El viernes último y en sesión de jornada completa, el Presidente y el Vicepresidente se reunieron con las y los ministros de Estado, viceministros, directores, responsables de empresas estatales y los presidentes de las cámaras de la Asamblea Legislativa. El propósito, según se informó, fue discutir la marcha de la economía. El Presidente instruyó ejecutar varias mejoras en las empresas.
Se dijo que en la reunión no se abordaron temas políticos, como la polémica iniciada al denunciarse que había protección al narcotráfico en la cúpula de las instituciones antidroga, pues corresponde al orden de temas que el mandatario trata en círculos más íntimos, a decir del portavoz presidencial, quien en todo caso enfatizó en el hecho que se discutió la forma de mejorar los resultados de la inversión pública.
La instrucción del Presidente, dijo el portavoz, fue “agilizar la ejecución de la inversión pública, luchar contra la corrupción y avanzar hacia la desburocratización del Estado, sin dejar de lado la atención en materia de salud y educación”; el instructivo fue acompañado de la decisión de mejorar la competitividad de las empresas públicas, para lo cual se creará una comisión que, además del Ministerio de Economía, será integrada por un representante de cada una de las empresas públicas, para que “entre todos puedan establecer acciones que permitan generar una mayor competitividad”.
Asimismo, se ha reconocido que la principal amenaza contra el propósito de desarrollar las empresas públicas y aportar a través de ellas al objetivo de sustituir importaciones, es la corrupción; el Presidente, dijo su vocero, “ha dejado la instrucción de no aceptar lo que pueda significar ni indicios de corrupción. Intolerancia, realizar investigaciones rápidas y de que no se pueda aceptar bajo ninguna circunstancia elementos de corrupción”.
Considerando que el Gobierno ha presupuestado más de $us 5.000 millones para la inversión pública, y que bajo ninguna circunstancia es aceptable que el dinero público sea desviado para intereses privados, pero sobre todo que el empresariado privado ha reactivado el discurso neoliberal que sostiene que el Estado es un mal administrador y no debe hacerse cargo de la producción, el desempeño de las empresas públicas debe ser mejorado en el plazo más corto posible, asegurando además elevados estándares mínimos de rendimiento.
En tiempos cuando lo que está en juego no es únicamente la necesidad de demostrar que un Estado fuerte también es capaz de hacerse cargo de la producción y distribución de alimentos y otros bienes de primera necesidad, sino sobre todo de hacerlo en condiciones de competitividad que en lugar de poner en riesgo a la iniciativa privada sean complementarias a ésta, es necesario considerar que parte de la reactivación económica pasa por asegurar que la población tenga acceso a trabajos estables y que permitan asegurar una vida digna para todos los miembros de cada hogar, todo lo demás son posturas ideológicas.