Opinión

jueves 27 ene 2022 | Actualizado a 14:51

Reforma judicial

Es posible que el verdadero consenso nacional esté en torno a la necesidad de reformar la justicia.

Por La Razón

/ 10 de enero de 2022 / 01:57

Sobre la base de un plan estratégico presentado en septiembre pasado, en la Cumbre de Justicia anunciada para marzo de este año deberían construirse acuerdos y consensos para la reforma del Órgano Judicial. El evento, que podría dar vida a las conclusiones de una anterior Cumbre en 2016, debe asegurar la participación más plural posible a fin de arribar a conclusiones viables.

También piensa así el Ministro de Justicia, quien en entrevista con este diario reconoció que no habrá buenos resultados en la cita de marzo “si la reforma judicial no acoge al total de las fuerzas políticas, de colegios de abogados, de universidades, sectores sociales, del pueblo”. El Presidente del Estado, por su parte, aseguró en la inauguración del año judicial que esta vez la reforma dejará de ser “un discurso” para convertirse “en hechos concretos para beneficio directo de la población boliviana”.

Coincide el renovado interés en asegurar una Cumbre donde se obtenga resultados con la pronta visita del Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, quien llega para evaluar la independencia del Órgano Judicial boliviano, según anunció el ministro. Asimismo, el plan estratégico responde a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los sucesos de octubre y noviembre de 2019.

Toca ahora traducir esa voluntad en eficaces acercamientos con todos los actores políticos y sociales, que deberán discutir en muy pocos días sobre aspectos como la distribución de jueces y juzgados en el país, el sistema de acceso a la justicia, la independencia judicial, las soluciones tecnológicas, el desarrollo normativo y la transparencia, seis ejes que se proponen para hallar un camino de transformación del Órgano Judicial y de la justicia en Bolivia.

El ministro añade a la problemática tres temas más: la elección de autoridades del Órgano Judicial; el presupuesto para justicia, aunque luego cuestiona que Bs 1.000 millones anuales no alcancen para brindar justicia, y responder a las necesidades de la gente. El primero de los tres, in extremis, demanda una difícil reforma constitucional, lo cual obliga a buscar fórmulas que posibiliten elegir a las mejores personas y profesionales sin alterar el mandato constitucional.

Es posible que el verdadero consenso nacional esté en torno a la necesidad de reformar la justicia; al mismo tiempo, es posible que las alternativas para esta reforma sean fuente de disenso. Corresponde a quienes organizan la Cumbre de marzo sacar el máximo provecho al consenso de partida.

Un nuevo fracaso en la búsqueda de salidas a la crisis, que de tan larga se ha convertido en la cotidianidad del sistema de justicia boliviano, puede tener efectos adversos para la gobernabilidad, amén de la credibilidad de las autoridades, que ya en otras ocasiones se mostraron incapaces de acompañar las palabras de necesidad y urgencia con acciones de idéntico sentido.

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Cumbre por la justicia

Debe hacerse sobre cimientos sólidos y con la más amplia convicción y compromiso de todos los actores.

Por La Razón

/ 26 de enero de 2022 / 00:13

Estamos a menos de dos meses de la cumbre por la justicia anunciada por el Gobierno para el mes de marzo, y todavía no se conocen decisiones formales sobre la convocatoria, la agenda temática, los participantes. Dadas las expectativas puestas en este encuentro, en un contexto de acentuada crisis judicial, es necesario garantizar la participación lo más amplia y plural posible.

Ya es un lugar común sostener la necesidad impostergable de una reforma profunda en el sistema de administración de justicia del país. Es una prioridad estatal y está entre las preocupaciones ciudadanas. El desafío es amplio. Se trata de impulsar transformaciones integrales a fin de lograr una justicia justa, accesible e independiente. Hasta ahora los anuncios de reforma, en algunos casos seguidos de alguna iniciativa normativa o administrativa, han sido solo eso: anuncios parciales que nada cambian.

La Cumbre Nacional de Justicia, anunciada por el presidente Arce en noviembre pasado en ocasión de su informe de gestión, fue concebida en principio como un punto de llegada. En el evento se presentarían y discutirían (o avalarían) avances en los seis ejes de reforma planteados por el ministerio del área. Estos ejes ya habrían sido socializados en diferentes ciudades del país con actores diversos. No se conoce, en todo caso, un acercamiento con la oposición, que ha manifestado escepticismo sobre la iniciativa.

