Opinión

lunes 27 jun 2022 | Actualizado a 14:36

Indignación pasajera

El problema principal es la autonomización al interior de esos entes de fuerzas que actúan en su propio beneficio.

Por La Razón

/ 13 de mayo de 2022 / 02:07

Otra vez el país está de duelo por un hecho injustificable. La muerte de cuatro estudiantes universitarias en una asamblea es una señal de la crisis de esas instituciones. Es lamentable que un episodio que debería llevarnos a una evaluación serena del problema y una proyección de sus soluciones termine siendo politizado y sirva para expresar indignaciones de corto plazo sin resultados concretos para el conjunto de la sociedad.

Ya es usual que cada vez que sucede un hecho trágico, durante los días posteriores se produce una acumulación de lamentos, evaluaciones en urgencia sobre un problema que parece que recién apareció, búsqueda de culpables, reales o hipotéticos, o declaraciones contaminadas de hipocresía y oportunismo político. Se habla y se polemiza en los medios masivos de comunicación; sin embargo, pasados unos días, todo vuelve a la “normalidad” y pasamos a otro tema, hasta el próximo escándalo público.

El trágico fallecimiento de cuatro estudiantes y las decenas de heridos que se produjeron en la Universidad Autónoma Tomas Frías en Potosí debido a un acto delincuencial en una asamblea estudiantil, se suma a varios otros eventos graves que vienen manchando a las universidades públicas.

En marzo del año pasado, ya ocho estudiantes perdieron la vida debido a un accidente relacionado a peleas en una asamblea en la Universidad Pública de El Alto. Todos lamentaron el hecho, durante días se habló de la irresponsabilidad de los dirigentes y la lenidad de las autoridades; se planteó la urgencia de una reinstitucionalización y saneamiento de su gobernanza. Un año después, no hay visos de que se haya avanzado algo en ese sentido.

Lo cierto es que la degradación de la vida política en las universidades públicas es una realidad inocultable desde hace más de dos decenios, agravada por una desideologización que hace que los conflictos por los puestos en ese ámbito no sean entre corrientes políticas, sino entre grupos de poder que los generan en el marco de la pugna por los recursos e influencia que se ejerce desde ellos. El traspaso de recursos del IDH a los centros de estudiantes solo ha agravado ese mal endémico.

Por tanto, el problema principal es la autonomización al interior de esos entes de fuerzas que actúan en su propio beneficio, que un día pueden ser oficialistas y en otro pueden ser punta de lanza de los opositores. En muchos casos el objetivo es mantenerse eternamente en sus puestos dirigenciales.

Aquí está el problema de fondo y tiene que ver con la distorsión de una autonomía y un sistema de gobernanza que fueron diseñados para aislar y proteger a esos centros de formación del control autoritario del Estado o de los partidos políticos, pero que se han transformado, en muchos casos, en una manera de evadir los controles y no rendir cuentas a la comunidad sobre la manera cómo se usan los recursos que todos les damos mediante nuestros impuestos.

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El presente del litio

Urge desarrollar las estrategias necesarias para echar a andar el negocio en las mejores condiciones.

Por La Razón

/ 27 de junio de 2022 / 01:18

La industria mundial del litio avanza a pasos agigantados y Bolivia, que tiene, según algunos reportes, cuarta parte de las reservas del mineral conocidas en todo el orbe, desea ser parte del negocio en condiciones poco comunes: con soberanía sobre el recurso y en condiciones de desarrollar toda la cadena productiva, desde la extracción hasta la fabricación de baterías para diversos usos.

El esfuerzo de convertir las ingentes reservas de litio que yacen en el salar de Uyuni tiene ya muchos años de haberse iniciado, y sin embargo el país dista todavía mucho de convertirse en un jugador de peso en el mercado internacional, probablemente en parte por la histórica distribución internacional del trabajo, que deja a unos países la tarea de producir y exportar materias primas y a otros, la de industrializarlos y producir riqueza.

Pero también es posible que la todavía inexistente gravitación del país en el escenario internacional tenga que ver con la dificultad inherente a desarrollar una oferta de valor que pueda ser tenida en cuenta, en parte por el nivel de especialización requerido para administrar todos los pasos y aspectos del proceso, y en parte por el modo en que se gestionan proyectos estratégicos en un ambiente altamente politizado.

