Opinión

jueves 30 jun 2022 | Actualizado a 03:19

Cuarta ola

Se esperaría una gran ofensiva de todos los niveles de gobierno en las próximas semanas.

Por La Razón

/ 27 de noviembre de 2021 / 01:35

Hay indicadores preocupantes de un incremento de contagios de COVID-19 en todo el territorio nacional. Después de tres eventos similares, se entiende que debería existir una estrategia para enfrentar una cuarta ola de la pandemia. No basta con insistir en que hay vacunas disponibles, se precisan orientaciones integrales claras y acuerdos concretos entre las instancias responsables.

Las noticias globales no son buenas acerca del control del COVID- 19. Europa está enfrentando un rápido aumento de contagios, se están endureciendo las medidas de restricción y en algunos países se está incluso imponiendo cuarentenas rígidas. En Sudáfrica ha aparecido una cepa nueva particularmente contagiosa y en América Latina empieza a incrementarse el número de casos positivos. Todo eso, en contextos en los que la cobertura de vacunación ya está en 60%.

Es evidente que el planeta está aún muy lejos de un escenario de superación de la pandemia. Parece que viviremos mucho más tiempo con el virus. La vacunación es una herramienta potente para administrar esa “nueva normalidad” pero no es una panacea, habrá frecuentes rebrotes con gran costo humano. Por tanto, hay que tener una estrategia permanente de prevención, restricciones parciales y asistencia médica reforzada de la enfermedad.

En el país, en la última semana los casos positivos han aumentado en un 21% y el número promedio diario de contagiados se va acercando a los 1.000. No hay ninguna señal que indique que esa tendencia se va a atenuar. Es probable que ya nos encontramos en una cuarta ola que podría tener su pico en cuatro a seis semanas si vemos lo que pasó en anteriores eventos. Hay pues riesgos importantes para la población que no se deben minimizar.

Se reconoce el esfuerzo gubernamental para conseguir vacunas. Hoy, ese no es el problema. Después de aumentar rápidamente, las coberturas de inmunización avanzan lentamente pese a la ampliación de la población que puede acceder a ellas. La debilidad de las entidades subnacionales en ese ámbito es evidente y no se resuelve. Frente a ese panorama, resultan insuficientes las llamadas de autoridades del Gobierno nacional a que se acelere el proceso. Se requieren acciones más claras y contundentes.

De igual manera, entendiendo el cansancio de todos, sorprende el debilitamiento de las campañas de comunicación y del esfuerzo preventivo. Las autoridades nacionales y locales repiten mecánicamente que debemos protegernos, pero no hay medidas masivas que acompañen esos llamados, ni a nivel central y menos aún en los gobiernos departamentales y municipales.

En resumen, se esperaría una gran ofensiva de todos los niveles de gobierno en las próximas semanas para preparar al país a un nuevo momento complicado de la pandemia. Esa será inevitablemente una prioridad nacional en los próximos meses. Se espera que todas las autoridades y la población en su conjunto colaboremos.

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Jair y Jeanine II

Al igual que en enero, Bolsonaro reiteró su afirmación de que estuvo con Áñez ‘apenas una vez’

Por La Razón

/ 29 de junio de 2022 / 02:47

La declaración del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ofreciendo asilo a la expresidenta Jeanine Áñez, sentenciada a 10 años de prisión, generó previsible polémica en el país. La Cancillería boliviana lo acusó de “injerencia en asuntos internos”. Ya en enero de este año el derechista Bolsonaro hizo ruido cuando reveló que se había reunido con Áñez, quien negó dicho encuentro.

Refiriéndose “al tema de las relaciones internacionales”, Bolsonaro comentó en una entrevista televisiva que está dispuesto a hacer lo posible para que Áñez, a quien definió como “una mujer presa injustamente”, vaya a Brasil. “Estamos listos para recibir el asilo de ella”, afirmó. Su oferta se hizo extensiva a los excomandantes de las Fuerzas Armadas (Kaliman) y de la Policía (Calderón), también condenados en rebeldía a 10 años de cárcel. Bolsonaro mencionó que uno de ellos podría estar en su país.

Al igual que en enero de este año, Bolsonaro reiteró su afirmación de que estuvo con Áñez “apenas una vez”. De haberse producido dicha reunión, implicó un viaje no autorizado de la expresidenta a Brasil. No se sabe cuándo, dónde ni en qué condiciones y con qué agenda se habría producido el supuesto encuentro, enfáticamente negado por Áñez. Lo cierto es que ni la Cancillería brasileña ni su legación diplomática en Bolivia negaron o aclararon nada respecto a la reunión revelada por Bolsonaro.