Si bien la citada cumbre busca impulsar una reforma “de abajo hacia arriba con la participación del pueblo”, es evidente que la transformación del sistema de administración de justicia, para ser sustantiva y viable, debe ser resultado de un amplio proceso deliberativo y de un acuerdo nacional que le otorgue no solo legitimidad, sino en especial condiciones para su implementación. Para ello es indispensable alentar y tomar en cuenta, sin prejuicios ni exclusiones, diferentes propuestas de reforma.

De las varias cuestiones que deben ser abordadas y que configuran la actual crisis terminal del sistema judicial en el país, sin duda una de las más relevantes y complejas es la forma de elección o designación de las altas autoridades judiciales. Si bien hay cuestionamientos a la elección mediante sufragio establecida en la Constitución, que tuvo dos experiencias polémicas en 2011 y 2017, diferentes estudios de opinión pública muestran que mayoritariamente la gente no quiere renunciar a este derecho.

La reforma integral de la justicia es demasiado importante como para dejarla librada a la improvisación, la polarización política y el azar. Si se busca que la Cumbre Nacional de Justicia sea un hito en este camino, urge dar certidumbre al país sobre su naturaleza y alcance. Es evidente que el recorrido será prolongado y difícil, pero debe hacerse sobre cimientos sólidos y con la más amplia convicción y compromiso de todos los actores relevantes. De lo contrario, en marzo nos espera un nuevo desencuentro.

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Democracia paritaria

La presencia de las mujeres creció de menos del 1%del total de legisladores a la mitad de todos ellos.

Por La Razón

/ 24 de enero de 2022 / 00:06

En los últimos años, Bolivia ha sido reconocido como uno de los países con mayor participación femenina en el poder. De hecho, actualmente el 46% de las sillas curul en la Cámara de Diputados está ocupado por mujeres y el 55% en el caso de la de Senadores. Sin embargo, esa estadística esconde algunos aspectos preocupantes, como el continuo acoso que todavía sufren las políticas.

Un reciente informe, publicado por Oxfam Bolivia, revela que en los últimos 38 años la presencia de las mujeres creció de menos del 1% del total de legisladores a la mitad de todos ellos; pero también evidencia que al menos cuatro de cada 10 legisladoras activas han denunciado que fueron víctimas de acoso y violencia política “varias veces”. Falta saber cuántas han sufrido sin denunciar.

La investigación, que combinó encuestas, grupos focales, entrevistas y el método Delphi, fue realizada conjuntamente por Oxfam, la Coordinadora de la Mujer y el Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón (CESUUMSS) en todo el país, por lo que da cuenta del estado de cosas no solo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino también en los gobiernos departamentales y municipales, donde la evidencia muestra una participación paritaria en los órganos legislativos, pero “ninguna presidenta electa, cero gobernadoras, muy pocas alcaldesas”.

Eso significa, dice el informe publicado bajo el título La paridad más allá de la paridad, que “la democracia paritaria es una buena idea”, también que “es un proyecto radical de transformación política”, pero que “aún no se ha plasmado, está en proceso de edificación y es necesario construirla”. El proceso para llegar hasta donde se encuentra el país puede sintetizarse en cuatro etapas: la primera, caracterizada por ausencia de normas y mecanismos para la participación política de las mujeres; la segunda, cuando se impulsaron acciones afirmativas; la tercera, cuando se instituyó la paridad democrática como dispositivo normativo; y la actual: democracia paritaria como proyecto.

Los obstáculos que afrontan las mujeres en política, señala el estudio, tienen que ver con que ellas todavía son víctimas de acoso y violencia; con las labores de cuidado, en el hogar y más allá, que todavía recaen sobre ellas; y con los prejuicios en su contra, que combinados limitan y desvalorizan la participación femenina en política.

Sin ofrecer una receta, sino señalando los desafíos, las investigadoras proponen, además de trabajar la intrínseca relación entre colonialismo y patriarcado, construir una democracia paritaria intercultural, introducir nuevas reformas jurídicas, allanar el camino para la participación femenina en la política, comenzando por los partidos políticos y sus estructuras, y generar condiciones para el ejercicio paritario de la función legislativa. No es poco ni mucho menos fácil, pero todo lo avanzado hasta ahora sirve como demostración de que es posible.

