata). Era noviembre. La coyuntura crítica tuvo luego su momento de acuerdo político in extremis para encaminar nuevos comicios con renovadas autoridades electorales. Y se agravó pronto con la pandemia del COVID-19 y una cuarentena prematura.

La disputa de relatos sobre aquel oscuro periodo, además de ser irresoluble (cada quien defiende su “verdad”), se prolonga y aviva con algunas variaciones. El relato opositor del “fraude”, que no puede probar, fue central desde antes de las elecciones 2019, pero ahora ya no le sirve. La reciclada bandera es “libertad y democracia”. El relato oficialista del “golpe de Estado”, en tanto, con polémica deriva judicial, se exhibe otra vez ante el actual paro indefinido “multisectorial” del todo o nada.

Justo un año después del régimen autoritario de Áñez, se retomó la senda de un presidente con la legitimidad de las urnas. Noviembre de 2020 nos encontró todavía en crisis y polarizados, pero con mandato mayoritario para un nuevo gobierno y menos incertidumbre. Había la esperanza de mejores días, de políticas eficaces para reactivar la economía, de justicia, de puentes de encuentro no solo para enfrentar la crisis, sino también para recuperar la convivencia social. El balance depende del bando.

¿Qué nos trae, que podría dejarnos, este noviembre? Tras un año de gestión del presidente Arce, con medidas todavía insuficientes para la reactivación económica y lenta vacunación contra el coronavirus, estamos nuevamente en un contexto de enfrentamiento con actores radicales, de uno y otro lado, que promueven activamente su afán de llevarnos como país hacia otra coyuntura crítica. Claro que la correlación de fuerzas, las condiciones y el factor externo son diferentes a 2019. Que no se equivoquen.

Mañana se cumple una semana del paro político que, con bandera antilegislativa, apuesta por la escalada de demandas y de conflictividad para “tumbar al Presidente… según la receta” (sic), como advirtió el señor Calvo para luego desdecirse. Lo deseable sería que el oficialismo, superando la retórica del golpismo, logre explicar más y concertar mejor sus reformas. Y que las oposiciones, en lugar de apostar otra vez por el derrocamiento inconstitucional y antidemocrático, se preparen para ganar elecciones. Noviembre.

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¿Nuevo interinato?

Tales señales devalúan a la Asamblea Legislativa y a las fuerzas políticas allí representadas.

Por La Razón

/ 26 de junio de 2022 / 02:57

La aprobación del reglamento y la convocatoria pública para la designación del próximo Contralor General del Estado podría terminar en un nuevo interinato por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Está fresca la fallida experiencia de la designación del Defensor del Pueblo. Tales señales devalúan a la Asamblea Legislativa y a las fuerzas políticas allí representadas.

Hace unos días, la bancada mayoritaria del MAS-IPSP aprobó la normativa requerida para encaminar la designación de la persona que sustituirá al actual Contralor, cuyo mandato concluye el 1 de julio. Esta vez ni siquiera se logró concertar el reglamento. Así, el proceso arrancó con cuestionamientos de uno y otro lado. El oficialismo acusa a la oposición de “posturas falsas para trabar el proceso”; ésta, a su vez, acusa a aquél de imponer un reglamento para “elegir una autoridad afín al Gobierno”.

La tenaz incapacidad de construir acuerdos mínimos de procedimiento anticipa un proceso de designación con disputa política en todas sus etapas. Y es probable, al final del camino, que se repita el espectáculo que vimos en el caso del Defensor del Pueblo: ningún postulante seleccionado por la comisión legislativa, más allá de sus antecedentes y méritos, obtendrá dos tercios de votos de los asambleístas presentes. La mayoría no podrá imponerse y habrá bloqueo de la minoría, con parálisis como resultado.

Ya sabemos lo que implica esta actitud de trinchera en lugar de una lógica de concertación, esperable en democracia. El veto opositor, que impidió alcanzar la mayoría especial requerida, nos regaló otros buenos meses o años de interinato de la actual Defensora interina del Pueblo. Y encima, con candidez, lo exhiben como “victoria política”: el MAS-IPSP no logró elegir al postulante que quería, ergo, Cruz sigue como defensora. Vaya castigo para el oficialismo con victoria pírrica de la oposición.

