Opinión

Wednesday 21 Feb 2024 | Actualizado a 07:01 AM

El efecto carnet

La luz al final de este túnel pandémico es la baja tasa de letalidad, que es un resultado benéfico precisamente de las vacunas.

Por La Razón

/ 7 de enero de 2022 / 01:26

Los decretos que implementan el carnet de vacunación contra el COVID-19 como documento oficial y establecen su presentación para acceder a lugares públicos y privados generaron diferentes efectos. El más importante es la masiva concurrencia a los centros de vacunación. El efecto no deseado tiene que ver con interminables filas en medio de la agresiva cuarta ola de la pandemia.

El decreto 4061 definió que desde el pasado 1 de enero un requisito para el acceso a instituciones públicas, financieras, religiosas, comerciales, de entretenimiento, educativas y de transporte interdepartamental es portar el carnet de vacunación contra el COVID-19. De manera alternativa se puede presentar una prueba PCR negativa emitida hasta 48 horas antes. Esta drástica medida se aplicó apenas durante cinco días y, luego de un paréntesis, volverá a entrar en vigencia desde el 26 de enero.

A reserva del debate sobre la decisión gubernamental de postergar la exigencia del requisito del carnet contra el coronavirus, el hecho cierto es que un efecto inmediato fue que miles de personas, que por distintas razones no se habían vacunado, corrieran a los centros de vacunación en todos los departamentos del país. Lo hicieron no con la convicción de que están protegiendo su propia salud y el bienestar colectivo, sino por la necesidad de hacer trámites, en especial en entidades públicas y en los bancos.

La buena noticia entonces es que en los últimos tres días tuvimos un promedio cercano a 140.000 dosis diarias de vacunas administradas en el país. Ello contribuye a mejorar el porcentaje de vacunación, que es todavía bajo (solo 40% de personas completamente vacunadas, 50% con una sola dosis). Claro que, como en todos los países, todavía hay resistencias de algunos grupos antivacunas que, en lugar de plantear argumentos, alegan información falsa, credos insostenibles, desconfianza.

El efecto no deseado, ciertamente deplorable, es que esta gran afluencia de personas a los centros de vacunación, antes vacíos, está provocando filas interminables y ha rebasado las actuales capacidades y condiciones para atender la demanda. Así, durante muchas horas, personas que tuvieron ocho meses para vacunarse y no lo hicieron (“no me dio la gana”, dijo una brava señora) se mezclan con niños desde los cinco años para quienes recién se habilitó la vacunación. Debiera haber un trato diferenciado.

Ello ocurre en medio de la anunciada cuarta ola del coronavirus, que ha superado todos los récords de contagios (con centro en Santa Cruz) y amenaza nuevamente con el colapso del sistema público de salud. La luz al final de este túnel pandémico, que con sus nuevas variantes no parece tener fin, es la baja tasa de letalidad, que es un resultado benéfico precisamente de las vacunas. Queda todavía un largo trecho en este esfuerzo colectivo. Y en ello cuenta a favor la exigencia del carnet de vacunación.

Comparte y opina:

Rumbo incierto

Por La Razón

/ 18 de febrero de 2024 / 01:21

Diferentes estudios cualitativos y de opinión pública muestran que la sensación predominante en este momento en el país es de incertidumbre. Una reciente encuesta señala un aumento en la insatisfacción con la situación actual. Y la mayoría de la población no cree que la política ni la economía mejoren en los próximos meses. Son señales de alerta que deben preocuparnos.

Durante la coyuntura crítica de fines de 2019, prolongada en 2020 con el gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez, se instaló en Bolivia una sensación extendida de crisis múltiple y polarización, acompañada de incertidumbre. Contribuyeron a ello la crisis sanitaria por el COVID-19, la sucesiva postergación de las elecciones generales, la persistente disputa de relatos en una sociedad dividida y la desastrosa gestión gubernamental. La percepción de crisis y de incertidumbre disminuyó con la victoria electoral de Luis Arce.

Transcurrido este tiempo, se ha ido ampliando la sensación de que el rumbo del país es incierto. Por un lado, los actores políticos relevantes, en especial en la Asamblea Legislativa, parecen empeñados en exhibir sus diferencias y la incapacidad de lograr acuerdos, como se vio en varios temas de la agenda legislativa. El bloqueo a las elecciones judiciales en 2023 y la autoprórroga de mandato de los magistrados aumentó la elevada desconfianza en los políticos y en las instituciones.