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Jair y Jeanine

Si Áñez niega enfáticamente tal reunión, entonces uno de los dos miente.

Por La Razón

/ 23 de enero de 2022 / 01:05

La revelación de un video en el cual se ve al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmando haber estado una vez con la expresidenta Jeanine Áñez ha generado polémica en el país. Como no se conoce públicamente tal reunión, tendría que haber sido secreta. Se acusa también a Áñez de haber usado el avión presidencial para esos fines. Y se anuncian investigaciones al respecto.

La noticia sobre el supuesto encuentro entre Bolsonaro y Áñez, que de haberse producido no tuvo carácter oficial, fue publicada por el diario argentino Página 12, con un reporte desde Brasilia. En la nota se habla de una suerte de “confesión involuntaria” del mandatario brasileño, registrada en un video que, por la gravedad del hecho, habría sido eliminado de YouTube por los bolsonaristas. Se informa también sobre los “sospechosos y reiterados vuelos” del avión presidencial FAB-001 con destino a Brasil.

Por supuesto que semejante declaración de Bolsonaro se convirtió en noticia en el país, pese a que algunos operadores mediáticos de la oposición optaron por no difundirla. De manera previsible, desde el Gobierno y la Fiscalía se emitieron veloces pronunciamientos, señalando que Áñez debería prepararse para responder. La expresidenta, por su parte, mediante su equipo de defensa, negó enfáticamente haberse reunido con Bolsonaro y expresó “serias dudas” sobre la veracidad de la información.

Poco después apareció el video con las declaraciones de Bolsonaro, que resultan inequívocas: “Mira, la expresidente de Bolivia, Jeanine, estuve con ella una vez, una persona simpática, está presa…”. ¿Jair estuvo con Jeanine una vez? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Hasta ahora no se conoce una versión oficial al respecto de la Cancillería o de la embajada brasileña. Y si Áñez niega enfáticamente tal reunión, entonces uno de los dos miente. “Dos mentirosos seriales”, comenta el periodista que reveló el video.

Más allá de varias cuestiones que deben esclarecerse, como los supuestos vuelos sin autorización del avión presidencial, es evidente que la administración de Bolsonaro tuvo cercanía con el régimen provisorio de Áñez, empezando porque fue el primer país en reconocerla tras su autoproclamación. La excanciller Longaric sabe de eso. Se ha mencionado también que el embajador de Brasil en Bolivia participó en las reuniones de la Universidad Católica donde se definió el plan de sucesión inconstitucional.

Todos estos hechos, que rápidamente son politizados y se usan de manera instrumental, abonan la disputa en torno al enjuiciamiento de la expresidenta Áñez, que en el caso Golpe de Estado II ya tiene fecha de inicio: 10 de febrero. La opacidad de la polarización no debe hacernos perder de vista la premisa fundamental de exigencia de justicia, con garantía plena de la presunción de inocencia y del debido proceso. Lo demás es ruido, demasiado ruido. O silencios convenientemente cuidados.

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Nuevo gabinete chileno

Un equilibrio interesante entre una izquierda renovada y la socialdemocracia más tradicional.

Por La Razón

/ 22 de enero de 2022 / 03:04

El perfil del equipo de colaboradores del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, ratifica su voluntad de renovar la política de ese país y ampliar la coalición partidaria que debería sostener sus iniciativas. Es una apuesta interesante que en pocos meses deberá mostrar su capacidad para impulsar cambios con estabilidad.

Desde su elección con un mandato fuerte, se esperaba con gran expectación el nombramiento del gabinete que acompañaría al recientemente electo y muy joven presidente del país transandino. Se asumía que esa lista iba a aportar señales valiosas acerca de la orientación del gobierno de la nueva coalición de izquierda que dirigirá ese país.

Dos aspectos eran los que más preocupaban a la opinión pública. Por una parte, la manera como se iba a resolver el equilibrio entre renovación y capacidad de ampliar la base política y social del sustento de la nueva administración. En concreto, muchos se preguntaban si habría personalidades cercanas a los partidos de la centro izquierda que gobernaron Chile en los últimos veinte años sin que eso menoscabara el mensaje de cambio generacional y político que encarnó Boric en la campaña electoral.

Por otra, existía gran ansiedad por conocer el equipo económico, en particular el nombre del nuevo Ministro de Hacienda. La pregunta era si se iba a optar por una vía más rupturista o de cierta continuidad con relación a la gestión de las reformas económicas prometidas.

