La coyuntura crítica de fines de 2019 dejó varios hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos, como fue documentado en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Sin duda el más crítico para la convivencia en sociedad fueron las masacres de Sacaba y Senkata. La exigencia irrenunciable es verdad, reparación, justicia y no repetición.
Pocos días después del derrocamiento del expresidente Morales, el régimen inconstitucional de Áñez se estrenó con un decreto supremo de impunidad seguido de dos masacres. Según el informe del GIEI, “la reacción de los militares y de la Policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes”. El saldo fueron 20 muertes producidas por armas de fuego de la fuerza pública, ejecuciones sumarias, torturas y tratos inhumanos a los detenidos.
En el contexto de la “transición”, promovida y avalada por jefes de la oposición, la jerarquía católica y algunos diplomáticos, se instalaron eficazmente narrativas para ocultar, justificar y hasta legitimar las masacres. Los operadores mediáticos del régimen hablaron de enfrentamientos y de “fuego cruzado” donde hubo masacres. Y, según el guion de los exministros Murillo y López, informaron que los manifestantes “se mataron entre ellos” en Sacaba e “iban a hacer volar la planta de gas” en Senkata.
El robusto informe del GIEI (468 páginas) demostró de manera inequívoca que dichas narrativas fueron falsas. No hubo “enfrentamiento” entre la fuerza pública y “movimientos violentos”, sino graves violaciones de los derechos humanos. Además de las masacres, se produjeron torturas, detenciones ilegales, criminalización y persecución política, discursos de odio, actos de racismo y violencia de género. Todo ello, en nombre de la “pacificación”. Y con la complicidad o silencio de diferentes actores.
Despejadas las mentiras sobre las masacres de Sacaba y Senkata, la exigencia irrenunciable como país es que haya reparación y justicia. Transcurridos dos años, la justicia no llega. Con una administración judicial en crisis, el Gobierno parece más empeñado en el ajuste de cuentas del “caso Golpe”. Y la proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades contra Áñez, que debiera aprobarse por unanimidad en la Asamblea Legislativa, tropieza con el deplorable veto de Comunidad Ciudadana y Creemos.
Ninguna democracia, ningún Estado de derecho, debieran tolerar una masacre. Y peor aún dejarla en la impunidad. La garantía de justicia y de no repetición pasan por enjuiciar y sancionar a los responsables con la máxima pena. En ello no caben relatos ni excusas. La premisa por supuesto es que se respeten los principios de presunción de inocencia, derecho a la defensa y debido proceso. El imperativo de convivencia democrática en sociedad es que nunca más en Bolivia se produzca una masacre en nombre de nada.