¿Nos encaminamos al mismo escenario en la designación en curso del Contralor General del Estado? ¿El resultado, otra vez, será la parálisis decisoria por falta de voluntad política para construir un acuerdo razonable que sustituya el deseo maximalista? ¿Podemos prever que tendremos un nuevo interinato de una autoridad que debiera ser designada por la Asamblea Legislativa? En este caso el oficialismo ya tiene la salida: una sentencia constitucional habilita al Presidente del Estado a designar el interinato.

Más allá del costo que implica para la institucionalidad democrática la prolongación de interinatos de autoridades estratégicas en entidades del Estado, la falta de acuerdos políticos debilita a los propios actores políticos hoy representados en la Asamblea. Las disputas sin fin y la persistente polarización tienen límites y generan hartazgo en la ciudadanía. Ojalá el oficialismo y la oposición tengan la capacidad y la disponibilidad mínimas para construir puentes de diálogo y superar su ensimismamiento.

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Narcotráfico y dinero

La creciente infiltración del narcotráfico en la vida institucional y social es un fenómeno altamente inquietante.

Por La Razón

/ 25 de junio de 2022 / 02:45

Siguen sumando los hechos de violencia en la ciudad de Santa Cruz presuntamente vinculados a actividades del narcotráfico en esa región. El problema excede los casos específicos que se han producido y se está instalando un sentimiento de inseguridad, de sospecha y de impunidad que debería preocupar a las autoridades y a la sociedad boliviana en su conjunto.

El asesinato de dos funcionarios de la Policía Nacional y de un voluntario, en circunstancias aún por dilucidar, en los alrededores de la ciudad oriental a manos de los guardias privados de un ciudadano supuestamente ligado al narcotráfico, es un nuevo ejemplo de la preocupante violencia que la implantación de actividades delictivas está provocando en la urbe más grande del país.

Desde hace varios meses se suceden hechos preocupantes, no únicamente ligados al descubrimiento de fábricas de cocaína o el desmantelamiento de infraestructuras para su exportación ilegal en varios territorios del oriente, sino también ajustes de cuenta en la ciudad, asesinatos en vía pública y graves casos de corrupción en las fuerzas policiales antidroga.

Es decir, la creciente infiltración del narcotráfico en la vida institucional y social es un fenómeno altamente inquietante. Cuando ese proceso se acelera, toda la vida económica y cotidiana de grandes porciones del territorio se deteriora y el tratamiento del problema se vuelve extremadamente complejo. Basta ver lo que pasó en décadas pasadas en varias ciudades colombianas o mexicanas en circunstancias similares.

Quizás no estemos aún en el peor escenario, pero hay señales que no deben subestimarse. Es necesario intensificar la acción del Estado para desbaratar factorías de cocaína y atacar directamente a su transporte y comercialización, pero hay urgencia también por investigar y sancionar el uso ilícito de recursos provenientes de esos delitos en actividades económicas, financieras, sociales y hasta políticas.

Es mediante el dinero que el narcotráfico se va normalizando en una sociedad apuntando a abandonar la clandestinidad y los márgenes donde nace. En consecuencia, ahí es donde hay que atacarlo con mayor rigurosidad. Las experiencias de otros países indican que un esfuerzo inteligente y sistemático de combate y regulación en ese ámbito es muy efectivo, a veces incluso más que las demostraciones de fuerza coyunturales. Grandes narcotraficantes y redes criminales cayeron por investigaciones de sus movimientos financieros.

Hace poco tiempo, debido a la polarización política, se paralizó la ley que justamente debía reforzar la acción del Estado en este contexto. Se esperaría que ahora, con los riesgos ampliamente demostrados con este caso que ya se cobró la muerte de tres policías, el conjunto de fuerzas políticas participe y apoye la estructura legal pendiente.

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Una bomba de tiempo

Tarde o temprano la situación se volverá insostenible y habrá que tomar decisiones radicales.

Por La Razón

/ 24 de junio de 2022 / 03:01

Un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que en la última década el parque automotor del país se ha duplicado: de 1.082.984 motorizados en 2011 a 2.226.662 en 2021. El explosivo crecimiento en el número de vehículos que circulan en calles y carreteras del país tiene varias posibles causas, pero sobre todo previsibles consecuencias negativas.

