Opinión

sábado 14 may 2022 | Actualizado a 02:03

Inseguridad y tragedia

Es un nuevo recordatorio de la precariedad en la que se desarrolla gran parte de las obras de construcción.

Por La Razón

/ 14 de mayo de 2022 / 02:02

La caída de un talud en la zona Sur de la ciudad de La Paz es un nuevo recordatorio de la precariedad en la que se desarrolla gran parte de las obras de construcción. No se trata solo de posible falta de cuidados suficientes de los obreros que allí trabajaban, pues ellos son las víctimas, sino sobre todo de la irresponsabilidad de los constructores y la lenidad de autoridades municipales.

Ocurrió el jueves a media tarde: de manera inesperada miles de toneladas de tierra de un talud en la zona de La Florida se desprendieron a causa de la remoción de tierra para la construcción de lo que debía ser un edificio de viviendas multifamiliar. Tres obreros quedaron enterrados, uno de ellos fue rescatado y los cuerpos de los otros dos fueron recuperados ayer.

El Secretario Municipal de Riesgos explicó que “aproximadamente en marzo se evidenció que la empresa propietaria o constructora estaba haciendo movimiento de tierra, se hicieron las notificaciones correspondientes para que suspendan los trabajos, pero consiguieron una autorización de Palca y siguieron con la construcción”. Pero la Alcaldía de Palca negó ello.

No obstante, se trata de un modus operandi ya habitual en la ciudad: prácticamente todas las obras que son observadas en el gobierno municipal paceño buscan y obtienen permisos en el de Palca. Se trata de una de las varias peleas por límites que afronta el municipio de La Paz con sus vecinos desde hace ya demasiados años sin que las autoridades nacionales y departamentales hayan mostrado la mínima voluntad de resolver, incluso a pesar de leyes que establecen claramente el procedimiento para resolver este tipo de diferendos. Están en juego no solo la jurisdicción territorial y las transferencias por coparticipación según tamaño de población, sino también pingües negocios por los permisos de construcción.

En el esquema participan arquitectos, ingenieros y constructores que, ora cansados de las trabas burocráticas, ora deseosos de evitarse los controles y restricciones impuestos por la norma municipal paceña, han descubierto que los gobiernos municipales vecinos, especialmente el de Palca, dan curso a cualquier solicitud sin más requisitos que el pago de las patentes y, en no pocos casos, discretos sobornos a funcionarios codiciosos. El resultado es la completa precariedad en la ejecución de las obras y la total ausencia de las autoridades municipales en accidentes como el que aquí se comenta, dejando el costo, humano y financiero, para el municipio paceño.

Resulta, pues, inaceptable la impunidad que casos como éste producen, ya que ni las autoridades ni los ingenieros y constructores son indagados, ni mucho menos sancionados, por la irresponsabilidad con que actúan. Quienes invariablemente pierden son los obreros afectados y sus familias, y la ciudad sede de gobierno, que se ha convertido en territorio en disputa y en tierra de nadie a la hora de aplicar la norma. Urge resolver este problema que tantas vidas cuesta.

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Indignación pasajera

El problema principal es la autonomización al interior de esos entes de fuerzas que actúan en su propio beneficio.

Por La Razón

/ 13 de mayo de 2022 / 02:07

Otra vez el país está de duelo por un hecho injustificable. La muerte de cuatro estudiantes universitarias en una asamblea es una señal de la crisis de esas instituciones. Es lamentable que un episodio que debería llevarnos a una evaluación serena del problema y una proyección de sus soluciones termine siendo politizado y sirva para expresar indignaciones de corto plazo sin resultados concretos para el conjunto de la sociedad.

Ya es usual que cada vez que sucede un hecho trágico, durante los días posteriores se produce una acumulación de lamentos, evaluaciones en urgencia sobre un problema que parece que recién apareció, búsqueda de culpables, reales o hipotéticos, o declaraciones contaminadas de hipocresía y oportunismo político. Se habla y se polemiza en los medios masivos de comunicación; sin embargo, pasados unos días, todo vuelve a la “normalidad” y pasamos a otro tema, hasta el próximo escándalo público.

El trágico fallecimiento de cuatro estudiantes y las decenas de heridos que se produjeron en la Universidad Autónoma Tomas Frías en Potosí debido a un acto delincuencial en una asamblea estudiantil, se suma a varios otros eventos graves que vienen manchando a las universidades públicas.

