De manera sorpresiva, el jueves la Policía Boliviana arrestó al exdirigente cívico potosino y excandidato a la Vicepresidencia Marco Pumari. Esta vez, a diferencia de anteriores actuaciones contra personas vinculadas al quiebre constitucional de 2019, los cargos contra el detenido no son “terrorismo” ni “sedición”, sino obstrucción a los procesos electorales, entre otros delitos.
El caso por el que la Fiscalía Departamental de Potosí ha imputado al excandidato de Creemos, la agrupación ciudadana del ahora Gobernador de Santa Cruz, se remonta a los hechos en la capital potosina inmediatamente después de que el entonces candidato de Comunidad Ciudadana afirmara que había habido un “fraude escandaloso”: una multitud, enfervorizada por el Comité Cívico, obligó el martes 22 de octubre a suspender el cómputo de votos que realizaba el Tribunal Electoral Departamental (TED) de ese departamento.
La multitud, encabezada por el ahora detenido según al menos dos decenas de testimonios recogidos por el Ministerio Público, no se limitó a amenazar, sino que tomó el edificio del Órgano Electoral en la capital potosina y además de destruir cuanto tuvo a su paso, prendió fuego al inmueble, dejando solo ruinas y cenizas. Desde la noche cuando se arrestó al acusado, otros dirigentes cívicos de esa ciudad se declararon en la clandestinidad y son buscados por la Policía.
Las reacciones del bloque opositor no se dejaron esperar: las palabras más repetidas por excandidatos y autoridades subnacionales fueron “dictadura” y “persecución política”, en continua negación, por un lado, del resultado electoral que llevó al MAS a retomar la Presidencia en octubre de 2020 y, por el otro, de la existencia de delitos cometidos en las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019. El abogado del excívico afirmó que se violaron los derechos humanos de su defendido y que presentará una denuncia ante el Comité Contra la Tortura, de Naciones Unidas.
Irónicamente, el arresto, la imputación por los delitos de “deterioro y destrucción de bienes del Estado, daño calificado, allanamiento, robo agravado y obstrucción a los procesos electorales”, y la posterior decisión del Juez cautelar de instruir su detención preventiva por seis meses en el penal de San Miguel de Uncía es fruto de una denuncia presentada por el expresidente del TED Potosí, quien había sido posesionado en el cargo a fines de 2019 por la entonces Presidenta transitoria.
Es previsible que el inicio del proceso contra el dirigente cívico y excandidato avivará las tensiones políticas, la polarización y los discursos maximalistas de quienes se saben legalmente vulnerables, sin embargo hasta ahora no parece que vaya a dar lugar a conflictos de cariz preocupante para el gobierno, que sin embargo tiene el deber de asegurar las condiciones para el debido proceso, cuya ausencia debilitará el necesario ejercicio de la justicia en un caso que es parte del complicado engranaje que condujo a la ruptura del orden constitucional de noviembre de 2019.