Como sea, la oferta de asilo del mandatario brasileño generó veloces y duras respuestas en el país. La posición oficial del Estado boliviano fue expresada por el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, quien además de lamentar las “desafortunadas declaraciones” de Bolsonaro, las calificó como “injerencia en asuntos internos”. Otras voces del oficialismo recordaron la participación de Brasil en las reuniones para la autoproclamación de Áñez y el inmediato reconocimiento de su gobierno.

La intervención de Bolsonaro respecto a una decisión que atañe al sistema de administración de justicia en Bolivia alimenta la polémica sobre el juicio ordinario contra la exsenadora opositora, que sigue su curso en las instancias previstas de apelación. En todo caso, la sentencia contra Áñez y los posibles juicios de responsabilidades en agenda, cuya autorización está en manos de la Asamblea Legislativa, son procesos y penas que deben realizarse en el país. No corresponde, pues, ningún “asilo”.

Las afirmaciones del Presidente brasileño se producen en el contexto de su campaña electoral por la reelección. No es casual que haya concluido reclamando que el expresidente y también candidato Lula da Silva no haya dicho nada respecto al asunto (de Áñez). Es una gran paradoja toda vez que Bolsonaro fue electo presidente en 2018 tras la inhabilitación de Lula ( favorito para ganar los comicios) debido al montaje de varios procesos penales que se fueron cayendo como el peor ejemplo de lawfare.

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El presente del litio

Urge desarrollar las estrategias necesarias para echar a andar el negocio en las mejores condiciones.

Por La Razón

/ 27 de junio de 2022 / 01:18

La industria mundial del litio avanza a pasos agigantados y Bolivia, que tiene, según algunos reportes, cuarta parte de las reservas del mineral conocidas en todo el orbe, desea ser parte del negocio en condiciones poco comunes: con soberanía sobre el recurso y en condiciones de desarrollar toda la cadena productiva, desde la extracción hasta la fabricación de baterías para diversos usos.

El esfuerzo de convertir las ingentes reservas de litio que yacen en el salar de Uyuni tiene ya muchos años de haberse iniciado, y sin embargo el país dista todavía mucho de convertirse en un jugador de peso en el mercado internacional, probablemente en parte por la histórica distribución internacional del trabajo, que deja a unos países la tarea de producir y exportar materias primas y a otros, la de industrializarlos y producir riqueza.

Pero también es posible que la todavía inexistente gravitación del país en el escenario internacional tenga que ver con la dificultad inherente a desarrollar una oferta de valor que pueda ser tenida en cuenta, en parte por el nivel de especialización requerido para administrar todos los pasos y aspectos del proceso, y en parte por el modo en que se gestionan proyectos estratégicos en un ambiente altamente politizado.

A mediados de 2021, el Estado Plurinacional de Bolivia invitó a un puñado de empresas dedicadas a la extracción e industrialización del litio a competir para identificar a la que mejores opciones le otorga al país para el proceso de convertir la salmuera en baterías para automóviles y toda clase de equipos e instrumentos tecnológicos. El resultado debía conocerse a mediados de mayo, pero el anuncio se postergó por un mes.

Finalmente, el presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) informó que seis de las empresas invitadas a hacer pruebas habían arrojado resultados positivos en la tarea de extraer litio, en una medida de entre 80% y 90% y que el siguiente paso será reunirse con esas empresas “para plantearles nuestras condiciones soberanas respecto al litio”, según la autoridad. Cuáles son esas condiciones se puede intuir, mas la información oficial es menos que escasa.

Un experto en la materia, exservidor en YLB, consultado por nuestro suplemento Energías & Negocios, explicó, además de la urgencia de gravitar en el escenario internacional dada la creciente demanda de energías limpias para reemplazar la matriz energética global, que el país ha dado los pasos correctos para extraer el litio, pero que lo verdaderamente difícil estará en ingresar a la fase industrial y mucho más hacerlo dentro del estrecho margen que dejan las normas del país.

Urge desarrollar las estrategias necesarias para echar a andar el negocio (que ha dejado de ser futuro y es claramente el presente) en las mejores condiciones posibles para el país y no solo en términos ideológicos. La empresa estatal de litio debe hacer mejores esfuerzos no solo para prosperar, sino también para asegurar que el trabajo se desarrolla de modo correcto y, sobre todo, transparente.

