¿Nuevo interinato?
Tales señales devalúan a la Asamblea Legislativa y a las fuerzas políticas allí representadas.
La aprobación del reglamento y la convocatoria pública para la designación del próximo Contralor General del Estado podría terminar en un nuevo interinato por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Está fresca la fallida experiencia de la designación del Defensor del Pueblo. Tales señales devalúan a la Asamblea Legislativa y a las fuerzas políticas allí representadas.
Hace unos días, la bancada mayoritaria del MAS-IPSP aprobó la normativa requerida para encaminar la designación de la persona que sustituirá al actual Contralor, cuyo mandato concluye el 1 de julio. Esta vez ni siquiera se logró concertar el reglamento. Así, el proceso arrancó con cuestionamientos de uno y otro lado. El oficialismo acusa a la oposición de “posturas falsas para trabar el proceso”; ésta, a su vez, acusa a aquél de imponer un reglamento para “elegir una autoridad afín al Gobierno”.
La tenaz incapacidad de construir acuerdos mínimos de procedimiento anticipa un proceso de designación con disputa política en todas sus etapas. Y es probable, al final del camino, que se repita el espectáculo que vimos en el caso del Defensor del Pueblo: ningún postulante seleccionado por la comisión legislativa, más allá de sus antecedentes y méritos, obtendrá dos tercios de votos de los asambleístas presentes. La mayoría no podrá imponerse y habrá bloqueo de la minoría, con parálisis como resultado.
Ya sabemos lo que implica esta actitud de trinchera en lugar de una lógica de concertación, esperable en democracia. El veto opositor, que impidió alcanzar la mayoría especial requerida, nos regaló otros buenos meses o años de interinato de la actual Defensora interina del Pueblo. Y encima, con candidez, lo exhiben como “victoria política”: el MAS-IPSP no logró elegir al postulante que quería, ergo, Cruz sigue como defensora. Vaya castigo para el oficialismo con victoria pírrica de la oposición.
¿Nos encaminamos al mismo escenario en la designación en curso del Contralor General del Estado? ¿El resultado, otra vez, será la parálisis decisoria por falta de voluntad política para construir un acuerdo razonable que sustituya el deseo maximalista? ¿Podemos prever que tendremos un nuevo interinato de una autoridad que debiera ser designada por la Asamblea Legislativa? En este caso el oficialismo ya tiene la salida: una sentencia constitucional habilita al Presidente del Estado a designar el interinato.
Más allá del costo que implica para la institucionalidad democrática la prolongación de interinatos de autoridades estratégicas en entidades del Estado, la falta de acuerdos políticos debilita a los propios actores políticos hoy representados en la Asamblea. Las disputas sin fin y la persistente polarización tienen límites y generan hartazgo en la ciudadanía. Ojalá el oficialismo y la oposición tengan la capacidad y la disponibilidad mínimas para construir puentes de diálogo y superar su ensimismamiento.