Según el informe del INE, Santa Cruz es el departamento con más motorizados: 774.472 unidades, equivalentes al 34,8% del total; le siguen La Paz, con 517.277, el 23,2%, y Cochabamba, con 478.251, es decir el 21,5%. Después de los departamentos del eje se encuentra Tarija, que hasta 2021 tenía el 5,6% (125.024) del parque automotor del país, y continuaban Oruro, con el 5% (111.767); Chuquisaca, con el 3,8% (84.473); Potosí, con el 3,4% (76.650); Beni, con el 2,3% (52.037) y, por último, Pando, con el 0,3% (6.711 vehículos).

El informe estadístico también revela que, aunque las imágenes cotidianas en las calles de las principales capitales parezcan demostrar lo contrario, el 92,9% de los 2,2 millones de vehículos que circulan por el territorio nacional son de servicio particular; el 5,5% (122.712) pertenece a la categoría de público y el 1,6% (36.148), de servicio oficial. Clasificados por antigüedad, los coches contabilizados se distribuyen así: el 22,4% fue fabricado entre 2016 y 2020; el 21% entre 2011 y 2015; y el 13,1% entre 1996 y 2000; es fácil imaginar que el casi 44% restante tiene 25 años de antigüedad o más.

Para el Secretario de Movilidad Urbana del Gobierno Municipal de La Paz, este incremento sostenido es un problema, tomando en cuenta las características de la ciudad y sus estrechas calles, a lo que añade las “malas prácticas” de los ciudadanos, que ocupan cuanto espacio libre encuentran para parquear sus automóviles o hacer paradas momentáneas, sin mencionar la escasa cultura vial de la mayor parte de las y los conductores.

La autoridad municipal paceña identifica, sin embargo, una oportunidad al señalar que está en curso un plan para rehabilitar los parqueos tarifados, que se espera sean más que antes; asimismo podría modificarse la política de restricción de circulación según días y número de placa de control (lo que a su vez debería obligar a los efectivos de Tránsito a ser más rigurosos con este asunto).

Sin embargo, la verdadera bomba de tiempo no está en el hecho de que las calles de la ciudad no puedan soportar más coches circulando (o estacionados arbitrariamente), sino en que el incremento del parque automotor viene acompañado de idéntico incremento en el consumo de combustibles, que gozan de una subvención cada vez más onerosa para el Estado, tanto por la creciente cantidad de motorizados como por el sostenido incremento en los precios internacionales de los carburantes. Tarde o temprano la situación se volverá insostenible y habrá que tomar decisiones radicales, con todo el costo político, económico y social que ello implica.

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Petro y Francia

Durante el siguiente cuatrienio, la paz ondeará en lo alto, como gran bandera, en la Casa de Nariño.

Por La Razón

/ 22 de junio de 2022 / 00:33

El triunfo electoral en segunda vuelta del binomio del Pacto Histórico: Gustavo Petro y Francia Márquez, es un acontecimiento democrático e histórico en Colombia. Por primera vez una fuerza política de izquierda y progresista asumirá el rumbo de un país marcado por la violencia. El nuevo gobierno genera esperanza y vientos de cambio. Venció la dignidad, ganaron “los nadies”.

El itinerario para la victoria en las urnas de Petro como presidente y Francia como vicepresidenta fue incremental, prolongado, difícil. Fue el tercer intento de Petro, que en las elecciones de 2010 obtuvo menos del 10 por ciento de votos y en los comicios de 2018 llegó a la segunda vuelta donde fue derrotado por el uribismo. Esta vez superó el 40% en la primera vuelta, pero tuvo que enfrentar a un candidato atípico y ramplón que con discurso antipolítica congregó a todas las fuerzas de derecha.

De ese modo un exguerrillero, luego senador y alcalde de Bogotá, asumirá este 7 de agosto la presidencia con un plan progresista en cuyo núcleo están la justicia social, el proceso de paz y la justicia ambiental. Francia Márquez, por su parte, una mujer negra de clase popular, asumirá la vicepresidencia con una amplia agenda de derechos: de las mujeres, de igualdad contra el racismo, de la Naturaleza, del colectivo +LGTBI. Aunque son el binomio más votado en democracia (más de 11 millones de votos), no será fácil.