Pero el punto de inflexión respecto a la situación actual y la expectativa de futuro se produjo el primer trimestre del año pasado, cuando empezaron a faltar dólares y se generó un mercado paralelo. Más allá de la baja inflación, que es un dato sustantivo, así como de la disminución del desempleo, varios indicadores macroeconómicos son negativos para la economía nacional. Es particularmente crítico el boquete cada vez más grande y difícil de cubrir producido por la subvención a los hidrocarburos.

Con un sistema político sin acuerdos mínimos y parálisis decisoria en la Asamblea Legislativa (aunque debemos celebrar la convocatoria a las elecciones judiciales), y con la sensación creciente de duda sobre la estabilidad económica (principal pilar del gobierno de Arce), el actual contexto en el país es de preocupación e incertidumbre. ¿Los actores políticos e institucionales lograrán acuerdos básicos para encaminar la agenda de políticas públicas? ¿Se podrá sostener la economía sin escenario de crisis?

También puede leer: Difícil ruta crítica

Estas señales de alerta, que están en el día a día de la ciudadanía, empeñada en procurar condiciones de vida dignas, debieran concentrar la atención de todos los actores estratégicos, en especial del Órgano Ejecutivo. Las disputas políticas y de intereses particulares son normales en una democracia plural, pero se convierten en lastre cuando subordinan y hasta ignoran la agenda común y el bienestar colectivo. Es fundamental preservar la estabilidad y dar certidumbre sobre lo que viene.

Comparte y opina:

Difícil ruta crítica

El primero en vulnerar el acuerdo (tal vez porque no fue parte de la deliberación), fue el expresidente Carlos Mesa

Por La Razón

/ 15 de febrero de 2024 / 06:31

Lo que hasta la semana pasada parecía una salida al laberinto de la ley de convocatoria a elecciones judiciales se convirtió, en vísperas del Carnaval, en un nuevo reto para el espíritu democrático de algunos y más del mismo juego iniciado hace casi un año, para otros. Se espera que esta semana se implemente la ruta crítica y la convocatoria a elecciones sea publicada.

El escenario parecía haberse aclarado con el acuerdo “bicameral y multipartidario”, suscrito a instancias del Vicepresidente del Estado, y entonces se celebró “el triunfo de la política” por encima de las mezquinas actuaciones de algunas y algunos legisladores; sin embargo, la semana pasada, en vísperas del Carnaval, las cosas volvieron a complicarse cuando los jefes partidarios decidieron ignorar el contenido del acuerdo.

Lea también: Créditos y/o cese

A despecho de lo que pudieran creer y afirmar los dirigentes políticos interesados en impedir la pronta realización de las elecciones judiciales o en mantener en status quo la “autoprórroga” de las y los magistrados en ejercicio, el acuerdo sostiene que el debate legislativo sobre el mandato de los jueces, magistrados y tribunos debía producirse “en la sesión siguiente a la aprobación del Proyecto de Ley N° 144/22-23 y de al menos 4 de los proyectos de ley” referidos a créditos externos. El primero en vulnerar el acuerdo (tal vez porque no fue parte de la deliberación), fue el expresidente Carlos Mesa.

Sin embargo, legisladores de las tres fuerzas representadas en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa se mostraron optimistas respecto de la posibilidad de publicar hasta el fin de semana la convocatoria al registro de postulantes, paso que dará inicio al calendario electoral, que debe desarrollarse en 80 días en el ámbito legislativo y luego en 150 días en manos del Tribunal Supremo Electoral.

Mientras tanto, la interminable pulseta, en la que es imposible identificar alguna parte que no hubiese mostrado signos de mala fe, se alimenta de amenazas de declarar “incompetente” al presidente de la Cámara de Diputados o de reactivar los bloqueos de caminos desde la próxima semana, habida cuenta que, según varios comentadores y analistas, el bloqueo sí produjo los resultados que su impulsor, el expresidente Evo Morales, buscaba.

Por su parte, el Gobierno sigue mostrándose débil y arrinconado, y sin darse cuenta de que los discursos en los que se muestra como víctima tienen poco o ningún efecto en la opinión, seguramente porque se espera que las autoridades electas con más de la mitad de los votos sean capaces de proponer iniciativas que muestren proactividad. Mientras tal cosa no suceda, es de esperar que los líderes de oposición sigan manejando la agenda política según sus caprichos y que, como dijo una senadora de CC, siga alargándose “la agonía de los ciudadanos”.

Comparte y opina:

Créditos y/o cese

Hay pues la necesidad de pactar, sin imposiciones ni vetos, para fines de gobernabilidad.

