Siete meses después de su entrega oficial en el país, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue presentado en el Consejo Permanente de la OEA. El documento detalla los hechos de violencia y vulneración de derechos humanos producidos entre octubre y diciembre de 2019 en Bolivia. Sus recomendaciones todavía no se cumplen ni hay justicia para las víctimas.
En el contexto de la coyuntura crítica de fines de 2019, la CIDH realizó una visita de observación en el país, del 22 al 25 de noviembre. Constató la existencia de “graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias”. Y recomendó una investigación internacional independiente para asegurar el derecho a la verdad e identificar a los responsables. Así surgió el GIEI, mediante un acuerdo suscrito en diciembre de 2019 entre la CIDH y el régimen provisorio de Áñez.
Entre enero y octubre de 2020, el gobierno de Áñez bloqueó sistemáticamente la instalación y trabajo del GIEI. Los expertos recién pudieron iniciar sus funciones en noviembre, luego de las elecciones y la posesión del presidente Arce. El Grupo fue integrado por cinco expertos de alto nivel técnico y reconocida trayectoria en derechos humanos. Y tras ocho meses de trabajo en contacto directo con las víctimas, organizaciones de la sociedad, testigos, autoridades e instituciones, presentó su informe.
El informe del GIEI, entregado en Bolivia el 23 de julio de 2021, contiene ocho capítulos que, en 468 páginas, relata y documenta graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia, producidas el último cuatrimestre de 2019, incluidas dos masacres, torturas, detenciones ilegales, ejecuciones sumarias, criminalización y persecución política, discursos de odio, actos de racismo y violencia de género. Se trata de un documento invaluable para “rendir tributo a la verdad y procurar la justicia”.
En su último capítulo, el informe plantea conclusiones y varias recomendaciones a fin de “asegurar el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia y reparación”. Las recomendaciones están dirigidas en especial al Estado, aunque también hay algunas dirigidas a la sociedad civil. Lo esencial es que las víctimas obtengan justicia y reparación. Y es fundamental fortalecer la independencia de las instituciones públicas, empezando por la administración de justicia y la fuerza pública.
Todo ello se conoció esta semana en el Consejo Permanente de la OEA, que “tomó nota” del informe (el papel mismo de la OEA y en especial de su secretario Almagro estuvo en debate). Como sea, lo concreto es que hasta la fecha las recomendaciones del GIEI no han sido implementadas y tampoco hay justicia para las víctimas, ni siquiera respecto a las masacres de Sacaba y Senkata con las cuales se estrenó el régimen provisorio de Áñez. Urge tomar acción, pues sin justicia no hay reencuentro ni democracia.