La institucionalidad pública se va construyendo y fortaleciendo a partir de un comportamiento correcto de los funcionarios que la encarnan. En este ámbito, hay responsabilidades evidentes de las que no se pueden desligar todas las autoridades electas o designadas. Faltas en ese ámbito pueden ser graves y precisan disculpas a los ciudadanos y, sobre todo, voluntad de enmendarlas.
En estas semanas se han producido varios incidentes en los que autoridades de diverso rango han estado involucradas en situaciones bochornosas o han usado un lenguaje inapropiado. El evento más reciente ha sido la detención del Gobernador de La Paz por supuestamente participar en una reunión en su oficina en la que se habría consumido bebidas alcohólicas. En otra parte del país, otro gobernador se ha referido en términos soeces a la labor de la prensa, circunstancia por la que, por si acaso, ya pidió disculpas.
Todas esas situaciones son reprochables y tienen que ver con el respeto por parte de todos los funcionarios públicos, y particularmente de aquellos que han sido electos por el voto popular, de ciertas pautas de comportamiento y uso del lenguaje que reflejen su compromiso con valores y principios morales que sean un ejemplo para toda la sociedad. A eso se le suele denominar ética pública.
Algunas de las violaciones a esos principios pueden ser incluso sujeto de investigación y sanción administrativa y penal, pudiendo desembocar en la suspensión o el cese definitivo de funciones del involucrado. Pero muchas, la mayoría, no necesariamente deberían acabar en procesos judiciales, sin que esto les quite su gravedad. Hay un nivel de responsabilidad con los ciudadanos de carácter moral y político que no puede eludirse.
En consecuencia, cuando se cometen esas faltas, por inadvertencia o en uso de todas sus facultades, se esperaría primero dar una clara disculpa a los ciudadanos, porque son ellos a los que se representa desde el poder estatal. Y principalmente un reconocimiento sincero del error y un compromiso para enmendarlo y no repetirlo.
Que esas situaciones lamentables no desemboquen en un cese de funciones o en problemas judiciales no debería llevar a pensar que ahí no pasó nada o que eso convalida la actuación de la autoridad involucrada. Solo por haber sucedido está horadando la confianza de la gente en las instituciones y la legitimidad de ese funcionario público. En el caso específico del Gobernador de La Paz, se espera una actitud de mayor responsabilidad y modestia para ir rectificando la mala imagen que estos sucesos han creado.