Por La Razón

/ 11 de febrero de 2024 / 00:22

El acuerdo in extremis suscrito la semana pasada para destrabar las elecciones judiciales tropezó con la disputa por el cese de magistrados y la aprobación de créditos. Era previsible. El Gobierno busca mantener la autoprórroga y la oposición (evistas incluidos) condiciona los contratos de préstamo. Prosigue así la lógica de bloqueo con parálisis decisoria en la ALP.

Tras cinco días de debate y bajo presión del bloqueo de caminos, las jefaturas de bancada de las tres fuerzas políticas y las autoridades de ambas cámaras legislativas suscribieron un acuerdo con tres puntos. El primero se cumplió pese a los augurios en contrario. El lunes 5 fue aprobada en Diputados la Ley 144 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024. Al día siguiente se sancionó en el Senado y, horas después, fue promulgada por el Ejecutivo. Se asumió así una solución de compromiso que fue cumplida.

El problema surgió a la hora de tratar los siguientes dos puntos del acuerdo. ¿Primero aprobación de créditos y luego tratamiento de los proyectos de ley para el cese de magistrados y suspensión de plazos procesales? ¿O primero cese de los autoprorrogados y después consideración de los siete proyectos de ley de financiamiento de la agenda económica? Hay una cuestión de confianza (se habla de “maniobras” y de “chantaje”). Pero también de maximalismo político para imponer un punto de vista.

Según el mencionado acuerdo, los dos proyectos de ley relacionados con el cese de magistrados deben tratarse por tiempo y materia en Diputados luego de la ya aprobada ley de convocatoria a las elecciones judiciales y la aprobación de al menos cuatro de las siete leyes sobre contratos de préstamo para diferentes proyectos y obras. Quedarían pendientes las otras tres leyes de la agenda económica. Ello debió expresarse de manera inequívoca en el orden del día de la sesión. Y no fue así, generando conflicto.

Lea también: Democracia amenazada

Es evidente que voceros de uno y otro lado están bloqueando el cumplimiento del acuerdo. Ahí están actores de la oposición que rechazan por anticipado la aprobación de los créditos y actores del Gobierno que desahucian el cese de magistrados. Ambos se acusan de la “ruptura” del acuerdo político. El resultado fue una fallida sesión en Diputados y el triste espectáculo de horas inútiles de discursos sin resultado. La sesión fue suspendida y postergada sin fecha. Como si no hubiera urgencias y riesgo de enfrentamiento.

¿Qué sigue? ¿El Gobierno aceptará el cese de los autoprorrogados a cambio de la aprobación de créditos? ¿La oposición condicionará todo, incluidas las elecciones judiciales, al cese de magistrados? Es innegable que cualquier solución requiere madurez y voluntad política. Y en este momento el oficialismo del presidente Arce está en minoría en la Asamblea. Hay pues la necesidad de pactar, sin imposiciones ni vetos, para fines de gobernabilidad en un contexto difícil para la política y la economía.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Democracia amenazada

Como un mal de muchos que consuela a los tontos, el retroceso de los valores democráticos es ya un fenómeno global

Por La Razón

/ 8 de febrero de 2024 / 06:45

Como un mal de muchos que consuela a los tontos, el retroceso de los valores democráticos es ya un fenómeno global, caracterizado por la emergencia de líderes egocéntricos y autoritarios, obsesionados con alcanzar y luego retener el poder, pero también por la tendencia de los electorados a conceder el poder a tales líderes, habitualmente con una esperanza que luego se ve traicionada.

Ocurrió en Argentina hace pocos meses: Javier Milei, el candidato “ultraliberal”, cuya campaña estuvo plagada de insultos, descalificaciones, amenazas y cosas peores, se alzó con la victoria en segunda vuelta, y el día de su posesión mostró que, por una parte, iba en serio en su intención de impulsar una transformación neoliberal a cualquier costo, incluyendo su por ahora demorado proyecto de conceder[1]le al Presidente los poderes de los tres órganos del Estado; y, por otra, que gran parte de su discurso era mentira: las medidas adoptadas en poco afectan a “la casta”, que en los hechos es parte de su gobierno.

Lea también: Ganó la política

Está ocurriendo en El Salvador, donde Nayib Bukele acaba de ganar su segundo mandato con un resultado electoral casi inverosímil: más del 80% de los votos fueron para el partido Nuevas Ideas, cuyo principal argumento de campaña fue el éxito en la reducción de la violencia atribuida a las mafias y las maras, lograda con el encarcelamiento masivo de presuntos delincuentes (se habla de más de 76.000 personas arrestadas) y la consiguiente reducción de libertades y derechos constitucionales.

