Opinión

miércoles 22 jun 2022 | Actualizado a 00:37

Petro y Francia

Durante el siguiente cuatrienio, la paz ondeará en lo alto, como gran bandera, en la Casa de Nariño.

Por La Razón

/ 22 de junio de 2022 / 00:33

El triunfo electoral en segunda vuelta del binomio del Pacto Histórico: Gustavo Petro y Francia Márquez, es un acontecimiento democrático e histórico en Colombia. Por primera vez una fuerza política de izquierda y progresista asumirá el rumbo de un país marcado por la violencia. El nuevo gobierno genera esperanza y vientos de cambio. Venció la dignidad, ganaron “los nadies”.

El itinerario para la victoria en las urnas de Petro como presidente y Francia como vicepresidenta fue incremental, prolongado, difícil. Fue el tercer intento de Petro, que en las elecciones de 2010 obtuvo menos del 10 por ciento de votos y en los comicios de 2018 llegó a la segunda vuelta donde fue derrotado por el uribismo. Esta vez superó el 40% en la primera vuelta, pero tuvo que enfrentar a un candidato atípico y ramplón que con discurso antipolítica congregó a todas las fuerzas de derecha.

De ese modo un exguerrillero, luego senador y alcalde de Bogotá, asumirá este 7 de agosto la presidencia con un plan progresista en cuyo núcleo están la justicia social, el proceso de paz y la justicia ambiental. Francia Márquez, por su parte, una mujer negra de clase popular, asumirá la vicepresidencia con una amplia agenda de derechos: de las mujeres, de igualdad contra el racismo, de la Naturaleza, del colectivo +LGTBI. Aunque son el binomio más votado en democracia (más de 11 millones de votos), no será fácil.

El inédito giro a la izquierda en Colombia, donde siempre gobernaron las élites de derecha y centroderecha en beneficio propio, tendrá que ser reformista, como lo anunció el propio Petro en su primer mensaje como presidente electo. Ello implica una fuerte apuesta por la unidad en una sociedad dividida. Requiere también mucho esfuerzo de concertación, en especial considerando que el Pacto Histórico es la primera fuerza en el Senado y la segunda en la Cámara de Representantes, pero está lejos de ser mayoritario.

En ese contexto, cabe celebrar que el gobierno de Petro y Francia sea una buena noticia para los acuerdos de paz, que resistieron cuatro años del gobierno de Duque, empeñado en frenarlos o detonarlos. Durante el siguiente cuatrienio, la paz ondeará en lo alto, como gran bandera, en la Casa de Nariño. No es un dato menor en un país donde medio siglo de guerra dejó 220.000 muertos (180.000 de ellos civiles), 25.000 desapariciones forzadas, 27.000 secuestros. Hay que vencer el miedo, el dolor, la venganza.

La otra gran noticia de la victoria del Pacto Histórico en Colombia es que refuerza y fortalece el nuevo impulso progresista en el continente (“el segundo giro a la izquierda”). Ello es fundamental en un contexto adverso que demanda los mejores esfuerzos de integración regional, de soberanía y de dignidad frente al afán hegemónico de Estados Unidos y de sus organismos serviles como la OEA de Almagro. Es una victoria feliz de la democracia y de los demócratas en Colombia y en toda América Latina.

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Justicia y dignidad

Es evidente que el problema de la injusticia estructural no se resolverá ampliando la capacidad de los penales.

Por La Razón

/ 20 de junio de 2022 / 00:25

Días atrás, el Director General de Régimen Penitenciario reconoció que el número de personas en detención preventiva, es decir privadas de libertad pero sin sentencia, subió del 64% en 2021 al 66% en lo que va de 2022, y señaló que el Gobierno considera que se trata de una muestra de “excesiva discrecionalidad” por parte del Órgano Judicial en la aplicación de esa medida legal.

Según la autoridad, dependiente del Ministerio de Gobierno, en el primer cuatrimestre de 2022 la población penitenciaria se incrementó de 18.000 a 21.506 personas privadas de libertad. La preocupación coincide con la reciente divulgación del informe de la visita a Bolivia que hizo meses atrás el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados y que hoy se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza.

En dicho informe, el Relator Especial también llamó la atención sobre la cantidad de personas privadas de libertad sin sentencia, señalando que la detención preventiva debe ser una medida excepcional y que “corresponde al Estado asegurar el derecho de toda persona privada de libertad a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal”, cosa prácticamente imposible en el país si se considera que la población de todos los penales vive en hacinamiento.

