Opinión

viernes 24 jun 2022 | Actualizado a 11:50

Enfrentando la inflación

Tampoco hay que creer que los controles o la fijación de precios se pueden ejercer sin límites.

Por La Razón

/ 21 de mayo de 2022 / 01:14

Todo el mundo está enfrentando una fuerte presión inflacionaria. En ese contexto, Bolivia ha logrado mantener una notable estabilidad de precios. La tormenta aún no ha amainado y una clara acción gubernamental seguirá siendo necesaria. Se espera que ésta sea eficaz, concertada y pensando también en sus límites y retos de mediano plazo.

Los precios están aumentando en casi todos los países debido al encarecimiento de las materias primas, a las complicaciones logísticas y a los problemas que generó la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos registró su mayor inflación desde 1982 y la mayoría de los países latinoamericanos acumulan alzas de precios superiores al 3% en el primer cuatrimestre. En varios de esos lugares hay incrementos incluso más fuertes en precios de alimentos y gasolina.

La situación boliviana contrasta positivamente con este difícil panorama. La inflación acumulada entre enero y abril fue de 0,41%, según las autoridades. Dato con eco en las percepciones de la gente. Sin embargo, hay preocupaciones en estas últimas semanas en torno a precios o escasez de algunos productos de primera necesidad que tienen por detrás problemáticas muy complejas. El caso del maíz es el mejor ejemplo.

Las razones de esta excepcionalidad son múltiples. Algunas tienen que ver con especificidades de la estructura económica del país, pero es innegable que están asociadas a políticas que, durante muchos años, combinaron instrumentos ortodoxos, como una política monetaria globalmente prudente, con otros heterodoxos, como son el mantenimiento de un tipo de cambio invariable en relación con el dólar, regulaciones de mercado y controles de precio. En la mayoría de las economías vecinas, el Estado se abstiene de cualquier regulación de precios y deja que éstos se muevan con las tendencias globales.

Los resultados de esta estrategia son positivos, aunque hay un necesario debate sobre sus costos y la sostenibilidad si la situación global se sigue deteriorando. Por lo pronto, se observa mucho esfuerzo por regular el precio y disponibilidad de productos como el maíz y otros insumos claves para la cadena alimenticia básica. Obviamente, ese enfoque no deja satisfechos a productores que podrían ganar más en esta coyuntura alcista.

Por lo pronto, la ruta está definida por el Gobierno, pero no está demás que su ejecución esté acompañada de una apertura y diálogo con los productores de bienes regulados de manera que se entiendan sus preocupaciones, pues no todas obedecen a cálculos cuestionables. Por otra parte, tampoco hay que creer que los controles o la fijación de precios se pueden ejercer sin límites, tienen costos y problemas conexos que no se pueden soslayar. Uno de los más importantes tiene que ver con que no desincentiven la producción en el mediano plazo. Es decir, hay que ser realistas y a la vez cuidadosos en el manejo de estas políticas.

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Una bomba de tiempo

Tarde o temprano la situación se volverá insostenible y habrá que tomar decisiones radicales.

Por La Razón

/ 24 de junio de 2022 / 03:01

Un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que en la última década el parque automotor del país se ha duplicado: de 1.082.984 motorizados en 2011 a 2.226.662 en 2021. El explosivo crecimiento en el número de vehículos que circulan en calles y carreteras del país tiene varias posibles causas, pero sobre todo previsibles consecuencias negativas.

Según el informe del INE, Santa Cruz es el departamento con más motorizados: 774.472 unidades, equivalentes al 34,8% del total; le siguen La Paz, con 517.277, el 23,2%, y Cochabamba, con 478.251, es decir el 21,5%. Después de los departamentos del eje se encuentra Tarija, que hasta 2021 tenía el 5,6% (125.024) del parque automotor del país, y continuaban Oruro, con el 5% (111.767); Chuquisaca, con el 3,8% (84.473); Potosí, con el 3,4% (76.650); Beni, con el 2,3% (52.037) y, por último, Pando, con el 0,3% (6.711 vehículos).

El informe estadístico también revela que, aunque las imágenes cotidianas en las calles de las principales capitales parezcan demostrar lo contrario, el 92,9% de los 2,2 millones de vehículos que circulan por el territorio nacional son de servicio particular; el 5,5% (122.712) pertenece a la categoría de público y el 1,6% (36.148), de servicio oficial. Clasificados por antigüedad, los coches contabilizados se distribuyen así: el 22,4% fue fabricado entre 2016 y 2020; el 21% entre 2011 y 2015; y el 13,1% entre 1996 y 2000; es fácil imaginar que el casi 44% restante tiene 25 años de antigüedad o más.