En marzo del año pasado, ya ocho estudiantes perdieron la vida debido a un accidente relacionado a peleas en una asamblea en la Universidad Pública de El Alto. Todos lamentaron el hecho, durante días se habló de la irresponsabilidad de los dirigentes y la lenidad de las autoridades; se planteó la urgencia de una reinstitucionalización y saneamiento de su gobernanza. Un año después, no hay visos de que se haya avanzado algo en ese sentido.

Lo cierto es que la degradación de la vida política en las universidades públicas es una realidad inocultable desde hace más de dos decenios, agravada por una desideologización que hace que los conflictos por los puestos en ese ámbito no sean entre corrientes políticas, sino entre grupos de poder que los generan en el marco de la pugna por los recursos e influencia que se ejerce desde ellos. El traspaso de recursos del IDH a los centros de estudiantes solo ha agravado ese mal endémico.

Por tanto, el problema principal es la autonomización al interior de esos entes de fuerzas que actúan en su propio beneficio, que un día pueden ser oficialistas y en otro pueden ser punta de lanza de los opositores. En muchos casos el objetivo es mantenerse eternamente en sus puestos dirigenciales.

Aquí está el problema de fondo y tiene que ver con la distorsión de una autonomía y un sistema de gobernanza que fueron diseñados para aislar y proteger a esos centros de formación del control autoritario del Estado o de los partidos políticos, pero que se han transformado, en muchos casos, en una manera de evadir los controles y no rendir cuentas a la comunidad sobre la manera cómo se usan los recursos que todos les damos mediante nuestros impuestos.

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Fracaso de la política

Uno de los principios constitutivos de la democracia representativa es el principio de la mayoría.

Por La Razón

/ 11 de mayo de 2022 / 01:46

La designación, por ahora fallida, de la nueva autoridad titular en la Defensoría del Pueblo expresa el fracaso de la política. O mejor: es el fracaso de las y los políticos que nos representan, incapaces de construir acuerdos. El resultado de intento de imposición, de un lado, y bloqueo a ultranza, del otro, es desastroso. Así, ningún resultado concertado es posible.

Uno de los principios constitutivos de la democracia representativa es el principio de la mayoría. Ello implica que la toma de decisiones en los órganos de representación se realiza con arreglo a lo que diga el mayor número posible de voces. La regla general es de mayoría absoluta, pero algunas decisiones requieren una mayoría especial, como los dos tercios. Es fundamental que la mayoría reconozca a las minorías. Y que éstas no se atrincheren en el recurso al veto, impidiendo la decisión mayoritaria.

La Constitución establece un conjunto de decisiones que requieren dos tercios en la Asamblea Legislativa. Así ocurre con la designación de autoridades (Contralor, vocales electorales, Defensor del Pueblo y Fiscal General), preselección de postulantes en las elecciones judiciales, censura de ministros, sanción a diputados y senadores. Aplica también para autorizar juicios de responsabilidades, aprobar leyes de reforma constitucional y la Ley Marco de Autonomías. Otras decisiones se toman por mayoría absoluta.

En el periodo 2009-2019, el gobernante MAS-IPSP tuvo mayoría especial en ambas cámaras legislativas, por lo cual no tenía que pactar con la oposición. No fue así en el primer gobierno de Morales, con mayoría opositora en el Senado. Ni tampoco ahora en la presidencia de Arce: tiene mayoría absoluta, pero no dos tercios. Ello implica la necesidad de construir acuerdos entre el oficialismo y la oposición. La designación del Defensor del Pueblo parecía encaminarse en ese sentido. Hasta que naufragó.

El fracaso de la política y de los asambleístas en el caso que nos ocupa tiene que ver con una doble incapacidad. Por un lado, acostumbrado a imponer su mayoría, el MAS-IPSP no quiere, o no sabe, pactar. Por otro lado, rehenes de su minoritaria impotencia política, CC y Creemos suponen que su máxima aspiración es “detener al oficialismo” (sic). Así, cuando predominan las trincheras, las consignas y los intereses particulares, pierden la institucionalidad, la democracia y el interés general.

¿Cuáles son las consecuencias de no lograr un acuerdo político para la designación del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo? En lo inmediato, significa la continuidad sin fecha del interinato en esta institución (y en otras, como la Contraloría). En lo procedimental, implica paralizar por anticipado decisiones que requieren dos tercios. Y en lo sustantivo, supone la continuidad de una lógica que privilegia la polarización y el enfrentamiento en lugar del necesario tendido de puentes en democracia.