A mediados de 2021, el Estado Plurinacional de Bolivia invitó a un puñado de empresas dedicadas a la extracción e industrialización del litio a competir para identificar a la que mejores opciones le otorga al país para el proceso de convertir la salmuera en baterías para automóviles y toda clase de equipos e instrumentos tecnológicos. El resultado debía conocerse a mediados de mayo, pero el anuncio se postergó por un mes.

Finalmente, el presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) informó que seis de las empresas invitadas a hacer pruebas habían arrojado resultados positivos en la tarea de extraer litio, en una medida de entre 80% y 90% y que el siguiente paso será reunirse con esas empresas “para plantearles nuestras condiciones soberanas respecto al litio”, según la autoridad. Cuáles son esas condiciones se puede intuir, mas la información oficial es menos que escasa.

Un experto en la materia, exservidor en YLB, consultado por nuestro suplemento Energías & Negocios, explicó, además de la urgencia de gravitar en el escenario internacional dada la creciente demanda de energías limpias para reemplazar la matriz energética global, que el país ha dado los pasos correctos para extraer el litio, pero que lo verdaderamente difícil estará en ingresar a la fase industrial y mucho más hacerlo dentro del estrecho margen que dejan las normas del país.

Urge desarrollar las estrategias necesarias para echar a andar el negocio (que ha dejado de ser futuro y es claramente el presente) en las mejores condiciones posibles para el país y no solo en términos ideológicos. La empresa estatal de litio debe hacer mejores esfuerzos no solo para prosperar, sino también para asegurar que el trabajo se desarrolla de modo correcto y, sobre todo, transparente.

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¿Nuevo interinato?

Tales señales devalúan a la Asamblea Legislativa y a las fuerzas políticas allí representadas.

Por La Razón

/ 26 de junio de 2022 / 02:57

La aprobación del reglamento y la convocatoria pública para la designación del próximo Contralor General del Estado podría terminar en un nuevo interinato por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Está fresca la fallida experiencia de la designación del Defensor del Pueblo. Tales señales devalúan a la Asamblea Legislativa y a las fuerzas políticas allí representadas.

Hace unos días, la bancada mayoritaria del MAS-IPSP aprobó la normativa requerida para encaminar la designación de la persona que sustituirá al actual Contralor, cuyo mandato concluye el 1 de julio. Esta vez ni siquiera se logró concertar el reglamento. Así, el proceso arrancó con cuestionamientos de uno y otro lado. El oficialismo acusa a la oposición de “posturas falsas para trabar el proceso”; ésta, a su vez, acusa a aquél de imponer un reglamento para “elegir una autoridad afín al Gobierno”.

La tenaz incapacidad de construir acuerdos mínimos de procedimiento anticipa un proceso de designación con disputa política en todas sus etapas. Y es probable, al final del camino, que se repita el espectáculo que vimos en el caso del Defensor del Pueblo: ningún postulante seleccionado por la comisión legislativa, más allá de sus antecedentes y méritos, obtendrá dos tercios de votos de los asambleístas presentes. La mayoría no podrá imponerse y habrá bloqueo de la minoría, con parálisis como resultado.

Ya sabemos lo que implica esta actitud de trinchera en lugar de una lógica de concertación, esperable en democracia. El veto opositor, que impidió alcanzar la mayoría especial requerida, nos regaló otros buenos meses o años de interinato de la actual Defensora interina del Pueblo. Y encima, con candidez, lo exhiben como “victoria política”: el MAS-IPSP no logró elegir al postulante que quería, ergo, Cruz sigue como defensora. Vaya castigo para el oficialismo con victoria pírrica de la oposición.

¿Nos encaminamos al mismo escenario en la designación en curso del Contralor General del Estado? ¿El resultado, otra vez, será la parálisis decisoria por falta de voluntad política para construir un acuerdo razonable que sustituya el deseo maximalista? ¿Podemos prever que tendremos un nuevo interinato de una autoridad que debiera ser designada por la Asamblea Legislativa? En este caso el oficialismo ya tiene la salida: una sentencia constitucional habilita al Presidente del Estado a designar el interinato.

Más allá del costo que implica para la institucionalidad democrática la prolongación de interinatos de autoridades estratégicas en entidades del Estado, la falta de acuerdos políticos debilita a los propios actores políticos hoy representados en la Asamblea. Las disputas sin fin y la persistente polarización tienen límites y generan hartazgo en la ciudadanía. Ojalá el oficialismo y la oposición tengan la capacidad y la disponibilidad mínimas para construir puentes de diálogo y superar su ensimismamiento.

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Narcotráfico y dinero

La creciente infiltración del narcotráfico en la vida institucional y social es un fenómeno altamente inquietante.