Lo mismo, aunque con matices diferentes, puede decirse de Venezuela, donde el Presidente, en ejercicio desde 2013, ha anunciado que piensa ser reelecto a cualquier costo, lo que incluye ponerle cortapisas a cualquier oposición viable; o Nicaragua, donde desapareció por completo la competencia democrática y los opositores perdieron incluso su derecho a la ciudadanía.

Claramente no se trata de una tendencia atribuible a “la izquierda”. Para más evidencia está el último informe de Latinobarómetro, que demuestra el bajo apoyo que tiene la democracia: solo 48% de las personas en el continente la prefieren como modo de gobierno, mientras que 28% dice que le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario y el 17% prefiere “en algunas circunstancias” un gobierno autoritario.

Bolivia no es la excepción, y si en 2020 hubo evidencia del apoyo que puede galvanizar un gobierno como el de Jeanine Áñez, muchos de quienes hoy están en ejercicio del poder, en cualquiera de los niveles gubernativos, están demostrando que los valores y las formas democráticas les estor[1]ban, y cuentan con grupos organizados y movilizados para evitarlas en lo posible.

Difícil, pues, vislumbrar un futuro esperanzador cuando todo demuestra que líderes y dirigentes se han vuelto impacientes y no están dispuestos ni a esperar los plazos que impone el juego democrático ni a conceder la victoria al adversario. Así, es probable que la división no hará más que incrementar, lo mismo que las posibilidades de enfrentamientos fratricidas.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Ganó la política

Por La Razón

/ 4 de febrero de 2024 / 04:05

Tras cinco días de debate, la comisión multipartidaria bicameral aprobó un acuerdo para convocar a las elecciones judiciales, discutir la autoprórroga de los magistrados y aprobar al menos siete créditos. El acuerdo, aprobado por consenso, es una victoria de la política. Se logró bajo presión del bloqueo de caminos, ahora en suspenso. El país espera que el acuerdo se cumpla.

Fueron necesarios 12 días de bloqueo de caminos, una medida radical y de alto costo impulsada por organizaciones afines al expresidente Morales, para que finalmente los actores políticos en la ALP destraben los comicios judiciales. Como establece la Constitución, la elección de las altas autoridades judiciales y constitucionales debió realizarse en 2023, pero fue bloqueada durante casi un año por acciones combinadas de actores políticos (en especial del Gobierno) y operadores en los tribunales.

En un acuerdo in extremis, el proceso volvió a la política y al órgano legislativo luego de su secuestro por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, que puso candados y trabas a las postergadas elecciones judiciales. En ese recorrido, la decisión más crítica, calificada de inconstitucional, fue la autoprórroga de los magistrados y consejeros que cumplieron su mandato el 31 de diciembre pasado. La exigencia de cese de estas autoridades fue el punto en discordia que impedía un acuerdo.

La buena noticia es que el pasado viernes los presidentes de las cámaras legislativas, los jefes de bancada y los presidentes de las comisiones involucradas firmaron un acuerdo para garantizar las elecciones judiciales 2024. Curiosamente, el acuerdo no fue firmado por el vicepresidente Choquehuanca, quien declaró un receso de facto en diciembre y dilató la convocatoria al diálogo. La ruta adoptada establece que este martes debe sancionarse la ley de convocatoria, con lo cual los comicios tendrán fecha.

Inmediatamente después está previsto el debate en la Cámara de Diputados sobre dos temas críticos. Por una parte, la aprobación de siete proyectos de ley de “financiamiento de la agenda económica” (nuevos créditos) y, por otra, el cese de los magistrados autoprorrogados, hoy solo defendidos por ellos mismos, el ministro de Justicia y algunos voceros del Gobierno. Ojalá el bloque arcista en la Asamblea no empantane la discusión y se retorne a la normalidad constitucional en el país, sin vacíos de poder.

Más allá del compromiso adoptado el viernes que, por supuesto, merece pleno apoyo, lo más relevante es que se reafirma la posibilidad de que los actores políticos relevantes dialoguen y logren acuerdos, al menos de procedimiento. Se evita así la parálisis en el órgano legislativo y se recupera la centralidad de la política. El país espera que, sin bloqueos que dañan la economía y perjudican a la población, las y los políticos estén a la altura en un año con difíciles retos y alta incertidumbre. 

Temas Relacionados

Comparte y opina: