Es bien sabido que la combinación de falta de preparación con los rigores por la pandemia global del COVID-19 tuvo en 2020 un impacto generalizado sobre la economía y mucho más sobre el mercado laboral, particularmente en países como Bolivia, donde los puestos de trabajo formal son muy escasos. El Gobierno habla de grandes avances en el último año, pero también hay pendientes.
Entre esos pendientes destaca particularmente la situación de jóvenes y mujeres en edad de trabajar, dos sectores de la población que tienen preocupantes índices de desocupación. Según el Presidente del Estado, en 2020, la tasa de desocupación urbana tuvo su pico en 11,6% de personas en edad de trabajar sin empleo; había subido sin descanso desde octubre de 2019, cuando el indicador estaba en 4,3%; en septiembre de 2021 había llegado a 6,2%. Sin embargo, si el dato del desempleo se desagrega por sexo, resulta que 7,4% de las mujeres en edad de trabajar no tienen empleo, y si el análisis se realiza por edad, las y los jóvenes de 18 a 28 años de edad tienen un índice de desocupación de 9,8%.
Según un economista consultado por este diario, el principal obstáculo para la incorporación de más jóvenes en el mercado laboral está en su falta de experiencia; en el caso de las mujeres, la situación es mucho peor: son discriminadas en la selección de personal debido a los “costos laborales” asociados a su género, particularmente el embarazo y las protecciones que llegan con él para las mujeres asalariadas. La solución, dice, es crear incentivos, como por ejemplo eliminar la figura del salario mínimo.
El Presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia opina que el país debe recuperar al menos 400.000 empleos y atribuye el retraso en esta tarea a una visión “sesgada” del Gobierno que se rehúsa a acordar con el sector privado mecanismos de reactivación económica. El Gerente de la Cámara Nacional de Comercio coincide en la necesidad de esta articulación entre el sector público y el privado. Opina que es necesaria una “agenda de trabajo” que tenga el objetivo de “generar sostenibilidad y credibilidad en las familias para que pueda haber paz social”.
Si bien las propuestas parecen inclinarse al tradicional liberalismo, en el que el Estado participa lo menos posible, no es desdeñable la voluntad de los agentes privados por buscar acuerdos con el Gobierno para revertir la situación actual. Cabe, sin embargo, preguntarse si tal voluntad pasa por comprometerse a trabajar de manera mancomunada o simplemente dejar a cuenta del Estado algunos costos laborales.
Por su parte, el Estado, particularmente el Gobierno nacional, debe generar incentivos para el sector privado, no necesariamente a través de subsidios, sino a través de otros mecanismos que podrían favorecer la contratación de más jóvenes y más mujeres en las empresas, sin que ello ponga en riesgo la calidad de su empleo o su sostenibilidad en el tiempo.