Ayer ha terminado oficialmente el mandato del Contralor General del Estado, posesionado el 1 de julio de 2006. Hasta ayer era poco claro el procedimiento necesario para evitar la acefalía en la institución encargada de la función de control en el Estado y es poco probable que se logren acuerdos rápidos para resolver este vacío jurídico, así como para reemplazar al Contralor saliente.
No hay aquí ninguna novedad: oficialismo y oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) han tomado posiciones desde el inicio de la gestión y no muestran intención alguna de moverlas. El resultado: un permanente empantanamiento en casi todas las tareas propias de este órgano del Estado y un creciente descrédito de las organizaciones políticas y sus representantes en las cámaras de Diputados y Senadores.
Luego del ostensible fracaso en la designación de la persona que debe dirigir la Defensoría del Pueblo (en parte por falta de capacidad de negociación, en parte por deliberada intención de restar legitimidad a esa institución), la bancada oficialista, y mayoritaria, aprobó hace más de una semana, sin mayor debate, el reglamento para la elección de titular para la Contraloría. Previsiblemente, la oposición ha condenado el procedimiento.
El reglamento establece que las y los postulantes pueden presentar sus documentos desde el pasado viernes hasta el 8 de julio y que la última fase del proceso de selección culminará el 20 de agosto; luego, días después, la Comisión Mixta de Planificación, Política Económica y Finanzas, responsable de la calificación de las y los postulantes, entregará un informe señalando a las tres personas mejor calificadas, y el pleno de la Asamblea deberá elegir a la autoridad por dos tercios de votos.
En entrevista con LA RAZÓN, el Contralor saliente remarcó, por una parte, que en aplicación de lo dispuesto por la Constitución, no le corresponde quedarse ni un día más luego de terminado su mandato, a diferencia de lo establecido para el Defensor del Pueblo u otras autoridades, que deben permanecer hasta la designación del sucesor. Por otra, garantizó la independencia de la Contraloría afirmando que la estructura de la institución impide la injerencia externa e interna en los casos que se investigan.
No queda claro, sin embargo, cómo se evita la acefalía o cómo se designa a una autoridad interina y mucho menos qué pasará con los casos que están siendo auditados: si no hay quién ponga la firma en los informes, ¿qué pasará con las conclusiones y recomendaciones?
Es posible imaginar que la oposición aprovechará este estado de cosas para reafirmar su crítica a la gestión gubernamental a tiempo de hacerla inviable, mientras que el oficialismo ensayará sus habituales estrategias retóricas, que inflaman ánimos, pero no resuelven conflictos. Mientras tanto, la institucionalidad del Estado seguirá viéndose afectada por la incapacidad de unos y otros para hacer política constructiva, imprescindible para mejorar y transformar el Estado y el país entero.