La cineasta y creadora boliviana Verónica Córdova elaboró un muy valioso ensayo audiovisual con su mirada e interpretación sobre la coyuntura crítica de 2019 en el país. En esa creación —como ella señala— contó con generosos apoyos, siempre necesarios en el ámbito artístico e intelectual. Pero también tropezó con mezquindades, como la del gobierno municipal de La Paz.
Noviembre rojo es el título de la serie producida por Córdova, que cuenta con 10 capítulos y actualmente se difunde los domingos en dos canales de televisión y diferentes plataformas en internet. En este ensayo audiovisual la autora hace un repaso de los hechos de 2019. Para ello realizó más de 60 entrevistas con opiniones y testimonios, así como un amplio y cuidadoso trabajo de revisión de documentos y archivos hemerográficos, audiovisuales y fotográficos. Es un trabajo de largo aliento.
En medio de una persistente polarización sobre la crisis de 2019, que para unos fue “fraude” y para otros, “golpe de Estado” (o ambas cosas, o ninguna), nada mejor para la conversación pública que contribuir con análisis documentado al respecto. Eso es precisamente lo que hace Verónica con su serie audiovisual. Y se agradece. Uno puede o no compartir su punto de vista, pero se trata de un aporte sustantivo al debate. Solo quienes buscan imponer “su verdad” le temen al debate. Y a la exigencia de justicia.
Un caso deplorable de quienes pretenden anular la deliberación democrática es el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana. Como si fuese comisario de un régimen autoritario, “descubrió” que, en los créditos de la serie, entre otros varios agradecimientos que muestran la generosidad hacia y de la autora, figura la Secretaría Municipal de Culturas. Al opositor no se le ocurrió nada mejor que mandarse un tuit denunciando al alcalde Arias y a la Alcaldía de “ser parte de la serie documental”.
Lo peor no fue lo que hizo el diputado, incapaz de alentar el diálogo plural o al menos informarse, sino la reacción inmediata del gobierno municipal paceño. En lugar de asumir que su “participación” en la serie fue haber facilitado el archivo fotográfico de la familia Cordero, que es un patrimonio de la ciudad, sacó un comunicado aclarando que Noviembre rojo no contó con el apoyo de la Alcaldía. El propio Arias difundió el “deslinde”. Más que mezquindad, es un acto francamente miserable.
Hace poco, Impuestos Nacionales respondió con una carta de amenaza — más bien dejada sin efecto rápidamente— a un tiktoker que criticaba el servicio. Todos por supuesto salimos a defender el derecho a la libertad de expresión del humorista. En el caso de la cineasta Córdova, un diputado y la Alcaldía paceña ejercieron una forma de censura sobre una creación audiovisual solo porque no comparten el enfoque. El efecto es que se promueve la confrontación. Así no son posibles el debate ni, menos, la paz.