Todo el mundo está enfrentando una fuerte presión inflacionaria. En ese contexto, Bolivia ha logrado mantener una notable estabilidad de precios. La tormenta aún no ha amainado y una clara acción gubernamental seguirá siendo necesaria. Se espera que ésta sea eficaz, concertada y pensando también en sus límites y retos de mediano plazo.

Los precios están aumentando en casi todos los países debido al encarecimiento de las materias primas, a las complicaciones logísticas y a los problemas que generó la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos registró su mayor inflación desde 1982 y la mayoría de los países latinoamericanos acumulan alzas de precios superiores al 3% en el primer cuatrimestre. En varios de esos lugares hay incrementos incluso más fuertes en precios de alimentos y gasolina.

La situación boliviana contrasta positivamente con este difícil panorama. La inflación acumulada entre enero y abril fue de 0,41%, según las autoridades. Dato con eco en las percepciones de la gente. Sin embargo, hay preocupaciones en estas últimas semanas en torno a precios o escasez de algunos productos de primera necesidad que tienen por detrás problemáticas muy complejas. El caso del maíz es el mejor ejemplo.

Las razones de esta excepcionalidad son múltiples. Algunas tienen que ver con especificidades de la estructura económica del país, pero es innegable que están asociadas a políticas que, durante muchos años, combinaron instrumentos ortodoxos, como una política monetaria globalmente prudente, con otros heterodoxos, como son el mantenimiento de un tipo de cambio invariable en relación con el dólar, regulaciones de mercado y controles de precio. En la mayoría de las economías vecinas, el Estado se abstiene de cualquier regulación de precios y deja que éstos se muevan con las tendencias globales.

Los resultados de esta estrategia son positivos, aunque hay un necesario debate sobre sus costos y la sostenibilidad si la situación global se sigue deteriorando. Por lo pronto, se observa mucho esfuerzo por regular el precio y disponibilidad de productos como el maíz y otros insumos claves para la cadena alimenticia básica. Obviamente, ese enfoque no deja satisfechos a productores que podrían ganar más en esta coyuntura alcista.

Por lo pronto, la ruta está definida por el Gobierno, pero no está demás que su ejecución esté acompañada de una apertura y diálogo con los productores de bienes regulados de manera que se entiendan sus preocupaciones, pues no todas obedecen a cálculos cuestionables. Por otra parte, tampoco hay que creer que los controles o la fijación de precios se pueden ejercer sin límites, tienen costos y problemas conexos que no se pueden soslayar. Uno de los más importantes tiene que ver con que no desincentiven la producción en el mediano plazo. Es decir, hay que ser realistas y a la vez cuidadosos en el manejo de estas políticas.

El maíz escasea en Bolivia, dicen al unísono productores agropecuarios y autoridades locales del oriente del país, zona productora del grano; el Gobierno afirma que hay suficiente producción de este alimento y que su escasez solo puede deberse al agio y la especulación. En medio de este debate, atizado por la situación internacional, emerge el deseo de sembrar maíz transgénico.

La falta de maíz es real para los productores y se debe a que la superficie de siembra viene disminuyendo gradualmente por la baja productividad que se obtiene, explican ejecutivos del gremio, como consecuencia del ataque de plagas o de condiciones climáticas adversas, como la sequía o la helada. Para el Gobierno la explicación está en que los productores han preferido sembrar otros granos, especialmente soya, en función de sus intereses comerciales.

Los productores afirman que en condiciones normales el país demanda 1,2 millones de toneladas anuales de maíz, y produce entre 900.000 y un millón de toneladas, pero que por las razones ya nombradas, este año la producción es mucho menor. El Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, por su parte, afirmó que este año el país tendrá una oferta total de 1.029.179 toneladas de maíz amarillo duro, con lo cual debería abastecerse y garantizarse la demanda interna.

El Viceministro de Defensa del Consumidor, a su vez, anunció una denuncia penal en contra de cuatro empresas de Santa Cruz por los delitos de agio y especulación de maíz, después de verificar el acopio de grandes cantidades del grano en esa ciudad. Días atrás, el ejecutivo de la Cámara Agropecuaria del Oriente había afirmado que de haber especulación y ocultamiento, éste era atribuible a los intermediarios.

Finalmente, el Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior afirmó que más del 50% del maíz que se cultiva en Santa Cruz es transgénico, y explicó que la urgencia con que se demanda autorización para este tipo de cultivos es legalizarlos. De manera coincidente, el Presidente de la Cámara de Pequeños Productores del Oriente reconoció que el maíz y la soya que se usan para la producción de carne son genéticamente modificados. Súmese a ello el contrabando del grano desde países vecinos donde los cultivos transgénicos son legales.

