Uno de los resultados del próximo Censo Nacional de Población es la redistribución departamental de escaños en la Cámara de Diputados. Es previsible que, con arreglo a los nuevos datos, algún departamento gane escaños y otros los pierdan. Como el número de diputados es fijo (130), estamos ante un juego de suma cero. Es necesario anticipar escenarios para evitar conflictos.
En su artículo 146, la Constitución Política del Estado establece que la distribución total de escaños entre los departamentos se determina en base al número de habitantes, de acuerdo al último censo. Además del criterio poblacional, hay otras dos variables de equidad que deben ser consideradas: la primera es asignar un número mínimo de diputados para los departamentos con menor población y la segunda es el menor grado de desarrollo económico. La distribución debe ser realizada por el Órgano Electoral.
Luego del anterior censo (2012) se realizó la asignación de escaños conforme a los tres criterios detallados en la Ley del Régimen Electoral. Excepto los tres departamentos del eje central, los otros seis recibieron cuatro diputados como mínimo. Y por menor desarrollo humano se asignó uno a Potosí. Los restantes 105 escaños fueron distribuidos por población utilizando una fórmula de proporcionalidad. El resultado fue que Santa Cruz obtuvo tres escaños adicionales, restados de Chuquisaca, Potosí y Beni.
¿Cuál será el panorama de la distribución de escaños departamentales luego del censo de noviembre de este año? Es previsible que el departamento de Santa Cruz, que es el más poblado del país, sume nuevos diputados (hoy tiene 28, uno menos que La Paz). ¿Qué departamentos disminuirán el número de sus representantes? Si de manera razonable se mantienen los criterios de asignación equitativa según menor población y menor desarrollo, los ajustes tendrán que ver en esencia con el criterio poblacional.
Más allá de la distribución de escaños por departamento, los datos del Censo 2022 pueden influir en el número de diputaciones uninominales, plurinominales e incluso en las circunscripciones especiales indígena originario campesinas. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) también podrá modificar y/o actualizar los mapas de las circunscripciones. Estamos pues ante un momento que no depende solo de la aritmética poblacional, sino de diferentes variables, incluidas las siempre agitadas banderas departamentales.
Si bien todavía faltan seis meses para la realización del censo y la distribución de escaños debe hacerse en el marco de las elecciones generales 2025, es necesario que el TSE avance en el análisis técnico de posibles escenarios de asignación de escaños y sus implicaciones en la geografía electoral. Los nuevos datos de población también serán valiosos para saber cuántas personas en edad de votar todavía no están registradas en el padrón electoral. Está en juego el ejercicio de varios derechos ciudadanos.