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Comercio justo

El comercio justo propone un acceso más equilibrado al mercado, y en Bolivia da resultados.

Por La Razón

/ 9 de mayo de 2022 / 00:45

Allí donde el capitalismo global favorece principalmente a quienes tienen más grande su aparato productivo, muy a menudo generando prácticas depredadoras en diverso grado, los pequeños productores, especialmente en el Sur global, tienen pocas oportunidades de prosperar o siquiera subsistir. El comercio justo propone un acceso más equilibrado al mercado, y en Bolivia da resultados.

En efecto, bajo principios de comercio justo, en Bolivia se producen y exportan productos como cacao, quinua, café, castaña, artesanías y prendas de alpaca, entre otras, de cooperativas, federaciones y asociaciones de productores. Al parecer, la pandemia y su efecto en los mercados afectó menos a los productores de artesanías y prendería, pero es posible que el efecto comience a sentirse recién en los próximos meses.

Se conoce como “comercio justo” a la relación comercial, basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional, contribuyendo al desarrollo sostenible a través de ofrecer mejores condiciones comerciales y asegurar los derechos de los productores y trabajadores marginados, especialmente en el Sur, según la Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO).

Según la misma fuente, es un movimiento mundial que promueve modelos diferentes de comercialización y una economía democrática que facilita el desarrollo de los pequeños productores fortaleciendo la autogestión, haciendo una alianza de intercambio lo más corta posible con el consumidor, ofreciendo productos que promueven y mejoren las condiciones sociales, la economía popular, equidad de género y el medio ambiente.

La dirigencia de la Coordinadora Nacional de Comercio Justo, mecanismo de acceso a los mercados que practican este tipo de intercambios, está en manos de jóvenes, y su máximo ejecutivo tiene apenas 30 años. Afirma este productor que los dos principales obstáculos que afronta el sector son la visión de “los mayores” y la falta de atención del Gobierno. Los jóvenes deben involucrarse más en la Coordinadora, reclama, “porque ellos son el presente, los mayores ya están cansados”.

Más importante sin embargo es el reclamo a las autoridades del Gobierno: se propone “ingresar en los municipios, las gobernaciones y el Gobierno central; hacerles conocer que los pequeños productores contribuimos en el desarrollo del país bajo los principios del comercio justo y que toda la población boliviana consuma nuestros productos, sin necesidad de exportar a otros países”; no nos toman en cuenta, se lamenta.

En un contexto en el que se pretende sustituir importaciones, favorecer las exportaciones no tradicionales y, sobre todo, no ser víctimas de los excesos del capitalismo global, bien podría el Gobierno prestar atención al comercio justo y a los esfuerzos que realizan quienes han seguido este camino, a fin de diseñar medidas para favorecer a los productores locales de manera tal que logren, por sí mismos o con la mediación del Estado, insertarse exitosamente en tal esquema.

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Blindar al TSE

Es fundamental cuidar la actual Sala Plena en lugar de sembrar nocivas sospechas en su contra.

Por La Razón

/ 8 de mayo de 2022 / 00:45

La renuncia de la vocal María Angélica Ruiz generó renovada inquietud respecto a la situación del TSE. Como era previsible, algunos actores políticos de la oposición y sus operadores mediáticos se apresuraron a declararlo “bajo sospecha” (sic). Con miras al próximo ciclo electoral, es fundamental blindar la institucionalidad electoral en lugar de caer, otra vez, en el deplorable asedio.

Los episodios de crisis por efecto del alejamiento de sus autoridades han sido una constante en el organismo electoral. Bastará recordar que en 2000 la entonces Corte Nacional Electoral se desmoronó por la renuncia en cascada de sus vocales. Declinaba así el ciclo de personalidades puestas al servicio de la democracia pactada y sus partidos sistémicos (MNR, ADN y MIR), hoy residuales o extintos. Luego vino el período de transición hasta la conformación del TSE como órgano del poder público.

La nueva institucionalidad electoral, resultante del proceso constituyente, significó un gran salto cualitativo: pasó de ser una entidad encargada de solo administrar elecciones a un poder del Estado con mandato para impulsar el ejercicio de la democracia intercultural. No es poca cosa. Claro que entre el marco normativo y su realización institucional hay distancia. Doce años después de su creación, todavía no tenemos un Órgano Electoral Plurinacional con la suficiente fortaleza, autonomía e independencia.

