Con cada día que pasa, el Censo Nacional de Población y Vivienda se aproxima más, y los problemas que hasta hace unas semanas eran amenazas comienzan a materializarse. Esto es previsible, pues de los resultados del conteo de habitantes y sus condiciones de vida depende la distribución política y económica del país, y es mucho lo que está en juego para los gobiernos subnacionales.
Uno de tantos conflictos que ya es parte del debate público, incluso si en los hechos no está en manos del Instituto Nacional de Estadística (INE) resolver, es el de límites entre jurisdicciones municipales; la cartografía que se elabora con miras a distribuir el recurso humano que levantará los datos de todas las viviendas y hogares es en muchos casos la única evidencia material de cómo se separan municipios que son concomitantes.
El departamento de La Paz es uno de los que tiene más problemas de límites sin resolver. El problema remite no solo a la ambición de controlar más territorio por el valor comercial de los terrenos o por la cantidad de personas, base de distribución de los ingresos mediante coparticipación tributaria, sino en una deuda pendiente del proceso de municipalización en la década de 1990, en el inicio de la Participación Popular.
Parte del esfuerzo por construir una nueva institucionalidad estatal, el primer paso para tener gobiernos locales autónomos (prácticamente solo en el papel hasta la aprobación de la Constitución Política del Estado en 2009) pasaba por delimitar mediante ley cada uno de los recién creados municipios. El intento no prosperó en parte debido a la imposibilidad de lograr acuerdos entre los nuevos municipios.
El ejemplo más notable es el conflicto entre el municipio sede de gobierno, La Paz, y su vecino Palca, que reclama para su jurisdicción casi todo el Macrodistrito Sur; es decir, casi un tercio de la mancha urbana paceña. El Gobierno Municipal de La Paz está en alerta desde hace semanas y pide reiteradamente una nueva cartografía, pues teme perder cientos de manzanos con la consiguiente disminución de población y territorio en el conteo censal.
En la Gobernación de La Paz, la Unidad de Límites Políticos y Administrativos Municipales tiene noticia de todos los conflictos, así como de los procedimientos necesarios para resolverlos, que en el papel son razonables y hasta expeditos, pero en la realidad ya se han demostrado inviables; súmese la falta de voluntad política evidente desde hace al menos dos décadas para encontrar consenso o imponer una solución legal.
Es poco probable que los conflictos por límites se resuelvan en los próximos meses, y el resultado de esta indefinición servirá, en el mejor de los casos, para que las oposiciones pongan en cuestión todo o partes del Censo. El problema, sin embargo, quedará irresuelto y los conflictos se repetirán una y otra vez. Es, pues, deseable que la preocupación por delimitar el municipio sea más estratégica y menos motivada por la sola urgencia de recaudar más.