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¿Nuevo interinato?

Tales señales devalúan a la Asamblea Legislativa y a las fuerzas políticas allí representadas.

Por La Razón

/ 26 de junio de 2022 / 02:57

La aprobación del reglamento y la convocatoria pública para la designación del próximo Contralor General del Estado podría terminar en un nuevo interinato por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Está fresca la fallida experiencia de la designación del Defensor del Pueblo. Tales señales devalúan a la Asamblea Legislativa y a las fuerzas políticas allí representadas.

Hace unos días, la bancada mayoritaria del MAS-IPSP aprobó la normativa requerida para encaminar la designación de la persona que sustituirá al actual Contralor, cuyo mandato concluye el 1 de julio. Esta vez ni siquiera se logró concertar el reglamento. Así, el proceso arrancó con cuestionamientos de uno y otro lado. El oficialismo acusa a la oposición de “posturas falsas para trabar el proceso”; ésta, a su vez, acusa a aquél de imponer un reglamento para “elegir una autoridad afín al Gobierno”.

La tenaz incapacidad de construir acuerdos mínimos de procedimiento anticipa un proceso de designación con disputa política en todas sus etapas. Y es probable, al final del camino, que se repita el espectáculo que vimos en el caso del Defensor del Pueblo: ningún postulante seleccionado por la comisión legislativa, más allá de sus antecedentes y méritos, obtendrá dos tercios de votos de los asambleístas presentes. La mayoría no podrá imponerse y habrá bloqueo de la minoría, con parálisis como resultado.

Ya sabemos lo que implica esta actitud de trinchera en lugar de una lógica de concertación, esperable en democracia. El veto opositor, que impidió alcanzar la mayoría especial requerida, nos regaló otros buenos meses o años de interinato de la actual Defensora interina del Pueblo. Y encima, con candidez, lo exhiben como “victoria política”: el MAS-IPSP no logró elegir al postulante que quería, ergo, Cruz sigue como defensora. Vaya castigo para el oficialismo con victoria pírrica de la oposición.

¿Nos encaminamos al mismo escenario en la designación en curso del Contralor General del Estado? ¿El resultado, otra vez, será la parálisis decisoria por falta de voluntad política para construir un acuerdo razonable que sustituya el deseo maximalista? ¿Podemos prever que tendremos un nuevo interinato de una autoridad que debiera ser designada por la Asamblea Legislativa? En este caso el oficialismo ya tiene la salida: una sentencia constitucional habilita al Presidente del Estado a designar el interinato.

Más allá del costo que implica para la institucionalidad democrática la prolongación de interinatos de autoridades estratégicas en entidades del Estado, la falta de acuerdos políticos debilita a los propios actores políticos hoy representados en la Asamblea. Las disputas sin fin y la persistente polarización tienen límites y generan hartazgo en la ciudadanía. Ojalá el oficialismo y la oposición tengan la capacidad y la disponibilidad mínimas para construir puentes de diálogo y superar su ensimismamiento.

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Narcotráfico y dinero

La creciente infiltración del narcotráfico en la vida institucional y social es un fenómeno altamente inquietante.

Por La Razón

/ 25 de junio de 2022 / 02:45

Siguen sumando los hechos de violencia en la ciudad de Santa Cruz presuntamente vinculados a actividades del narcotráfico en esa región. El problema excede los casos específicos que se han producido y se está instalando un sentimiento de inseguridad, de sospecha y de impunidad que debería preocupar a las autoridades y a la sociedad boliviana en su conjunto.

El asesinato de dos funcionarios de la Policía Nacional y de un voluntario, en circunstancias aún por dilucidar, en los alrededores de la ciudad oriental a manos de los guardias privados de un ciudadano supuestamente ligado al narcotráfico, es un nuevo ejemplo de la preocupante violencia que la implantación de actividades delictivas está provocando en la urbe más grande del país.

Desde hace varios meses se suceden hechos preocupantes, no únicamente ligados al descubrimiento de fábricas de cocaína o el desmantelamiento de infraestructuras para su exportación ilegal en varios territorios del oriente, sino también ajustes de cuenta en la ciudad, asesinatos en vía pública y graves casos de corrupción en las fuerzas policiales antidroga.

Es decir, la creciente infiltración del narcotráfico en la vida institucional y social es un fenómeno altamente inquietante. Cuando ese proceso se acelera, toda la vida económica y cotidiana de grandes porciones del territorio se deteriora y el tratamiento del problema se vuelve extremadamente complejo. Basta ver lo que pasó en décadas pasadas en varias ciudades colombianas o mexicanas en circunstancias similares.