Todos los argumentos sobre la producción del maíz apuntan a la necesidad de usar semillas genéticamente modificadas para incrementar la productividad de los decrecientes cultivos del grano. Sin embargo, existen obstáculos legales, aunque en anteriores ocasiones han sido superados, autorizándose en circunstancias específicas cultivos transgénicos; el que se emplea para producir biocombustibles, por ejemplo. Días atrás, el Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario afirmó que el procedimiento para autorizar cultivos transgénicos “nunca ha estado cerrado”.

Son, pues, claras y varias las causas detrás de la escasez de maíz y todas confluyen en el deseo de emplear semillas genéticamente modificadas. El Gobierno parece decidido a combatir esas causas, pero en el camino debe garantizar la seguridad alimentaria del país.

Si las bancadas del oficialismo y de la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional no logran un acuerdo para la designación del nuevo titular en la Defensoría del Pueblo, parece que se mantendrá el interinato de Nadia Cruz. Luego de tres intentos fallidos, no hay dos tercios de votos. Este miércoles se reinstala la sesión, sin disponibilidad evidente de concertar.

El proceso de elección, selección y designación de la nueva Defensora o Defensor del Pueblo titular, realizado hasta el momento conforme a ley, podría estancarse o naufragar por la falta de acuerdos entre el MAS-IPSP y los opositores Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. Este desencuentro político, salpicado de capricho y discursos pomposos, ha impedido conseguir la mayoría especial requerida para la designación entre los siete postulantes seleccionados en la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea.

Más allá de sus causas, ya abordadas en este espacio, la falta de voluntad política para alcanzar los dos tercios tiene efectos, que es importante analizar. Al respecto, debe señalarse que este “empantanamiento” resulta deplorable, sobre todo porque responde a mezquindades y hasta caprichos. Ahí está, por ejemplo, la actitud de asambleístas de Creemos que se retiraron de una reunión de diálogo convocada por el vicepresidente Choquehuanca porque querían estar tres en lugar de los dos jefes de bancada.

Si no hay disponibilidad de concurrir a un espacio de diálogo, menos la habrá para concertar una salida que preserve la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. Las posiciones hasta ahora son evidentes: el MAS-IPSP ha cerrado filas en torno a un postulante (acusado de masista), lo propio hizo Comunidad Ciudadana al optar por una postulante (vinculada con la oposición), y Creemos se queda en la nulidad absoluta. En esas condiciones, ¿serán capaces de llegar a un acuerdo que no sea patear el tablero?

Luego de tres votaciones fallidas, es ciertamente inútil ir a una nueva votación en la Asamblea sin haber acordado y garantizado previamente la mayoría especial requerida. El país no merece esos espectáculos de trinchera. La consecuencia es clara: el proceso quedará pendiente, sin designación, lo que implica la continuidad en el cargo de la actual defensora interina, Nadia Cruz. Así lo establece con claridad la Ley 870 del Defensor del Pueblo. A no ser que se nombre otro interinato, que sería peor.

El caso de la Defensoría del Pueblo es parte de un propósito mayor de fortalecimiento de la institucionalidad en el país. Más allá de la evaluación que se tenga de los actuales interinatos extendidos, necesitamos autoridades titulares, probas, capaces e independientes en todos los cargos fundamentales del Estado Plurinacional. Hasta ahora los actores políticos, con predominio de discursos de polarización, no han estado a la altura para afrontar este desafío. Hoy el país estará atento a lo que nos tienen que decir.

Luego de 10 intensas jornadas, ayer ha terminado la 13ª versión del Festival Internacional de Teatro de La Paz (Fitaz), un encuentro con las artes dramáticas que no solo sitúa a la ciudad sede de gobierno en el radar de artistas y críticos, sino también reconecta a la población con una de las formas más antiguas de las artes del espectáculo en Occidente.

No solo eso: el festival no se había realizado de manera presencial desde hace años, antes incluso del inicio de la pandemia por el COVID-19. La falta de apoyo de las instituciones públicas y de auspicios suficientes de las privadas hicieron cuesta arriba el camino de las personas que año tras año desde 1999 se dedican a reunir en los escenarios paceños a artistas de varios países con el público.

En total, durante los últimos 10 días se organizaron 67 actividades relacionadas con las artes escénicas, incluyendo, por supuesto, puestas en escena de obras para adultos, para niños y niñas, e incluso para públicos virtuales, aprovechando las nuevas tecnologías, además de espacios de formación, de intercambio entre artistas y gestores culturales, talleres y foros.