Al respecto, el director general afirmó que la excesiva cantidad de detenidos preventivos es una de las principales causas del hacinamiento en los 20 centros penitenciarios del área urbana en los nueve departamentos, en los que se registra una aglomeración que asciende al 188%. La situación es similar en los 26 centros penitenciarios provinciales, antes denominados carceletas, en los que el hacinamiento llega al 169%.

Como una forma de resolver el problema, anunció la autoridad, está previsto que en los siguientes años se construyan nuevos centros penitenciarios, al menos en las ciudades del eje, donde se concentra el 70% de la población penitenciaria. En La Paz está previsto construir nueva infraestructura en los extensos terrenos que el Ministerio de Gobierno tiene en Chonchocoro; en Santa Cruz igualmente se prevé ampliar Palmasola y en Cochabamba se construirá una nueva prisión en la región de Arani.

Estas medidas se complementarán con un nuevo intento por convertir en productivos los centros penitenciarios, permitiendo que las personas privadas de libertad tengan alguna actividad que les permita generar sus propios ingresos, en coordinación y con respaldo del Gobierno.

Sin embargo, es evidente que el problema de la injusticia estructural no se resolverá ampliando la capacidad de los penales, que en el peor de los casos producirá más incremento de los detenidos preventivos, sino desarrollando una nueva política penal, tarea que debe acompañar el tan demorado proceso de reforma judicial. Si el compromiso del Estado con los derechos humanos es sincero, estas tareas no deben seguir siendo postergadas.

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Juicio de privilegio

Áñez tiene derecho a un juicio de responsabilidades, como bien recordó García-Sayán.

Por La Razón

/ 18 de junio de 2022 / 23:59

La sentencia contra Jeanine Áñez, acusada en su condición de exsenadora (caso Golpe de Estado II), ha renovado el debate sobre el mecanismo para el juzgamiento por su autoproclamación y posterior ejercicio de la presidencia del Estado. ¿Juicio ordinario y/o juicio de responsabilidades? ¿Es viable un juicio de privilegio cuya autorización requiere dos tercios de asambleístas?

Como era previsible, el dictamen de diez años de cárcel recibido por Áñez por obra de un tribunal ordinario, en lugar de cerrar la fisura sobre los hechos de fines del 2019, reavivó la disputa política en un contexto de crisis de la Justicia. Más allá del observado curso que siguió el caso Golpe II, hoy en fase de apelación, está en cuestión el rumbo que tomará la situación de Áñez. ¿Se reactivará el caso Golpe de Estado I? ¿O podrá encaminarse un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa?

Tras la detención de Áñez en marzo del 2021, el Gobierno optó por la Justicia Ordinaria ante la decisión opositora, en especial de Comunidad Ciudadana, de inviabilizar un juicio de responsabilidades. Era el camino a la impunidad. El resultado de esta combinatoria de veto de la minoría y falta de voluntad concertadora de la mayoría es la ausencia de acuerdo, como se vio nítidamente con el fallido proceso para la designación de un nuevo Defensor del Pueblo. La búsqueda de verdad y justicia no admite parálisis.

¿Qué sigue para la expresidenta Áñez más allá de la sentencia recibida? En principio, corresponde su juzgamiento por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como presidenta. La normativa es inequívoca al respecto: al margen del origen de su mandato, Áñez tiene derecho a un juicio de responsabilidades, como bien recordó García-Sayán, relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados. Ya hay, en ese sentido, cuatro proposiciones acusatorias de la Fiscalía.

La pregunta central continúa siendo si los actores políticos tienen voluntad y capacidad para autorizar por mayoría especial un juicio de responsabilidades, solicitado incluso por la propia Áñez. Claro que ahora la oposición condiciona dicho juicio a la anulación del caso Golpe II y su sentencia, lo cual parece bastante improbable. Lo cierto es que más de dos años y medio después de las masacres de Sacaba y Senkata, con las cuales se estrenó la presidencia de Áñez, no hay avances para su juzgamiento.

