Callar y desdecirse
Es evidente que la disputa de relatos sobre la crisis del 2019 está lejos de disiparse.
El desfile de dirigentes opositores ante la Fiscalía, convocados a declarar como testigos en el marco del caso Golpe de Estado I, está reafirmando los ya conocidos relatos sobre la crisis de noviembre del 2019. La única variación es que ahora los declarantes guardan silencio o niegan cualquier intervención en los hechos que derivaron en la autoproclamación presidencial de Áñez.
A diferencia del caso Golpe II, que ya cuenta con sentencia y se concentró en Áñez y los altos mandos militares y policiales, el caso Golpe I está indagando el papel de un grupo de políticos que los días 10 al 12 de noviembre del 2019 trazaron y operaron por fuera de la Asamblea Legislativa el llamado “Plan B”, esto es, la proclamación ipso facto e inconstitucional de una senadora de la minoría opositora como presidenta del Estado. Los delitos de la acusación, por ello, son conspiración y terrorismo.
Son conocidas las reuniones en la Universidad Católica tras la dimisión de Morales y García Linera el 10 de noviembre. El encuentro decisivo fue ese mismo día, pocas horas después de las renuncias. En esa reunión, patrocinada por la Conferencia Episcopal y cuatro diplomáticos, algunos actores de la oposición (comités cívicos, Conade, Comunidad Ciudadana), sin presencia del MAS, establecieron el plan Áñez, a quien incluso llamaron para preguntarle “su disponibilidad para asumir la presidencia del Estado”.
Los días 11 y 12 de noviembre hubo otras dos reuniones, en las que se integraron cuatro jefes políticos: Mesa, Quiroga, Doria Medina y Ortiz. Estuvieron también representantes mujeres del MAS (Salvatierra y Rivero, ambas en la línea de sucesión constitucional a la presidencia). Para entonces la fuerza pública ya había tomado el mando en un difícil contexto de violencia e incertidumbre. Y estaba en marcha el operativo requerido para ejecutar el Plan B, siempre con el acompañamiento de obispos y embajadores.
El caso Golpe de Estado I tiene que ver con esos días y tales reuniones. Y sobre ello se está convocando a declarar en el Ministerio Público a los actores políticos que tuvieron participación. La tónica de las respuestas ha sido la misma: algunos optan por el silencio o la repetición de frases reafirmando que no hubo golpe de Estado; y otros más locuaces, como Quiroga, se desdicen de sus anteriores declaraciones, presentando como descargo chats que no avalan para nada la predefinida autoproclamación de Áñez.
Más allá del curso que sigan las indagaciones en la Justicia Ordinaria (se espera la pronta declaración de los Camacho), es evidente que la disputa de relatos sobre la crisis del 2019 está lejos de disiparse. Las sentencias no cierran heridas. Y continúa incierto el rumbo del enjuiciamiento de la expresidenta Áñez y los suyos por las masacres de Sacaba y Senkata. Ninguna reconciliación o entendimiento serán posibles si no se logra garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.