Aspectos además sazonados por la necesidad del nuevo oficialismo para contar con una mayoría en el Parlamento, para lo cual debe necesariamente recurrir a fuerzas diferentes a las que lo apoyaron inicialmente en la elección.

Finalmente, la nómina presentada por Boric parece haber satisfecho muchas expectativas. Por el lado de la renovación, apuesta a un equipo mayoritariamente femenino y con la presencia de mujeres jóvenes de izquierda en puestos clave como el Ministerio del Interior y la Vocería. Y como ministra de Relaciones Exteriores designó a una prestigiosa mujer comprometida con la defensa de derechos humanos en el continente.

Ha nombrado también a un respetado economista ligado al Partido Socialista, presidente hasta ahora del Banco Central, como Ministro de Hacienda, colocándose más cerca de la socialdemocracia que de las lógicas de ruptura en ese ámbito. Está también acompañado en otras carteras de varios hombres y mujeres ligadas a varios partidos de la ex Concertación.

En pocas palabras, Boric parece estar proponiendo un equilibrio interesante entre una izquierda renovada y la socialdemocracia más tradicional, dando señales que deberían facilitar un apoyo parlamentario a su gobierno de parte de muchos diputados de la centro izquierda, todo esto reforzado por un recambio generacional y una representación mayoritaria de las mujeres en el nuevo poder chileno. Los ojos de gran parte del mundo sobre este gabinete.

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Decisión polémica

La decisión de suspender la obligatoriedad de estar vacunado se percibe como un contrasentido.

Por La Razón

/ 21 de enero de 2022 / 03:07

Luego de al menos dos jornadas en las que grupos de bloqueadores antivacuna desplegaron violencia en Cochabamba y El Alto, el Gobierno decidió suspender la obligatoriedad de portar carnet de vacunación a partir de la próxima semana. Previsiblemente, la medida no causó euforia entre los movilizados, pero sí desató una ola de críticas desde diferentes sectores opositores.

Cuando en diciembre último el Gobierno nacional determinó, en acuerdo con los gobiernos subnacionales, imponer mediante decreto supremo la obligación de presentar carnet de vacunación para acceder a oficinas públicas y realizar toda clase de trámites públicos y privados, algunos grupos cuya representatividad es imposible de determinar se lanzaron a la protesta y anunciaron que resistirían la norma.

Paralelamente, el verdadero efecto del solo anuncio de la medida fue un incremento notable en el número de personas vacunadas en todo el país. En ese momento importó menos el temor de algunas personas a la vacuna y sus efectos, y más la posibilidad de verse impedidas de realizar sus actividades cotidianas con normalidad.

Sin embargo, de manera difícil de comprender, la presión de los sectores antivacunas logró hacer mella en la voluntad del Gobierno, que finalmente decidió dar un paso atrás satisfaciendo los intereses de grupos minoritarios (pero violentos, como le consta a algunos periodistas víctimas de ataques cuando hacían su cobertura), como ya sucedió meses atrás con la intención de investigar fortunas ilícitas.

Desde el oficialismo se hizo algunos tibios esfuerzos por justificar el paso atrás, entre ellos el del presidente de la Cámara de Diputados, quien opinó que el pueblo ha tomado conciencia de la importancia de vacunarse y por tanto “no hay mayor necesidad de la exigencia del carnet de vacunación”. Las reacciones opositoras fueron muchas más, y prácticamente todas coincidieron en señalar debilidad de parte de las autoridades y hasta se sugirió que se trata de puro cálculo para evitar costos políticos. Los operadores mediáticos de la oposición no ahorraron adjetivos.

Por su parte, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) publicó un comunicado donde recuerda que en el marco de sus competencias autonómicas los gobiernos subnacionales pueden adoptar las medidas y acciones necesarias para contener la propagación del virus. Los gobiernos departamentales de La Paz y Chuquisaca, y varios gobiernos municipales anunciaron que sí exigirán el carnet.

En momentos cuando los nuevos casos diarios suman casi 11.000, y oficinas e industrias públicas y privadas ven su productividad mermada a causa del alto número de contagios, la decisión de suspender la obligatoriedad de estar vacunado se percibe como un contrasentido y una concesión no solo injusta sino sobre todo peligrosa para la salud pública, además de afectar la imagen de autoridad del Gobierno.

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