Para el Secretario de Movilidad Urbana del Gobierno Municipal de La Paz, este incremento sostenido es un problema, tomando en cuenta las características de la ciudad y sus estrechas calles, a lo que añade las “malas prácticas” de los ciudadanos, que ocupan cuanto espacio libre encuentran para parquear sus automóviles o hacer paradas momentáneas, sin mencionar la escasa cultura vial de la mayor parte de las y los conductores.

La autoridad municipal paceña identifica, sin embargo, una oportunidad al señalar que está en curso un plan para rehabilitar los parqueos tarifados, que se espera sean más que antes; asimismo podría modificarse la política de restricción de circulación según días y número de placa de control (lo que a su vez debería obligar a los efectivos de Tránsito a ser más rigurosos con este asunto).

Sin embargo, la verdadera bomba de tiempo no está en el hecho de que las calles de la ciudad no puedan soportar más coches circulando (o estacionados arbitrariamente), sino en que el incremento del parque automotor viene acompañado de idéntico incremento en el consumo de combustibles, que gozan de una subvención cada vez más onerosa para el Estado, tanto por la creciente cantidad de motorizados como por el sostenido incremento en los precios internacionales de los carburantes. Tarde o temprano la situación se volverá insostenible y habrá que tomar decisiones radicales, con todo el costo político, económico y social que ello implica.

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Petro y Francia

Durante el siguiente cuatrienio, la paz ondeará en lo alto, como gran bandera, en la Casa de Nariño.

Por La Razón

/ 22 de junio de 2022 / 00:33

El triunfo electoral en segunda vuelta del binomio del Pacto Histórico: Gustavo Petro y Francia Márquez, es un acontecimiento democrático e histórico en Colombia. Por primera vez una fuerza política de izquierda y progresista asumirá el rumbo de un país marcado por la violencia. El nuevo gobierno genera esperanza y vientos de cambio. Venció la dignidad, ganaron “los nadies”.

El itinerario para la victoria en las urnas de Petro como presidente y Francia como vicepresidenta fue incremental, prolongado, difícil. Fue el tercer intento de Petro, que en las elecciones de 2010 obtuvo menos del 10 por ciento de votos y en los comicios de 2018 llegó a la segunda vuelta donde fue derrotado por el uribismo. Esta vez superó el 40% en la primera vuelta, pero tuvo que enfrentar a un candidato atípico y ramplón que con discurso antipolítica congregó a todas las fuerzas de derecha.

De ese modo un exguerrillero, luego senador y alcalde de Bogotá, asumirá este 7 de agosto la presidencia con un plan progresista en cuyo núcleo están la justicia social, el proceso de paz y la justicia ambiental. Francia Márquez, por su parte, una mujer negra de clase popular, asumirá la vicepresidencia con una amplia agenda de derechos: de las mujeres, de igualdad contra el racismo, de la Naturaleza, del colectivo +LGTBI. Aunque son el binomio más votado en democracia (más de 11 millones de votos), no será fácil.

El inédito giro a la izquierda en Colombia, donde siempre gobernaron las élites de derecha y centroderecha en beneficio propio, tendrá que ser reformista, como lo anunció el propio Petro en su primer mensaje como presidente electo. Ello implica una fuerte apuesta por la unidad en una sociedad dividida. Requiere también mucho esfuerzo de concertación, en especial considerando que el Pacto Histórico es la primera fuerza en el Senado y la segunda en la Cámara de Representantes, pero está lejos de ser mayoritario.

En ese contexto, cabe celebrar que el gobierno de Petro y Francia sea una buena noticia para los acuerdos de paz, que resistieron cuatro años del gobierno de Duque, empeñado en frenarlos o detonarlos. Durante el siguiente cuatrienio, la paz ondeará en lo alto, como gran bandera, en la Casa de Nariño. No es un dato menor en un país donde medio siglo de guerra dejó 220.000 muertos (180.000 de ellos civiles), 25.000 desapariciones forzadas, 27.000 secuestros. Hay que vencer el miedo, el dolor, la venganza.

