Con el título Justicia, la reforma impostergable, la semana pasada se realizó en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional un encuentro de alto nivel sobre esta cuestión, hoy en el centro del debate político. El evento inauguró una serie de diálogos plurales para avanzar en la transformación de la Justicia en el país. Hay tanto coincidencias como discrepancias.
Asumiendo la premisa de que el sistema de administración de justicia está en crisis, y de que tal crisis es estructural y de larga data, el gran desafío es identificar bien las causas profundas de esta situación y, por supuesto, las acciones requeridas para su reforma. Sobre el diagnóstico parece haber amplia coincidencia, reafirmada de manera inequívoca en el informe del relator especial sobre la independencia judicial, Diego García-Sayán: una justicia demasiado cercana al poder y muy lejos de la gente.
Si hay acuerdo entonces en la situación crítica de un sistema judicial en el que muy pocos confían, y por tanto en la urgente necesidad de su reforma, la interrogante principal radica en el rumbo a seguir. Aquí hay visiones distintas, como se evidenció en el mencionado encuentro en la Vicepresidencia organizado con el acompañamiento de Naciones Unidas y la Fundación Friedrich Ebert (FES). Una de las principales divergencias tiene que ver con la forma de elección de las altas autoridades judiciales.
Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, que desde su posesión viene ensayando diferentes propuestas de reforma, confesó que en el debate interno del oficialismo se reafirmó la modalidad de votación popular establecida en la Constitución Política del Estado. Apeló para ello al principio de soberanía popular que no solo aprobó dicha Constitución con el 61% de los votos, sino también se expresa en las urnas en las elecciones judiciales, previamente filtradas por la Asamblea Legislativa.
La otra visión proviene del grupo de juristas “independientes” (en rigor la mayoría de ellos habita el campo de la oposición), que con muy buena voluntad están impulsando una propuesta de reforma que pasa por modificar la Constitución, para lo cual se requiere un referéndum que sería convocado por iniciativa ciudadana. Plantean que la preselección de ternas de las altas autoridades judiciales esté a cargo de una Comisión de Postulaciones, se elija en la Asamblea y se vaya a consulta ratificatoria.
Del conjunto de aspectos estructurales que implican la reforma judicial, el debate parece concentrarse en si el próximo año se realizará o no una nueva elección popular, o si más bien habrá un referéndum constitucional. Cierto que la Constitución no está escrita en piedra, como bien dijo en el evento el expresidente Rodríguez Veltzé. Pero habrá que discutir si la solución pasa necesariamente por ahí. La buena noticia es que al menos se están generando estos diálogos para la reforma impostergable.