Quizás no estemos aún en el peor escenario, pero hay señales que no deben subestimarse. Es necesario intensificar la acción del Estado para desbaratar factorías de cocaína y atacar directamente a su transporte y comercialización, pero hay urgencia también por investigar y sancionar el uso ilícito de recursos provenientes de esos delitos en actividades económicas, financieras, sociales y hasta políticas.

Es mediante el dinero que el narcotráfico se va normalizando en una sociedad apuntando a abandonar la clandestinidad y los márgenes donde nace. En consecuencia, ahí es donde hay que atacarlo con mayor rigurosidad. Las experiencias de otros países indican que un esfuerzo inteligente y sistemático de combate y regulación en ese ámbito es muy efectivo, a veces incluso más que las demostraciones de fuerza coyunturales. Grandes narcotraficantes y redes criminales cayeron por investigaciones de sus movimientos financieros.

Hace poco tiempo, debido a la polarización política, se paralizó la ley que justamente debía reforzar la acción del Estado en este contexto. Se esperaría que ahora, con los riesgos ampliamente demostrados con este caso que ya se cobró la muerte de tres policías, el conjunto de fuerzas políticas participe y apoye la estructura legal pendiente.

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Una bomba de tiempo

Tarde o temprano la situación se volverá insostenible y habrá que tomar decisiones radicales.

Por La Razón

/ 24 de junio de 2022 / 03:01

Un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que en la última década el parque automotor del país se ha duplicado: de 1.082.984 motorizados en 2011 a 2.226.662 en 2021. El explosivo crecimiento en el número de vehículos que circulan en calles y carreteras del país tiene varias posibles causas, pero sobre todo previsibles consecuencias negativas.

Según el informe del INE, Santa Cruz es el departamento con más motorizados: 774.472 unidades, equivalentes al 34,8% del total; le siguen La Paz, con 517.277, el 23,2%, y Cochabamba, con 478.251, es decir el 21,5%. Después de los departamentos del eje se encuentra Tarija, que hasta 2021 tenía el 5,6% (125.024) del parque automotor del país, y continuaban Oruro, con el 5% (111.767); Chuquisaca, con el 3,8% (84.473); Potosí, con el 3,4% (76.650); Beni, con el 2,3% (52.037) y, por último, Pando, con el 0,3% (6.711 vehículos).

El informe estadístico también revela que, aunque las imágenes cotidianas en las calles de las principales capitales parezcan demostrar lo contrario, el 92,9% de los 2,2 millones de vehículos que circulan por el territorio nacional son de servicio particular; el 5,5% (122.712) pertenece a la categoría de público y el 1,6% (36.148), de servicio oficial. Clasificados por antigüedad, los coches contabilizados se distribuyen así: el 22,4% fue fabricado entre 2016 y 2020; el 21% entre 2011 y 2015; y el 13,1% entre 1996 y 2000; es fácil imaginar que el casi 44% restante tiene 25 años de antigüedad o más.

Para el Secretario de Movilidad Urbana del Gobierno Municipal de La Paz, este incremento sostenido es un problema, tomando en cuenta las características de la ciudad y sus estrechas calles, a lo que añade las “malas prácticas” de los ciudadanos, que ocupan cuanto espacio libre encuentran para parquear sus automóviles o hacer paradas momentáneas, sin mencionar la escasa cultura vial de la mayor parte de las y los conductores.

La autoridad municipal paceña identifica, sin embargo, una oportunidad al señalar que está en curso un plan para rehabilitar los parqueos tarifados, que se espera sean más que antes; asimismo podría modificarse la política de restricción de circulación según días y número de placa de control (lo que a su vez debería obligar a los efectivos de Tránsito a ser más rigurosos con este asunto).

Sin embargo, la verdadera bomba de tiempo no está en el hecho de que las calles de la ciudad no puedan soportar más coches circulando (o estacionados arbitrariamente), sino en que el incremento del parque automotor viene acompañado de idéntico incremento en el consumo de combustibles, que gozan de una subvención cada vez más onerosa para el Estado, tanto por la creciente cantidad de motorizados como por el sostenido incremento en los precios internacionales de los carburantes. Tarde o temprano la situación se volverá insostenible y habrá que tomar decisiones radicales, con todo el costo político, económico y social que ello implica.

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