La otra gran noticia de la victoria del Pacto Histórico en Colombia es que refuerza y fortalece el nuevo impulso progresista en el continente (“el segundo giro a la izquierda”). Ello es fundamental en un contexto adverso que demanda los mejores esfuerzos de integración regional, de soberanía y de dignidad frente al afán hegemónico de Estados Unidos y de sus organismos serviles como la OEA de Almagro. Es una victoria feliz de la democracia y de los demócratas en Colombia y en toda América Latina.

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Justicia y dignidad

Es evidente que el problema de la injusticia estructural no se resolverá ampliando la capacidad de los penales.

Por La Razón

/ 20 de junio de 2022 / 00:25

Días atrás, el Director General de Régimen Penitenciario reconoció que el número de personas en detención preventiva, es decir privadas de libertad pero sin sentencia, subió del 64% en 2021 al 66% en lo que va de 2022, y señaló que el Gobierno considera que se trata de una muestra de “excesiva discrecionalidad” por parte del Órgano Judicial en la aplicación de esa medida legal.

Según la autoridad, dependiente del Ministerio de Gobierno, en el primer cuatrimestre de 2022 la población penitenciaria se incrementó de 18.000 a 21.506 personas privadas de libertad. La preocupación coincide con la reciente divulgación del informe de la visita a Bolivia que hizo meses atrás el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados y que hoy se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza.

En dicho informe, el Relator Especial también llamó la atención sobre la cantidad de personas privadas de libertad sin sentencia, señalando que la detención preventiva debe ser una medida excepcional y que “corresponde al Estado asegurar el derecho de toda persona privada de libertad a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal”, cosa prácticamente imposible en el país si se considera que la población de todos los penales vive en hacinamiento.

Al respecto, el director general afirmó que la excesiva cantidad de detenidos preventivos es una de las principales causas del hacinamiento en los 20 centros penitenciarios del área urbana en los nueve departamentos, en los que se registra una aglomeración que asciende al 188%. La situación es similar en los 26 centros penitenciarios provinciales, antes denominados carceletas, en los que el hacinamiento llega al 169%.

Como una forma de resolver el problema, anunció la autoridad, está previsto que en los siguientes años se construyan nuevos centros penitenciarios, al menos en las ciudades del eje, donde se concentra el 70% de la población penitenciaria. En La Paz está previsto construir nueva infraestructura en los extensos terrenos que el Ministerio de Gobierno tiene en Chonchocoro; en Santa Cruz igualmente se prevé ampliar Palmasola y en Cochabamba se construirá una nueva prisión en la región de Arani.

Estas medidas se complementarán con un nuevo intento por convertir en productivos los centros penitenciarios, permitiendo que las personas privadas de libertad tengan alguna actividad que les permita generar sus propios ingresos, en coordinación y con respaldo del Gobierno.

Sin embargo, es evidente que el problema de la injusticia estructural no se resolverá ampliando la capacidad de los penales, que en el peor de los casos producirá más incremento de los detenidos preventivos, sino desarrollando una nueva política penal, tarea que debe acompañar el tan demorado proceso de reforma judicial. Si el compromiso del Estado con los derechos humanos es sincero, estas tareas no deben seguir siendo postergadas.

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Juicio de privilegio

Áñez tiene derecho a un juicio de responsabilidades, como bien recordó García-Sayán.

Por La Razón

/ 18 de junio de 2022 / 23:59

La sentencia contra Jeanine Áñez, acusada en su condición de exsenadora (caso Golpe de Estado II), ha renovado el debate sobre el mecanismo para el juzgamiento por su autoproclamación y posterior ejercicio de la presidencia del Estado. ¿Juicio ordinario y/o juicio de responsabilidades? ¿Es viable un juicio de privilegio cuya autorización requiere dos tercios de asambleístas?

Como era previsible, el dictamen de diez años de cárcel recibido por Áñez por obra de un tribunal ordinario, en lugar de cerrar la fisura sobre los hechos de fines del 2019, reavivó la disputa política en un contexto de crisis de la Justicia. Más allá del observado curso que siguió el caso Golpe II, hoy en fase de apelación, está en cuestión el rumbo que tomará la situación de Áñez. ¿Se reactivará el caso Golpe de Estado I? ¿O podrá encaminarse un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa?