El inédito giro a la izquierda en Colombia, donde siempre gobernaron las élites de derecha y centroderecha en beneficio propio, tendrá que ser reformista, como lo anunció el propio Petro en su primer mensaje como presidente electo. Ello implica una fuerte apuesta por la unidad en una sociedad dividida. Requiere también mucho esfuerzo de concertación, en especial considerando que el Pacto Histórico es la primera fuerza en el Senado y la segunda en la Cámara de Representantes, pero está lejos de ser mayoritario.

En ese contexto, cabe celebrar que el gobierno de Petro y Francia sea una buena noticia para los acuerdos de paz, que resistieron cuatro años del gobierno de Duque, empeñado en frenarlos o detonarlos. Durante el siguiente cuatrienio, la paz ondeará en lo alto, como gran bandera, en la Casa de Nariño. No es un dato menor en un país donde medio siglo de guerra dejó 220.000 muertos (180.000 de ellos civiles), 25.000 desapariciones forzadas, 27.000 secuestros. Hay que vencer el miedo, el dolor, la venganza.

La otra gran noticia de la victoria del Pacto Histórico en Colombia es que refuerza y fortalece el nuevo impulso progresista en el continente (“el segundo giro a la izquierda”). Ello es fundamental en un contexto adverso que demanda los mejores esfuerzos de integración regional, de soberanía y de dignidad frente al afán hegemónico de Estados Unidos y de sus organismos serviles como la OEA de Almagro. Es una victoria feliz de la democracia y de los demócratas en Colombia y en toda América Latina.

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Justicia y dignidad

Es evidente que el problema de la injusticia estructural no se resolverá ampliando la capacidad de los penales.

Por La Razón

/ 20 de junio de 2022 / 00:25

Días atrás, el Director General de Régimen Penitenciario reconoció que el número de personas en detención preventiva, es decir privadas de libertad pero sin sentencia, subió del 64% en 2021 al 66% en lo que va de 2022, y señaló que el Gobierno considera que se trata de una muestra de “excesiva discrecionalidad” por parte del Órgano Judicial en la aplicación de esa medida legal.

Según la autoridad, dependiente del Ministerio de Gobierno, en el primer cuatrimestre de 2022 la población penitenciaria se incrementó de 18.000 a 21.506 personas privadas de libertad. La preocupación coincide con la reciente divulgación del informe de la visita a Bolivia que hizo meses atrás el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados y que hoy se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza.

En dicho informe, el Relator Especial también llamó la atención sobre la cantidad de personas privadas de libertad sin sentencia, señalando que la detención preventiva debe ser una medida excepcional y que “corresponde al Estado asegurar el derecho de toda persona privada de libertad a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal”, cosa prácticamente imposible en el país si se considera que la población de todos los penales vive en hacinamiento.

Al respecto, el director general afirmó que la excesiva cantidad de detenidos preventivos es una de las principales causas del hacinamiento en los 20 centros penitenciarios del área urbana en los nueve departamentos, en los que se registra una aglomeración que asciende al 188%. La situación es similar en los 26 centros penitenciarios provinciales, antes denominados carceletas, en los que el hacinamiento llega al 169%.

Como una forma de resolver el problema, anunció la autoridad, está previsto que en los siguientes años se construyan nuevos centros penitenciarios, al menos en las ciudades del eje, donde se concentra el 70% de la población penitenciaria. En La Paz está previsto construir nueva infraestructura en los extensos terrenos que el Ministerio de Gobierno tiene en Chonchocoro; en Santa Cruz igualmente se prevé ampliar Palmasola y en Cochabamba se construirá una nueva prisión en la región de Arani.

Estas medidas se complementarán con un nuevo intento por convertir en productivos los centros penitenciarios, permitiendo que las personas privadas de libertad tengan alguna actividad que les permita generar sus propios ingresos, en coordinación y con respaldo del Gobierno.

Sin embargo, es evidente que el problema de la injusticia estructural no se resolverá ampliando la capacidad de los penales, que en el peor de los casos producirá más incremento de los detenidos preventivos, sino desarrollando una nueva política penal, tarea que debe acompañar el tan demorado proceso de reforma judicial. Si el compromiso del Estado con los derechos humanos es sincero, estas tareas no deben seguir siendo postergadas.

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