La decisión adoptada el martes en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA), postergar la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda por casi dos años hasta alguna fecha desconocida de 2024, ha causado sorpresa generalizada, pues las autoridades a cargo afirmaron varias veces que todo estaba listo para noviembre, y en Santa Cruz un remezón político todavía en curso.
Es posible que al convocarse al CNA pocos de sus miembros hubiesen imaginado siquiera que el resultado de la cita sería la postergación del Censo, que sin embargo era el tema central en el orden del día; lo que no era difícil de imaginar es que, dada la supuesta importancia que tiene el conteo de habitantes para el departamento de Santa Cruz, su gobernador no debía faltar a la cita.
Hasta donde se sabe, el gobernador cruceño fue notificado el 30 de junio sobre la reunión de la instancia superior del modelo autonómico boliviano, pero anunció que declinaba participar de ella el mismo día de su realización, es decir el martes por la mañana, empleando, además, argumentos que ni su gente halló aceptables. Autoridades del Gobierno nacional insistieron una y otra vez que fue el único ausente en la reunión en la que se determinó, por consenso, que la fecha del Censo debía moverse.
La reacción fue la previsible: una marcada indignación de parte de la “institucionalidad cruceña”, como los medios de comunicación en la capital del departamento suelen llamar a un conjunto de instituciones privadas no necesariamente representativas de toda la población, además de la gobernación y la universidad pública, que publicó un comunicado con cinco conclusiones.
La primera señala que no hay justificativos técnicos ni jurídicos para que el proceso se postergue hasta 2024 y añade la necesidad de procesos penales a las autoridades políticas y técnicas que dirigen el Censo. La segunda, que el CNA no tenía competencia para la decisión adoptada. Tercera, instruyen a la bancada parlamentaria cruceña hacerse cargo de los procesos penales solicitados. Cuarta, decidieron para hoy una cumbre departamental de emergencia “por un censo oportuno y transparente”.
La quinta conclusión, tal vez la más atendible, propone que el presupuesto del Estado para 2023 se elabore en el marco de las proyecciones intercensales oficiales “generando mecanismos de compensaciones, sobre la base de proyectos de desarrollo, para aquellos municipios que por pérdida poblacional están en riesgo de perder recursos”.
La mala actitud del gobernador, sumada a una “institucionalidad” que vive de espaldas al resto del país (e incluso de la propia población cruceña), ha afectado la consecución de sus propios objetivos, confirmando de paso que carecen de habilidad política más allá de las movilizaciones callejeras y las amenazas antidemocráticas. La postergación del Censo no necesariamente es una buena noticia, mucho menos lo es que el departamento más importante del país carezca de autoridades capaces de y dispuestas a hacer gestión.