Esta Navidad nos recibió en Bolivia con algunos políticos en prisión preventiva. Hay también algunos altos mandos militares y policiales. Se los acusa de diversos delitos penales: unos por el caso Golpe de Estado, otros por corrupción, alguno por vandalismo y los demás por las masacres de Sacaba y Senkata. Para el oficialismo se trata de justicia; para la oposición, es persecución política.
La crisis político-institucional de fines del 2019, que derivó en el derrocamiento del expresidente Morales y en la instalación de un régimen provisorio autoproclamado, no termina de cerrarse. Persiste en la disputa de relatos “golpe de Estado” versus “fraude”, fuertemente atizada por algunos políticos y operadores mediáticos. Y se prolonga en varios procesos penales, hoy en fase de investigación por cuenta del Ministerio Público. Más de dos años después, la polarización política y discursiva continúa.
Un momento emblemático de esa suerte de ajuste de cuentas fue la detención, en marzo pasado, de la expresidenta Áñez. Se la acusa en su condición de exsegunda vicepresidenta del Senado por haber asumido la presidencia del Estado en una sesión sin quórum y sin respetar la sucesión constitucional. Hay cuestionamientos a la consistencia de este juicio y observaciones sobre el debido proceso. Claro que, en su caso, está pendiente un juicio de responsabilidades por las masacres de Sacaba y Senkata.
Hay otros políticos presos, y algunos más que huyeron del país, por hechos de corrupción. La más reciente es la exalcaldesa cruceña Angélica Sosa, acusada por el bochornoso caso Ítems fantasma. Una figura significativa es el exministro de Gobierno y hombre fuerte del régimen provisorio Arturo Murillo, preso en una cárcel de Miami a la espera de un juicio por lavado de dinero y soborno en la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio. En Bolivia se lo investiga por una treintena de casos.
A propósito de Murillo, es bueno recordar que, en su corta gestión como ministro, esposas en mano, se vanagloriaba de la “cacería” de exautoridades y dirigentes del MAS. Hubo persecución y presos sin debido proceso incluso por mensajes difundidos en redes. Así, en la Navidad del 2019, bajo la presidencia de Áñez, los presos políticos y sociales se contaban por centenas. Claro que, en ese momento, no eran noticia en los medios del régimen ni tampoco importaban a la titular de la Asamblea de Derechos Humanos.
Más allá de la persistente polarización política, es deseable que 2022 nos encuentre con una administración judicial sustantivamente reformada, con fiscales y jueces probos e independientes de los gobiernos de turno. Y que todos los responsables de violaciones de derechos humanos del período documentado en el incuestionable informe del GIEI, sin excepción (incluidos políticos, militares y policías), respondan en procesos justos para que no haya impunidad. Sin justicia no hay democracia.