Fue evidente desde el primer día que la Asamblea Legislativa Plurinacional iba a tener severos problemas para cumplir con su mandato constitucional; la incapacidad de escuchar, común entre las y los asambleístas de las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria, solo es superada por la voluntad de impedir al otro hablar. Lo sucedido el miércoles es una nueva muestra.
La sesión plenaria en la que debía tratarse y eventualmente aprobarse el proyecto de ley de convocatoria a postulantes al cargo de Defensor del Pueblo y su reglamento de selección quedó trunca y fue suspendida sin fecha para el retorno a la deliberación debido a que, una vez más, la violencia fue incontenible. A simple vista se observa que lo que está en juego no necesariamente es la preocupación por la probidad de quien asumirá el cargo de máxima autoridad de la institución nacional de derechos humanos del país, sino intereses de tipo particular.
Así se puede comprender cómo es que la bancada de Comunidad Ciudadana, cuyo representante participó hasta el viernes de la semana pasada en las reuniones de la Comisión Mixta que aprobó el borrador de reglamento, luego haya revisado su posición y exigido que toda decisión sea adoptada por dos tercios de los votos, sin importar si la Ley del Defensor del Pueblo señala otra cosa. La querella por forzar la adopción de decisiones por dos tercios de votos fue el principal obstáculo para las deliberaciones en la Asamblea Constituyente en 2006 y nuevamente se emplea con evidente intención de obstaculizar los procesos institucionales.
Paralelamente, la bancada de Creemos, agrupación cuyo líder impulsó los movimientos que acabaron con la renuncia de Evo Morales a la presidencia en 2019, también extemporáneamente exige que se retire la condición de no haber participado o estar involucrado en “la ruptura del orden constitucional”, supuestamente porque afirma “la narrativa” del golpe de Estado, sin importar que la disposición fue parte de todas las anteriores convocatorias a postulantes al cargo de Defensor del Pueblo.
Así, un tema que supuestamente estaba entre las prioridades de la oposición parlamentaria, la designación de una o un Defensor del Pueblo titular, que reemplace a quien ocupa el cargo interinamente desde hace tres años, queda postergado indefinidamente, como otros asuntos de similar importancia, lo cual, además, revela la incapacidad de la bancada mayoritaria en la Asamblea para generar acuerdos y consensos.
Por lo pronto, es poco probable que esta lamentable forma de gestionar el disenso y las posiciones maximalistas vaya a cambiar en el corto plazo. Unos y otros —y peor, sus líderes— aseguran encarnar los valores democráticos, pero son incapaces de ponerlos en acción cuando más falta hace acercar posiciones. En este caso particular, la legitimidad y la independencia del Defensor del Pueblo dependen de la claridad, grandeza y generosidad de quienes deben seleccionar y nominar a la persona que ocupará tan importante cargo.