A la fecha, 19 miembros de la Policía Boliviana han sido dados de baja de la institución por su protagonismo en el motín policial de noviembre de 2019. Siguen en proceso otros siete casos, según la denuncia interpuesta por el Viceministro de Descolonización. Estas bajas son importantes como señal, pero resultan claramente insuficientes. La Policía requiere una reforma estructural.
Uno de los factores decisivos en el desenlace de la coyuntura crítica de 2019 fue el motín de unidades policiales. La acción se inició en la ciudad de Cochabamba, extendiéndose luego a todo el país. Fue un motín planificado y coordinado, asumido formalmente con un pliego de demandas sectoriales (incremento salarial, jubilación del 100%, rechazo a normas disciplinarias). Pese a la disposición del Gobierno de atender tales demandas, el motín siguió. Fue un punto de inflexión en la crisis.
Según la Constitución Política del Estado, la Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público. Con ese mandato y en tal condición institucional, no delibera ni participa en acción política partidaria. Claro que sus integrantes, como individuos, gozan de sus derechos ciudadanos de acuerdo a ley, sin tratos ni fueros especiales. Con el motín de 2019 (y otros anteriores como el de febrero de 2003), los policías violaron la norma.
Más allá del análisis sobre las causas de la ruptura del orden constitucional en noviembre de 2019 tras las fallidas elecciones generales y el derrocamiento del expresidente Morales, es evidente que el motín policial provocó un drástico giro en el curso de los acontecimientos. El “repliegue” de los policías en todo el país implicó el abandono de la conservación del orden público.
En lugar de defender a la sociedad en su conjunto, los amotinados tomaron partido como actores políticos. En ese marco se sitúa el proceso interno contra quienes fueron identificados como protagonistas en el motín: 26 efectivos, de los cuales 19 ya recibieron resolución sancionatoria por parte del tribunal policial, con baja definitiva. La sanción es por haber cometido faltas disciplinarias graves conforme a la Ley del Régimen Disciplinario. El proceso ha sido lento y por supuesto no incluye a todos los que participaron activamente en el motín. El mensaje es que este hecho no quedará en la impunidad.
Permanecen en agenda dos cuestiones centrales en torno a la Policía Boliviana como institución. La primera es la necesidad de garantizar que nunca más en democracia los policías abandonarán sus funciones para amotinarse, cualquiera sea el motivo. La segunda es que la crisis de la institución verde olivo no parece tener fondo (los escándalos son recurrentes, con elevados niveles de corrupción), por lo cual se requiere una reforma estructural, como en la Justicia, que hasta ahora ni siquiera asoma.