En ese contexto de persistente polarización política y discursiva, la cuestión sustantiva tiene que ver con la necesidad de saldar cuentas con la coyuntura crítica del 2019 asumiendo un espíritu de justicia y no de venganza. Y hasta ahora los actores en disputa, tanto del oficialismo como de las oposiciones (política, cívica, mediática), están lejos de ello. Un buen primer paso será un acuerdo político, de cara al país, para autorizar un juicio de responsabilidades contra Áñez y su régimen transitorio. 

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Censo e inversión pública

Es evidente la importancia política que tiene y tendrá la realización del Censo de Población y Vivienda.

Por La Razón

/ 18 de junio de 2022 / 02:09

El nombramiento de un nuevo Ministro de Planificación del Desarrollo no es un cambio menor en el esquema de gobierno del presidente Luis Arce. La nueva autoridad tendrá a su cargo dos aspectos críticos de la gestión gubernamental: la realización del nuevo Censo y la dinamización de la inversión pública para mantener el crecimiento de la economía.

Se sabe que la inversión pública es uno de los pilares del modelo económico del oficialismo. Dimensión aún más importante en una coyuntura en la que se debe hacer frente al riesgo de una desaceleración del crecimiento de la economía y en la que hay que diversificar las fuentes de financiamiento para esas inversiones.

Por otra parte, es evidente la importancia política que tiene y tendrá la realización del Censo de Población y Vivienda, a cargo de esa cartera del Estado, no tanto por su valiosa contribución al conocimiento de la realidad social y demográfica del país, sino por sus implicaciones en la distribución de recursos a municipios y departamentos o en la redefinición de la distribución territorial del número de representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aspectos siempre conflictivos y cargados de intereses partidarios y sectoriales.

El nombramiento de Sergio Cusicanqui, un economista que trabajó junto al primer mandatario cuando éste se desempeñaba como ministro de Economía, es una señal de la relevancia que el Presidente le asigna a este ministerio en los desafíos futuros del Gobierno.

Los retos de la nueva autoridad son grandes. El Censo será seguramente una de sus preocupaciones urgentes, los tiempos son extremadamente justos, el operativo es complejo y no habrá mucha indulgencia de los políticos, las autoridades regionales y la opinión pública ante cualquier tropiezo o error en ese proceso, aunque sean involuntarios. Habrá que desplegar, entre otras cosas, una gran sensibilidad política, transparencia y capacidad de comunicación en la tarea.

Más allá de esta problemática, la gestión de la inversión pública no es un tema secundario en este momento: se trata del gran instrumento del Estado para seguir impulsando la actividad económica y requiere, por tanto, mayor agilidad y eficiencia en su ejecución a corto, mediano y largo plazo.

Adicionalmente, conociendo las restricciones que tienen hoy las finanzas públicas por la evolución compleja del escenario económico y las limitaciones de los recursos propios para atender todas las necesidades, el nuevo ministro tendrá también que ampliar las fuentes de financiamiento externo mediante una relación mucho más fluida e innovadora con bancos multilaterales y otras entidades que puedan colaborar con recursos frescos al país. Grandes desafíos para la nueva autoridad.

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Conciliación y justicia

El año pasado, los montos recuperados y/o en compromisos de pago llegaron a Bs 20,7 millones.

Por La Razón

/ 17 de junio de 2022 / 00:52

En Bolivia, miles de juicios por asuntos menores (deudas más o menos pequeñas, asistencia familiar impaga y otros) atiborran los juzgados de materia penal, civil y familiar, incrementando la carga procesal en un sistema ya saturado de casos. La alternativa se llama conciliación y arbitraje y, aunque no es un mecanismo nuevo, recién ha comenzado a cobrar la importancia que merece.

Se trata de un mecanismo que, según explica el Viceministro de Justicia, puede resolver desde la devolución de una garrafa de gas hasta de miles de dólares, en conciliaciones extrajudiciales gratuitas y sin necesidad de llegar a juicios. Este mecanismo está enmarcado en la Ley de Conciliación y Arbitraje promulgada en 2015. En Bolivia hay 43 centros de conciliación y ocho de arbitraje, repartidos en los nueve departamentos.

Gran parte de las oficinas dependen del Ministerio de Justicia y se encuentran dispersas en diferentes lugares, además de las ciudades capitales, como por ejemplo Chulumani, Challapata, Tupiza, Ivirgarzama, Shinaota, Riberalta, Muyupampa y Villamontes. De todas ellas, el 55% son públicas; el 37%, privadas; y el 5% dependen de las universidades, a través de sus respectivas facultades de Derecho.

