Con la reciente decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de rechazar una acción de inconstitucionalidad concreta, se agotaron los recursos legales para intentar postergar o bloquear la sentencia en el caso Golpe de Estado II contra Jeanine Áñez. En los próximos días, el juicio se cerrará con la audiencia de alegatos finales y la emisión de una sentencia.
El caso Golpe de Estado II, que se tramita en la justicia ordinaria, es resultado de una denuncia contra la exsenadora Áñez por haberse autoproclamado, el 12 de noviembre del 2019, primero presidenta del Senado y luego presidenta del Estado Plurinacional. La demanda fue planteada por la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y el presidente del Senado. Los delitos de la acusación son incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
El polémico juicio, planteado luego del caso Golpe de Estado I, ahora en suspenso, se tramitó en medio de la disputa entre el oficialismo, que habla de justicia, y la oposición, que alega persecución política. La acusada, por su parte, en prisión preventiva desde marzo del 2021, sostiene que se trata de una venganza y demanda un juicio de privilegio en su condición de expresidenta de Estado. El proceso estuvo sazonado con varias declaraciones, recursos, documentos y testigos de cargo y de descargo.
A reserva del debate sobre el modo en que se llevó adelante el proceso penal, y de si corresponde o no un juicio ordinario contra Áñez, lo evidente es que solo está pendiente la audiencia de alegatos antes de que el tribunal emita una sentencia. La defensa trató de impedirlo con una acción de inconstitucionalidad planteada el pasado 29 de abril. El rechazo por parte del TCP allana el camino para la conclusión del juicio, que podría derivar en una condena de 4 a 15 años contra la imputada.
La sentencia que vaya a emitir el tribunal, cualquiera que sea, marcará un momento de inflexión en la contienda política sobre la coyuntura crítica del 2019. Una sentencia condenatoria contra la exsenadora de oposición y los altos mandos militares y policiales de aquel momento reafirmará legalmente la narrativa de que en noviembre del 2019 hubo una autoproclamación inconstitucional tras el derrocamiento del expresidente Morales. Claro que algunos políticos seguirán hablando de “sucesión impecable” (sic).
Más allá de la sentencia en este caso, las demandas no se agotan. Hay cuatro proposiciones acusatorias, remitidas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que por dos tercios de sus miembros presentes se decida sobre la autorización o no de juicios de responsabilidades contra Jeanine Áñez por acciones cometidas, esta vez, en el ejercicio de la presidencia del Estado. Está pendiente en especial un proceso que permite establecer responsabilidades y brinde justicia por las masacres de Sacaba y Senkata.