Después de nuevos episodios de renuncias y renovación, la situación de mayor fragilidad del Órgano Electoral se produjo en la coyuntura crítica de 2019. El TSE fue a la vez protagonista y víctima de un proceso electoral fallido que terminó con la ilegal destitución de sus vocales, detenidos arbitrariamente al amparo del régimen transitorio. Luego se designaron nuevas autoridades como resultado de un acuerdo político para convocar elecciones. La institucionalidad dio la talla en los comicios 2020 y 2021.

Más allá de marginales y antidemocráticos grupos de la oposición, que incluso alentaron salidas autoritarias (“junta militar”), los actores políticos relevantes y todas las misiones de observación electoral reconocieron y avalaron la transparencia y resultados del último ciclo electoral en el país, así como el desempeño del TSE. Esa confianza institucional debe preservarse más allá de la renuncia de algunos vocales. Es fundamental cuidar la actual Sala Plena en lugar de sembrar nocivas sospechas en su contra.

Una condición ineludible para evitar nuevas coyunturas críticas en torno a las elecciones es contar con un organismo electoral cuyos actos se sujeten plenamente al principio de legalidad y sea equidistante respecto a los actores políticos. Para ello es necesario evitar la reciclada pauta de descalificación y asedio contra el TSE y sus vocales. El reto radica más bien en generar condiciones de confianza y apoyo para las necesarias tareas de blindaje del sistema y de la institucionalidad electoral.

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Difícil inicio de gestión

El tiempo apremia y en muchas dimensiones lo que se hace mal o lo que no se hace puede no tener retroceso.

Por La Razón

/ 7 de mayo de 2022 / 01:36

Se cumple un año de nueva gestión en los municipios de La Paz y El Alto. Siempre es difícil empezar una nueva etapa, pero preocupa la ausencia de un horizonte claro sobre los problemas de ambas urbes y las transformaciones estructurales que se requieren para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Administrar y dirigir una gran metrópoli nunca es una tarea fácil, aún más en estos tiempos de restricciones presupuestarias y emergencias continuas. Por tanto, sería injusto ser muy severos con el trabajo de las nuevas autoridades municipales ni concluyentes acerca de sus posibilidades de cumplir con sus promesas y mejorar la vida de los ciudadanos. Restan todavía cuatro años de gestión y grandes transformaciones deberían ser posibles.

Sin embargo, preocupa que, en este primer año, ambas autoridades hayan clarificado poco cuál es su horizonte estratégico y la manera cómo irán en el tiempo encarando los grandes problemas de estos dos grandes municipios. Tampoco se ha escuchado su opinión sobre el estado en el que los encontraron. Como en otros ámbitos de la política, ambos aparecen atrapados en las pequeñas cosas que implica la gestión cotidiana, intentos de llamar la atención que duran un clic en las redes sociales y una que otra incursión en la política nacional coyuntural.

Esa debilidad en el liderazgo se produce en un momento en el que el modelo de crecimiento de estas dos ciudades parece encontrarse en una disyuntiva. En la hoyada, su urbanismo, más que nunca, parece determinado por los constructores que apuestan por una densificación salvaje de todos los espacios y por el desborde en las calles del comercio informal en el centro y la ocupación de espacios públicos por negocios y restaurantes en las zonas con mayor ingreso, con el argumento de reactivar la economía. Privatización de espacios y debilidad de la política urbanística parecerían ser el tono. En unos años se verán sus resultados y no serán necesariamente favorables.

Mientras tanto, en El Alto, la gran oportunidad de poner a tono la infraestructura y el ordenamiento de la ciudad con la dinámica y modernización social que sus habitantes vienen impulsando, casi solos, desde hace décadas, se va alejando. Como anteriores gestiones, la nueva administración aparece atrapada en el manejo cotidiano de los conflictos y los mil problemas de esa aglomeración. Por eso, no estaría demás comenzar a impulsar algunas ideas o propuestas ambiciosas sobre el desarrollo futuro de esa ciudad emblemática de la nueva Bolivia. Tarea que lamentablemente no aparece en el horizonte.

A solo un año de gestión, nada está perdido; sin embargo, es evidente que ambos municipios requieren de un gran esfuerzo para repensar sus problemas y construir un proyecto serio para las próximas décadas. El tiempo apremia y en muchas dimensiones lo que se hace mal o lo que no se hace puede no tener retroceso.

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