La decisión del Ministerio Público de retomar el caso Golpe de Estado I, por otros delitos penales, ha ampliado las indagaciones más allá de la expresidenta Áñez y los altos mandos militares y policiales. Ahora se plantea investigar la participación de quienes trazaron y operaron el llamado “Plan B” de autoproclamación presidencial. El hecho aviva la tensión política en el país.
Luego de casi un año de proceso en la Justicia Ordinaria en el caso Golpe de Estado II, que concluyó con una sentencia de 10 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez —juzgada en su condición de senadora en noviembre de 2019—, la Fiscalía reactivó el caso Golpe de Estado I, que estaba en suspenso. A diferencia del juicio por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, esta vez la denuncia tiene que ver con delitos más graves como terrorismo y conspiración.
¿Qué implica avanzar en el caso Golpe I? La primera consecuencia es ampliar el rango de personas convocadas a declarar, sea como denunciados, sea como testigos. Así, de forma inmediata se activaron las declaraciones de quienes participaron en las reuniones de la Universidad Católica, entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, cuyo resultado fue la autoproclamación inconstitucional de Áñez. Entre ellos están actores políticos como Mesa, Quiroga y Doria Medina, además de otros operadores de segunda línea.
Una gran interrogante en torno a este proceso, que la oposición califica como persecución política por un “falso golpe”, es hasta dónde está dispuesto a llegar el oficialismo. ¿Los ahora convocados a declarar como testigos serán luego imputados? ¿Qué implicaría ello para la disputa y la polarización en el país? ¿Y para el pluralismo político, toda vez que casi todos los líderes opositores estarían enjuiciados? Es una decisión crítica en un escenario que mantiene abiertas las heridas de 2019.
En este contexto de juicios recargados, otra cuestión relevante tiene que ver con el curso que seguirán los juicios contra Áñez por supuestos delitos en el ejercicio de sus funciones como presidenta. Aquí el camino señalado por la Constitución y la ley es inequívoco y no admite “interpretaciones”: juicio de responsabilidades autorizado por la Asamblea Legislativa. Claro que hay voces oficialistas que quieren un nuevo juicio ordinario, esta vez por las masacres de Sacaba y Senkata. Sería insostenible.
La nota de color en este ambiente sombrío de procesos penales la dio el excandidato de Comunidad Ciudadana, dos veces derrotado en las urnas, al anunciar un juicio contra el expresidente Morales por “incumplimiento de deberes y dejar vacante el cargo” con su renuncia. No deja de ser paradójico toda vez que Mesa exigió dicha renuncia y salió a festejarla. Lo más dramático es que estos juicios de ida y vuelta se producen ante un sistema de administración de justicia en situación de crisis terminal.