Tras la detención de Áñez en marzo del 2021, el Gobierno optó por la Justicia Ordinaria ante la decisión opositora, en especial de Comunidad Ciudadana, de inviabilizar un juicio de responsabilidades. Era el camino a la impunidad. El resultado de esta combinatoria de veto de la minoría y falta de voluntad concertadora de la mayoría es la ausencia de acuerdo, como se vio nítidamente con el fallido proceso para la designación de un nuevo Defensor del Pueblo. La búsqueda de verdad y justicia no admite parálisis.

¿Qué sigue para la expresidenta Áñez más allá de la sentencia recibida? En principio, corresponde su juzgamiento por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como presidenta. La normativa es inequívoca al respecto: al margen del origen de su mandato, Áñez tiene derecho a un juicio de responsabilidades, como bien recordó García-Sayán, relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados. Ya hay, en ese sentido, cuatro proposiciones acusatorias de la Fiscalía.

La pregunta central continúa siendo si los actores políticos tienen voluntad y capacidad para autorizar por mayoría especial un juicio de responsabilidades, solicitado incluso por la propia Áñez. Claro que ahora la oposición condiciona dicho juicio a la anulación del caso Golpe II y su sentencia, lo cual parece bastante improbable. Lo cierto es que más de dos años y medio después de las masacres de Sacaba y Senkata, con las cuales se estrenó la presidencia de Áñez, no hay avances para su juzgamiento.

En ese contexto de persistente polarización política y discursiva, la cuestión sustantiva tiene que ver con la necesidad de saldar cuentas con la coyuntura crítica del 2019 asumiendo un espíritu de justicia y no de venganza. Y hasta ahora los actores en disputa, tanto del oficialismo como de las oposiciones (política, cívica, mediática), están lejos de ello. Un buen primer paso será un acuerdo político, de cara al país, para autorizar un juicio de responsabilidades contra Áñez y su régimen transitorio. 

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Censo e inversión pública

Es evidente la importancia política que tiene y tendrá la realización del Censo de Población y Vivienda.

Por La Razón

/ 18 de junio de 2022 / 02:09

El nombramiento de un nuevo Ministro de Planificación del Desarrollo no es un cambio menor en el esquema de gobierno del presidente Luis Arce. La nueva autoridad tendrá a su cargo dos aspectos críticos de la gestión gubernamental: la realización del nuevo Censo y la dinamización de la inversión pública para mantener el crecimiento de la economía.

Se sabe que la inversión pública es uno de los pilares del modelo económico del oficialismo. Dimensión aún más importante en una coyuntura en la que se debe hacer frente al riesgo de una desaceleración del crecimiento de la economía y en la que hay que diversificar las fuentes de financiamiento para esas inversiones.

Por otra parte, es evidente la importancia política que tiene y tendrá la realización del Censo de Población y Vivienda, a cargo de esa cartera del Estado, no tanto por su valiosa contribución al conocimiento de la realidad social y demográfica del país, sino por sus implicaciones en la distribución de recursos a municipios y departamentos o en la redefinición de la distribución territorial del número de representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aspectos siempre conflictivos y cargados de intereses partidarios y sectoriales.

El nombramiento de Sergio Cusicanqui, un economista que trabajó junto al primer mandatario cuando éste se desempeñaba como ministro de Economía, es una señal de la relevancia que el Presidente le asigna a este ministerio en los desafíos futuros del Gobierno.

Los retos de la nueva autoridad son grandes. El Censo será seguramente una de sus preocupaciones urgentes, los tiempos son extremadamente justos, el operativo es complejo y no habrá mucha indulgencia de los políticos, las autoridades regionales y la opinión pública ante cualquier tropiezo o error en ese proceso, aunque sean involuntarios. Habrá que desplegar, entre otras cosas, una gran sensibilidad política, transparencia y capacidad de comunicación en la tarea.

Más allá de esta problemática, la gestión de la inversión pública no es un tema secundario en este momento: se trata del gran instrumento del Estado para seguir impulsando la actividad económica y requiere, por tanto, mayor agilidad y eficiencia en su ejecución a corto, mediano y largo plazo.

Adicionalmente, conociendo las restricciones que tienen hoy las finanzas públicas por la evolución compleja del escenario económico y las limitaciones de los recursos propios para atender todas las necesidades, el nuevo ministro tendrá también que ampliar las fuentes de financiamiento externo mediante una relación mucho más fluida e innovadora con bancos multilaterales y otras entidades que puedan colaborar con recursos frescos al país. Grandes desafíos para la nueva autoridad.

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