Numerosas reseñas publicadas en diversos medios, incluyendo la crítica diaria que encontró espacio en las páginas de la sección Cultura de LA RAZÓN, dan cuenta no solo de un evento que resultó exitoso por la calidad de las presentaciones y artistas llegados de otras ciudades del país y del extranjero, sino también por la respuesta del público, que en gran parte de las presentaciones volteó la taquilla incluso días antes de la función.

Previsiblemente, todos los géneros teatrales fueron representados en las tablas, pero también en calles y plazas y otros espacios no convencionales, como las pantallas de las computadoras en las funciones virtuales, una innovación que mucho le debe a los dos años de pandemia que el mundo entero lleva tolerando.

Inevitablemente, la crítica social fue parte de la oferta de espectáculos: desde la obra Palmasola, que de un modo valiente y atrevido pone ante las y los espectadores la vida cotidiana de una de las cárceles más conflictivas del país, pasando por Si nos permiten hablar, homenaje al legado de Domitila Barrios de Chungara, que es más que solo testimonio de un momento trascendental de la historia boliviana, hasta El divino anticristo, obra chilena que pone en escena las miserias y grandezas de los desplazados por la sociedad del vecino país.

Gestores culturales, dramaturgos, actores y actrices y toda clase de teatristas tuvieron ocasión de encontrarse, conocerse e intercambiar información y conocimiento respecto de su pasión y arte, ese que desde hace milenios encanta, sorprende y extraña a los públicos de todo el mundo, que buscan en el espectáculo teatral historias que ora muestran facetas poco vistas de la vida cotidiana, ora representan sorprendentes aventuras históricas o fantásticas. Durante 10 días los habitantes de La Paz respiraron teatro, y es deseable que tan positiva experiencia anual nunca más deje de repetirse.

Si bien no es posible hacer un balance del desempeño de todos y cada uno de los actuales gobiernos en las entidades territoriales autónomas del país, en general predomina la sensación de un primer año más bien opaco. Cierto que las condiciones socioeconómicas y financieras son difíciles, pero hay serios límites en la gestión pública del nivel subnacional. Quedan cuatro años.

Las elecciones departamentales, regionales y municipales de marzo y abril de 2021 permitieron renovar la legitimidad en las urnas de gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales. Concluyó así un año de prórroga en el mandato de las anteriores autoridades. El inicio de gestión ha sido complejo, en especial por los efectos de la crisis político-institucional del 2019-2020 y la persistente pandemia del COVID-19. Hay legitimidad de origen, entonces, pero la legitimidad de rendimiento es todavía incierta.

No hay suficientes datos ni diagnósticos para evaluar el curso de la gestión en las nueve gobernaciones y más de 300 gobiernos locales, pero diferentes percepciones de opinión pública, en especial en las ciudades capitales, muestran que hay más crítica y desencanto que conformidad o expectativa. Es evidente que un año es todavía poco tiempo para calificar una gestión, pero pueden observarse algunas señales y tendencias. Hay muchas necesidades y demandas, en tanto que los recursos son escasos.

En el caso de los gobiernos departamentales, en este primer año hubo controversia y cuestionamientos en especial en La Paz, Potosí y Santa Cruz. Las críticas tienen que ver con inacción, pocos resultados, decisiones polémicas, denuncias de corrupción y hasta consumo de bebidas alcohólicas en las oficinas. En otros casos, como Beni y Cochabamba, se registraron más bien algunos esfuerzos de gestión concertada. Nada de esto puede generalizarse, pero expresa diferencias de estilo y, quizás, de itinerarios.

Algo similar ocurre en los municipios de las ciudades capitales y El Alto. En algunos casos, el apoyo recibido por alcaldes y alcaldesas en las urnas, con alta votación, empieza a erosionarse por el natural desgaste en la gestión, errores propios y disputas en los concejos municipales. Influye también el hecho común de que los equipos profesionales y técnicos fueron casi completamente desmantelados para distribuir cargos entre los partidarios. Es un rito conocido también en el nivel central del Estado.

Mención especial merece la gestión del alcalde Iván Arias, exministro de Áñez. Hay miradas opuestas. Sus acólitos sostienen que es un alcalde “en movimiento”, aunque deben admitir que, por el momento, “la evaluación no puede ser exitosa” (sic). Sus adversarios, en tanto, advierten sobre una acelerada descomposición en el gobierno municipal paceño, carente de horizonte estratégico. Igual quedan cuatro años de gestión para todas las autoridades electas, con escala en el periodo de revocatoria a fines de 2023.