Por La Razón

/ 25 de junio de 2022 / 02:45

Siguen sumando los hechos de violencia en la ciudad de Santa Cruz presuntamente vinculados a actividades del narcotráfico en esa región. El problema excede los casos específicos que se han producido y se está instalando un sentimiento de inseguridad, de sospecha y de impunidad que debería preocupar a las autoridades y a la sociedad boliviana en su conjunto.

El asesinato de dos funcionarios de la Policía Nacional y de un voluntario, en circunstancias aún por dilucidar, en los alrededores de la ciudad oriental a manos de los guardias privados de un ciudadano supuestamente ligado al narcotráfico, es un nuevo ejemplo de la preocupante violencia que la implantación de actividades delictivas está provocando en la urbe más grande del país.

Desde hace varios meses se suceden hechos preocupantes, no únicamente ligados al descubrimiento de fábricas de cocaína o el desmantelamiento de infraestructuras para su exportación ilegal en varios territorios del oriente, sino también ajustes de cuenta en la ciudad, asesinatos en vía pública y graves casos de corrupción en las fuerzas policiales antidroga.

Es decir, la creciente infiltración del narcotráfico en la vida institucional y social es un fenómeno altamente inquietante. Cuando ese proceso se acelera, toda la vida económica y cotidiana de grandes porciones del territorio se deteriora y el tratamiento del problema se vuelve extremadamente complejo. Basta ver lo que pasó en décadas pasadas en varias ciudades colombianas o mexicanas en circunstancias similares.

Quizás no estemos aún en el peor escenario, pero hay señales que no deben subestimarse. Es necesario intensificar la acción del Estado para desbaratar factorías de cocaína y atacar directamente a su transporte y comercialización, pero hay urgencia también por investigar y sancionar el uso ilícito de recursos provenientes de esos delitos en actividades económicas, financieras, sociales y hasta políticas.

Es mediante el dinero que el narcotráfico se va normalizando en una sociedad apuntando a abandonar la clandestinidad y los márgenes donde nace. En consecuencia, ahí es donde hay que atacarlo con mayor rigurosidad. Las experiencias de otros países indican que un esfuerzo inteligente y sistemático de combate y regulación en ese ámbito es muy efectivo, a veces incluso más que las demostraciones de fuerza coyunturales. Grandes narcotraficantes y redes criminales cayeron por investigaciones de sus movimientos financieros.

Hace poco tiempo, debido a la polarización política, se paralizó la ley que justamente debía reforzar la acción del Estado en este contexto. Se esperaría que ahora, con los riesgos ampliamente demostrados con este caso que ya se cobró la muerte de tres policías, el conjunto de fuerzas políticas participe y apoye la estructura legal pendiente.

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Una bomba de tiempo

Tarde o temprano la situación se volverá insostenible y habrá que tomar decisiones radicales.

Por La Razón

/ 24 de junio de 2022 / 03:01

Un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que en la última década el parque automotor del país se ha duplicado: de 1.082.984 motorizados en 2011 a 2.226.662 en 2021. El explosivo crecimiento en el número de vehículos que circulan en calles y carreteras del país tiene varias posibles causas, pero sobre todo previsibles consecuencias negativas.

Según el informe del INE, Santa Cruz es el departamento con más motorizados: 774.472 unidades, equivalentes al 34,8% del total; le siguen La Paz, con 517.277, el 23,2%, y Cochabamba, con 478.251, es decir el 21,5%. Después de los departamentos del eje se encuentra Tarija, que hasta 2021 tenía el 5,6% (125.024) del parque automotor del país, y continuaban Oruro, con el 5% (111.767); Chuquisaca, con el 3,8% (84.473); Potosí, con el 3,4% (76.650); Beni, con el 2,3% (52.037) y, por último, Pando, con el 0,3% (6.711 vehículos).

El informe estadístico también revela que, aunque las imágenes cotidianas en las calles de las principales capitales parezcan demostrar lo contrario, el 92,9% de los 2,2 millones de vehículos que circulan por el territorio nacional son de servicio particular; el 5,5% (122.712) pertenece a la categoría de público y el 1,6% (36.148), de servicio oficial. Clasificados por antigüedad, los coches contabilizados se distribuyen así: el 22,4% fue fabricado entre 2016 y 2020; el 21% entre 2011 y 2015; y el 13,1% entre 1996 y 2000; es fácil imaginar que el casi 44% restante tiene 25 años de antigüedad o más.