El trámite se inicia cuando una persona interesada va a alguno de los centros de conciliación y expone su caso; se emite una “invitación” a la otra parte para que acuda al centro en procura de un pacto. De aceptarse la invitación, se realizan las audiencias necesarias en busca de un convenio y la firma de un acta que, por ejemplo, fija plazos y fechas de devolución de préstamos u otro tipo de deudas, incluyendo las de asistencia familiar. Una vez acordadas, las actas de conciliación son homologadas en juzgados del área familiar. Cuando no hay acuerdo, la conciliación no queda cerrada para un nuevo intento en el futuro y se elabora un acta.

Los datos del año pasado dan cuenta que los montos recuperados y/o en compromisos de pago llegaron a Bs 20,7 millones, mientras que en solo cinco meses de lo que va de 2022 la suma ya supera los Bs 11,9 millones. Según el Viceministro de Justicia, las cifras muestran la importancia de este programa dependiente de los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu) y puso como ejemplo que hasta mayo de 2022 las cifras de conciliación representan 315 acuerdos, es decir, el 20,24% de las 1.556 solicitudes presentadas.

Está previsto que en el marco de la todavía pendiente reforma judicial se incorpore el mecanismo de la Justicia de Paz, que será una nueva instancia de resolución de conflictos, y en todos los casos significará un avance no solo para descongestionar juzgados, sino sobre todo para que la población aprenda a resolver sus conflictos sin necesidad de acudir a abogados y mucho menos a jueces. Es, pues, más que deseable que estos mecanismos se multipliquen, junto con la sensación de que es posible hallar justicia sin necesidad de llegar a un juzgado, donde es probable que todo se complique.

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La OEA de Almagro

Es evidente que hoy la OEA es factor de división y no representa al conjunto de las Américas.

Por La Razón

/ 15 de junio de 2022 / 02:22

Uno de los temas polémicos en la reciente Cumbre de las Américas fue el lugar que ocupa hoy la OEA en el hemisferio. Varias voces cuestionan su vigencia y plantean una profunda reestructuración o alternativas de integración. Se critica en especial el desempeño del secretario general, Luis Almagro, que convirtió al organismo en instrumento al servicio de Estados Unidos y sus intereses.

Como ha sido dicho, la IX Cumbre de una parte de las Américas, realizada la semana pasada en Los Ángeles, fue un encuentro fallido. No solo por las exclusiones y ausencias, sino también por las opacas conclusiones adoptadas en un contexto donde el país anfitrión está lejos de tener liderazgo y tampoco puede imponer unilateralmente sus mandatos. En ese marco se sitúan los renovados cuestionamientos a la OEA y su actual dirección: más que favorecer el diálogo y la integración, en realidad los obstaculizan.

La voz autorizada y representativa al respecto la tuvo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en su condición de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Su posición sobre la OEA fue muy clara: “Si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, (la OEA) debe ser reestructurada”. Pero hay una condición ineludible: remover “de inmediato” a quienes la conducen, esto es, echar a Almagro y los suyos.

El mensaje de Fernández se enmarca en la necesidad de favorecer intereses comunes de todos, sin exclusiones ni embargos, en el horizonte de “una reconstrucción creativa del multilateralismo”. En el mismo sentido se pronunció el canciller de México, Marcelo Ebrard, en representación del ausente presidente López Obrador: “Es evidente que la OEA y su forma de actuar están agotados”. E hizo una convocatoria para refundar el organismo con apego a los principios de no intervención y de beneficio mutuo.

Quizás la expresión más dura contra la OEA fue la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también ausente en la Cumbre: “Queda claro que el Ministerio de Colonias de Washington, también conocido como la OEA, ya no tiene ninguna razón de ser”. Ni hablemos de los cuestionamientos que recibieron el organismo y su secretario general por parte de los tres países excluidos de la Cumbre: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es evidente que hoy la OEA es factor de división y no representa al conjunto de las Américas.

Mención especial tuvo en la Cumbre el papel de la OEA en la crisis de 2019 en Bolivia. El presidente Fernández fue contundente: “Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia”. El Canciller mexicano, en tanto, cuestionó ese “vergonzoso papel”. Y el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, remató: “En nuestra dolorosa experiencia, la OEA participó en el golpe que consolidó un gobierno de facto”. Urge debatir en la región sobre el futuro de la OEA y de Almagro.

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