La sentencia contra Jeanine Áñez, acusada en su condición de exsenadora (caso Golpe de Estado II), ha renovado el debate sobre el mecanismo para el juzgamiento por su autoproclamación y posterior ejercicio de la presidencia del Estado. ¿Juicio ordinario y/o juicio de responsabilidades? ¿Es viable un juicio de privilegio cuya autorización requiere dos tercios de asambleístas?
Como era previsible, el dictamen de diez años de cárcel recibido por Áñez por obra de un tribunal ordinario, en lugar de cerrar la fisura sobre los hechos de fines del 2019, reavivó la disputa política en un contexto de crisis de la Justicia. Más allá del observado curso que siguió el caso Golpe II, hoy en fase de apelación, está en cuestión el rumbo que tomará la situación de Áñez. ¿Se reactivará el caso Golpe de Estado I? ¿O podrá encaminarse un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa?
Tras la detención de Áñez en marzo del 2021, el Gobierno optó por la Justicia Ordinaria ante la decisión opositora, en especial de Comunidad Ciudadana, de inviabilizar un juicio de responsabilidades. Era el camino a la impunidad. El resultado de esta combinatoria de veto de la minoría y falta de voluntad concertadora de la mayoría es la ausencia de acuerdo, como se vio nítidamente con el fallido proceso para la designación de un nuevo Defensor del Pueblo. La búsqueda de verdad y justicia no admite parálisis.
¿Qué sigue para la expresidenta Áñez más allá de la sentencia recibida? En principio, corresponde su juzgamiento por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como presidenta. La normativa es inequívoca al respecto: al margen del origen de su mandato, Áñez tiene derecho a un juicio de responsabilidades, como bien recordó García-Sayán, relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados. Ya hay, en ese sentido, cuatro proposiciones acusatorias de la Fiscalía.
La pregunta central continúa siendo si los actores políticos tienen voluntad y capacidad para autorizar por mayoría especial un juicio de responsabilidades, solicitado incluso por la propia Áñez. Claro que ahora la oposición condiciona dicho juicio a la anulación del caso Golpe II y su sentencia, lo cual parece bastante improbable. Lo cierto es que más de dos años y medio después de las masacres de Sacaba y Senkata, con las cuales se estrenó la presidencia de Áñez, no hay avances para su juzgamiento.
En ese contexto de persistente polarización política y discursiva, la cuestión sustantiva tiene que ver con la necesidad de saldar cuentas con la coyuntura crítica del 2019 asumiendo un espíritu de justicia y no de venganza. Y hasta ahora los actores en disputa, tanto del oficialismo como de las oposiciones (política, cívica, mediática), están lejos de ello. Un buen primer paso será un acuerdo político, de cara al país, para autorizar un juicio de responsabilidades contra Áñez y su régimen transitorio.