Para el Secretario de Movilidad Urbana del Gobierno Municipal de La Paz, este incremento sostenido es un problema, tomando en cuenta las características de la ciudad y sus estrechas calles, a lo que añade las “malas prácticas” de los ciudadanos, que ocupan cuanto espacio libre encuentran para parquear sus automóviles o hacer paradas momentáneas, sin mencionar la escasa cultura vial de la mayor parte de las y los conductores.

La autoridad municipal paceña identifica, sin embargo, una oportunidad al señalar que está en curso un plan para rehabilitar los parqueos tarifados, que se espera sean más que antes; asimismo podría modificarse la política de restricción de circulación según días y número de placa de control (lo que a su vez debería obligar a los efectivos de Tránsito a ser más rigurosos con este asunto).

Sin embargo, la verdadera bomba de tiempo no está en el hecho de que las calles de la ciudad no puedan soportar más coches circulando (o estacionados arbitrariamente), sino en que el incremento del parque automotor viene acompañado de idéntico incremento en el consumo de combustibles, que gozan de una subvención cada vez más onerosa para el Estado, tanto por la creciente cantidad de motorizados como por el sostenido incremento en los precios internacionales de los carburantes. Tarde o temprano la situación se volverá insostenible y habrá que tomar decisiones radicales, con todo el costo político, económico y social que ello implica.

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Petro y Francia

Durante el siguiente cuatrienio, la paz ondeará en lo alto, como gran bandera, en la Casa de Nariño.

Por La Razón

/ 22 de junio de 2022 / 00:33

El triunfo electoral en segunda vuelta del binomio del Pacto Histórico: Gustavo Petro y Francia Márquez, es un acontecimiento democrático e histórico en Colombia. Por primera vez una fuerza política de izquierda y progresista asumirá el rumbo de un país marcado por la violencia. El nuevo gobierno genera esperanza y vientos de cambio. Venció la dignidad, ganaron “los nadies”.

El itinerario para la victoria en las urnas de Petro como presidente y Francia como vicepresidenta fue incremental, prolongado, difícil. Fue el tercer intento de Petro, que en las elecciones de 2010 obtuvo menos del 10 por ciento de votos y en los comicios de 2018 llegó a la segunda vuelta donde fue derrotado por el uribismo. Esta vez superó el 40% en la primera vuelta, pero tuvo que enfrentar a un candidato atípico y ramplón que con discurso antipolítica congregó a todas las fuerzas de derecha.

De ese modo un exguerrillero, luego senador y alcalde de Bogotá, asumirá este 7 de agosto la presidencia con un plan progresista en cuyo núcleo están la justicia social, el proceso de paz y la justicia ambiental. Francia Márquez, por su parte, una mujer negra de clase popular, asumirá la vicepresidencia con una amplia agenda de derechos: de las mujeres, de igualdad contra el racismo, de la Naturaleza, del colectivo +LGTBI. Aunque son el binomio más votado en democracia (más de 11 millones de votos), no será fácil.

El inédito giro a la izquierda en Colombia, donde siempre gobernaron las élites de derecha y centroderecha en beneficio propio, tendrá que ser reformista, como lo anunció el propio Petro en su primer mensaje como presidente electo. Ello implica una fuerte apuesta por la unidad en una sociedad dividida. Requiere también mucho esfuerzo de concertación, en especial considerando que el Pacto Histórico es la primera fuerza en el Senado y la segunda en la Cámara de Representantes, pero está lejos de ser mayoritario.

En ese contexto, cabe celebrar que el gobierno de Petro y Francia sea una buena noticia para los acuerdos de paz, que resistieron cuatro años del gobierno de Duque, empeñado en frenarlos o detonarlos. Durante el siguiente cuatrienio, la paz ondeará en lo alto, como gran bandera, en la Casa de Nariño. No es un dato menor en un país donde medio siglo de guerra dejó 220.000 muertos (180.000 de ellos civiles), 25.000 desapariciones forzadas, 27.000 secuestros. Hay que vencer el miedo, el dolor, la venganza.

La otra gran noticia de la victoria del Pacto Histórico en Colombia es que refuerza y fortalece el nuevo impulso progresista en el continente (“el segundo giro a la izquierda”). Ello es fundamental en un contexto adverso que demanda los mejores esfuerzos de integración regional, de soberanía y de dignidad frente al afán hegemónico de Estados Unidos y de sus organismos serviles como la OEA de Almagro. Es una victoria feliz de la democracia y de los demócratas en Colombia y en toda América Latina.

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