La designación, por ahora fallida, de la nueva autoridad titular en la Defensoría del Pueblo expresa el fracaso de la política. O mejor: es el fracaso de las y los políticos que nos representan, incapaces de construir acuerdos. El resultado de intento de imposición, de un lado, y bloqueo a ultranza, del otro, es desastroso. Así, ningún resultado concertado es posible.
Uno de los principios constitutivos de la democracia representativa es el principio de la mayoría. Ello implica que la toma de decisiones en los órganos de representación se realiza con arreglo a lo que diga el mayor número posible de voces. La regla general es de mayoría absoluta, pero algunas decisiones requieren una mayoría especial, como los dos tercios. Es fundamental que la mayoría reconozca a las minorías. Y que éstas no se atrincheren en el recurso al veto, impidiendo la decisión mayoritaria.
La Constitución establece un conjunto de decisiones que requieren dos tercios en la Asamblea Legislativa. Así ocurre con la designación de autoridades (Contralor, vocales electorales, Defensor del Pueblo y Fiscal General), preselección de postulantes en las elecciones judiciales, censura de ministros, sanción a diputados y senadores. Aplica también para autorizar juicios de responsabilidades, aprobar leyes de reforma constitucional y la Ley Marco de Autonomías. Otras decisiones se toman por mayoría absoluta.
En el periodo 2009-2019, el gobernante MAS-IPSP tuvo mayoría especial en ambas cámaras legislativas, por lo cual no tenía que pactar con la oposición. No fue así en el primer gobierno de Morales, con mayoría opositora en el Senado. Ni tampoco ahora en la presidencia de Arce: tiene mayoría absoluta, pero no dos tercios. Ello implica la necesidad de construir acuerdos entre el oficialismo y la oposición. La designación del Defensor del Pueblo parecía encaminarse en ese sentido. Hasta que naufragó.
El fracaso de la política y de los asambleístas en el caso que nos ocupa tiene que ver con una doble incapacidad. Por un lado, acostumbrado a imponer su mayoría, el MAS-IPSP no quiere, o no sabe, pactar. Por otro lado, rehenes de su minoritaria impotencia política, CC y Creemos suponen que su máxima aspiración es “detener al oficialismo” (sic). Así, cuando predominan las trincheras, las consignas y los intereses particulares, pierden la institucionalidad, la democracia y el interés general.
¿Cuáles son las consecuencias de no lograr un acuerdo político para la designación del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo? En lo inmediato, significa la continuidad sin fecha del interinato en esta institución (y en otras, como la Contraloría). En lo procedimental, implica paralizar por anticipado decisiones que requieren dos tercios. Y en lo sustantivo, supone la continuidad de una lógica que privilegia la polarización y el enfrentamiento en lugar del necesario tendido de puentes en democracia.