Jeanine sentenciada
Queda en agenda la exigencia de verdad y justicia por las masacres de Sacaba y Senkata.
La sentencia de Jeanine Áñez a 10 años de cárcel por su autoproclamación como presidenta del Estado marca un hito judicial y político sobre la coyuntura crítica de 2019. Hay un claro mensaje sancionatorio por el quiebre del orden constitucional, no solo para los actores políticos, sino también para los altos mandos militares y policiales. La legalidad del juicio está en debate.
Luego de un polémico proceso en el ámbito de la justicia ordinaria, la expresidenta Áñez, juzgada en su condición de exsenadora, fue condenada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes. Así concluyó el caso Golpe de Estado II, que fue el camino expedito al que recurrió el oficialismo ante el bloqueo opositor de un juicio de responsabilidades. La sentencia de 10 años, “infame” para unos, “benigna” para otros, es un parteaguas con mensajes y efectos.
Un efecto inequívoco de la sentencia es sentar el precedente de que cualquier autoproclamación de un gobierno por fuera del marco constitucional y normativo tendrá sanción. No importa si está precedida de movilización ciudadana, reuniones extralegislativas y renuncias. En democracia, la fuente de legitimidad de un gobierno son las urnas. Y en caso de una situación de crisis que implique sucesión presidencial, debe hacerse cumpliendo la Constitución. Es un mensaje para los actores políticos.
El otro efecto, como señal, está dirigido a los altos mandos militares y policiales. Es otro precedente: cualquier acción política o deliberativa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana como instituciones, incumpliendo sus respectivas misiones constitucionales, también tendrá sanción. No puede ocurrir en democracia que la fuerza pública, sea con motines, sea con acciones unilaterales o “sugerencias”, se ponga al servicio de afanes de derrocamiento o de cambios de gobierno por vías no democráticas.
Estamos entonces ante importantes efectos y mensajes para el porvenir democrático en el país. No es poca cosa. Claro que debe considerarse también el debate sobre la legalidad de este juicio ordinario. El caso Golpe de Estado II se concentra en los tres días de noviembre de 2019 que corrieron entre la renuncia del expresidente Evo Morales y la autoproclamación de Áñez en un hemiciclo sin quorum. Hay quienes creen que debió ser objeto de un juicio de responsabilidades. Se observa también el principio del debido proceso.
Aunque prosigue la polarización discursiva, con la sentencia se cierra un capítulo de la coyuntura crítica de 2019. Ya antes se habían cerrado, con sobreseimiento, los 11 juicios por el presunto “fraude” que los acusadores no pudieron demostrar. Queda en agenda la exigencia de verdad y justicia por las masacres de Sacaba y Senkata, que apuntan también a Jeanine Áñez (y su gabinete), ya en ejercicio de la presidencia. Y por supuesto está en mesa la impostergable reforma de una justicia por demás degradada.